El TC busca tumbar la carga política y rebajar los ERE a intrusos y ayudas gastadas en coca

La revisión del caso de los ERE fraudulentos que se atisba en las ponencias de Inmaculada Montalbán va camino de crear un nuevo relato jurídico sobre un caso de corrupción que fue un antes y un después en la política andaluza. Montalbán, vicepresidenta del tribunal de garantías, se encarga de los 12 recursos de amparo planteados por sendos exaltos cargos socialistas en la Junta. Con la admisión parcial de la petición de Magdalena Álvarez y la revisión de su condena por prevaricación ya dio una pista. Ahora las ponencias de otros dos altos cargos, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández, avanzan en la misma idea respecto al delito de malversación. Si salen adelante las tesis de Montalbán, la pieza política del caso ERE quedará limitada a un porcentaje muy pequeño de lo inicialmente enjuiciado.

Los recursos que ahora está abordando el Constitucional corresponden a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de noviembre de 2019, confirmada casi tres años después por el Tribunal Supremo. A esta causa se la conoce como "el procedimiento específico", es decir, que juzga la legalidad del sistema de reparto de ayudas declarado fraudulento por las dos instancias judiciales que desembocó en el reparto de 680 millones de euros entre 2000 y 2009. La jueza María Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya, decidió en 2015 desgajar la investigación de la pieza política de las casi 200 subvenciones concedidas en esos años. Y por esos asuntos no están imputados casi ninguno de los altos cargos y cuyos casos ahora están siendo revisados.

Es ahí donde se pondrá el foco si salen adelante las tesis que maneja el TC, en las ayudas concedidas a personas que no trabajaron en las empresas que recibieron las ayudas ―los "intrusos"― o en casos de fraude ya enjuiciados como el del conocido "chófer de la coca". Juan Francisco Trujillo era el conductor de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo fallecido en 2020 y considerado el cabecilla de la trama. Trujillo confesó durante la instrucción que parte del dinero que recibió -1,3 millones de euros en subvenciones a 3 empresas- lo dedicaba a irse de copas con Guerrero o a la compra de estupefacientes. Por ese motivo la Audiencia de Sevilla lo condenó recientemente a 4 años de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.

Al desgajar el caso, la pieza política no entró a juzgar la legalidad de las ayudas. Y eso es lo que ahora puede descapitalizar un caso que propició la salida del PSOE de la Junta. Para eso hará falta tiempo. Todavía no se puede enumerar el número de intrusos que se colaron en las prejubilaciones financiadas con el dinero de los ERE, aunque se estima que son unos 100. Hay que tener en cuenta que a fecha de hoy todavía se están pagando las ayudas derivadas de este modelo, ya que las últimas dejarán de abonarse en diciembre de 2025. Para entonces, el Ejecutivo de Juanma Moreno habrá abonado unos 60 millones para estos trabajadores prejubilados desde la llegada del barón popular a San Telmo, en enero de 2019.

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C. Rocha B. Parera

A este argumento se ha agarrado siempre el PSOE para defender una tesis que ahora se abre paso en el relato jurídico de los ERE ante la revisión que está planteando el Tribunal Constitucional. "Si las ayudas fueran ilegales, no se seguirían pagando", dice la letanía de los socialistas. Es ahí hacia donde se encamina el tribunal de garantías, que parece haber asumido la frase que José Antonio Griñán dijo durante el juicio para rechazar que la elaboración del presupuesto no puede derivar en un delito. "El crédito nunca delinque", dijo el expresidente y exconsejero de Hacienda, en un adelanto de las posiciones que ahora defiende el Constitucional. "Los proyectos y anteproyectos de ley, en cuanto meras propuestas normativas, no pueden ser objeto de control jurídico", dice la sentencia sobre Magdalena Álvarez, que abunda aún más al afirmar que "no puede ser ilegal un proyecto de ley idéntico al aprobado por el Parlamento".

Esa es la clave de bóveda de las reducciones de condena e incluso anulaciones totales que se atisban en el horizonte. En el caso de Magdalena Álvarez, la Audiencia de Sevilla tendrá que emitir una nueva sentencia por las modificaciones presupuestarias realizadas antes de la creación de la partida 3.1.L, de la que salían las ayudas. Carmen Martínez Aguayo, según figura en la ponencia, podría quedar eximida del delito de malversación, por lo que el tribunal sevillano tendría que valorar la posible prevaricación por una modificación presupuestaria ajena a dicha partida. Es llamativo el caso de Antonio Fernández, consejero de Empleo, a quien la propia Martínez Aguayo señaló por sus responsabilidades políticas en el estallido del caso en una recordada rueda de prensa.

El modelo de reparto de ayudas de los ERE se ideó en la Consejería de Empleo, pero la ponencia del TC también prevé que Fernández vea revisada su pena por malversación, pero solo por los siguientes hechos: las modificaciones presupuestarias en materia de ayudas previas a la creación de la partida 3.1.L y el sistema de transferencias de financiación y la disposición de fondos, ya con el modelo implantado, "en ausencia o con desviación de su fin público". Esto se refiere al dinero que no iba destinado al pago de las prejubilaciones, a ayudas sociolaborales. Pero, como se ha explicado antes, en la pieza política apenas se aborda esta situación, por lo que será la Audiencia de Sevilla la que tendrá que decidir cómo aborda esta tarea después del varapalo que ha recibido desde el Constitucional.

La frase de Griñán ―"el crédito nunca delinque"― era también una forma de contraponer lo que se hacía en Hacienda en relación con la consejería de Empleo, donde se ejecutaban las ayudas. Pero la revisión del TC no abordará con profundidad si el gasto de esas ayudas, la elección individual de cada empresa o los posibles fraudes que hubiera. Con esta postura del tribunal de garantías queda desactivada la teoría de la instructora Mercedes Alaya, que consideraba el caso ERE una pirámide en cuya "cúspide" estaban Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Y las consecuencias políticas de esta revisión están por ver, pero ya empiezan a notarse.

"Sánchez está usando el TC para intentar sacar adelante los indultos a los condenados de los ERE que no se ha atrevido a firmar de su puño y letra", ha publicado en X el dirigente andaluz del PP, Elías Bendodo. En el otro lado, los socialistas aseguran, como ha dicho la propia Álvarez, que todo se trató de un "montaje" para sacar al PSOE de la Junta y hay quien incluso ha pedido a los populares que "pidan perdón".