Las protestas contra la 'turistificación' sacuden a las administraciones en plena temporada alta

"Houston, tenemos un problema". Es lo que debieron pensar el sábado en las distintas administraciones cuando comprobaron la magnitud de las manifestaciones de Málaga y Cádiz contra la turistificación y los problemas de acceso a la vivienda. Dos protestas multitudinarias que se han producido en temporada alta y que los políticos tratan de digerir o capitalizar de diferente forma y estilo.

Uno de los primeros en alertar sobre las consecuencias de estas movilizaciones contra el turismo masivo ha sido Arturo Bernal. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía avisó de que el sector "no lo aguanta todo" y recalcó que los medios extranjeros "ya empiezan a hacerse eco de mensajes que pueden poner en riesgo la llegada de visitantes de mercados importantes".

Y tiene razón Bernal. La manifestación que recorrió el Centro de Málaga, y que reunió a 5.500 personas, según la Policía Nacional, o "más de 25.000", según los organizadores del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, fue recogida por numerosas cabeceras internacionales. The Guardian, Le Parisien, Der Spiegel o Frankfurter Allgemeine Zeitung, por ejemplo, explicaban en sus informaciones el malestar social por los efectos negativos del turismo masivo y los pisos vacacionales con titulares como: "Málaga se ha convertido en un parque de atracciones".

Bernal considera una "grave irresponsabilidad atacar" a la industria "más importante" de la comunidad y que en el periodo estival está previsto que dé trabajo a 475.000 personas. "No tiene ningún sentido", entiende el consejero, cuando una de cuatro familias andaluzas tiene a gente empleada en esta actividad.

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Pablo D. Almoguera. Málaga

La digestión de la protesta está siendo más complicada en el Ayuntamiento de Málaga. El alcalde, Francisco de la Torre, recurrió a su perfil en una red social para exigir al Ejecutivo central y al Gobierno autonómico una normativa que le permita "tener un impuesto turístico", "inspeccionar" viviendas vacacionales y "subvencionar alquileres de familias con problemas económicos".

El regidor instó a los promotores y constructores a edificar VPO por "responsabilidad social corporativa", "aunque en ellas los beneficios sean bastante más reducidos", y pidió a la Moncloa que realice "los cambios legislativos para no frenar los alquileres de largo recorrido y estimule fiscalmente la construcción de viviendas en alquiler".

Las palabras del regidor han sido interpretadas por la oposición como un descargo de responsabilidad y formaciones como PSOE, Sumar y Podemos aprietan para exigir medidas más contundentes como el veto a los pisos turísticos que Jaume Collboni impulsa en Barcelona. "Tras el rotundo éxito de la manifestación del 29J, el alcalde tiene que dejar de tirar balones fuera, escuchar a la calle y tomar medidas para frenar el modelo de ciudad turistificada y garantizar el derecho a la vivienda", manifestó este lunes la edil de Con Málaga Toni Morillas. El portavoz socialista en el Consistorio, Daniel Pérez, agregó que, "si De la Torre realmente ha entendido el mensaje, tiene hasta final de mes para imponer una moratoria y eliminar viviendas turísticas".

Daño electoral para el PP

Francisco de la Torre parece que ha intuido el daño electoral que puede representar este fenómeno que genera un malestar transversal y que transforma la fisonomía de distritos —como Centro o Este— que siempre han respaldado a las siglas del PP. Días atrás anunció la revisión de todas las licencias de pisos turísticos solicitadas a partir de la entrada en vigor del decreto aprobado por la Junta en esta materia y la exigencia de que tengan una entrada individual. Este domingo daba el paso de reclamar un "impuesto turístico". Un tema tabú en algunas esferas de su partido.

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Aunque un dirigente de la Junta de Andalucía, días antes de la manifestación, trataba de quitarle importancia a la convocatoria —"5.000, 10.000, 20.000 personas... en Málaga viven dos millones"—, lo cierto es que este lunes los populares abordaron el asunto de una manera menos frívola. El secretario general del PP malagueño, José Ramón Carmona, reconoció que la vivienda es "un problema" y reclamó que "las administraciones se sumen para intentar ampliar la dotación disponible para los ciudadanos". "Se intenta culpar al turismo", pero "nosotros, de manera sosegada y mesurada, lo que decimos es que respondemos con datos".

No siguió este ejemplo su compañero de partido y concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, quien el sábado cargó contra los asistentes a la movilización del sábado. "Espero que todos los que hayáis venido de fuera en la manifestación del 29-J hayáis, al menos, disfrutado de la mejor gastronomía de los mejores hosteleros y os hayáis quedado en los mejores hoteles. Sois grandes y orgullosos de vosotros!!! (sic)", espetó el edil en una red social, al que muchos ciudadanos —en los 400 mensajes que ha generado la publicación— afearon su actitud con los que mostraron su "desacuerdo con la gestión del turismo".

Sevilla

Florido pareció seguir el camino marcado por el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, quien arremetió contra los que piden límites al turismo y no acusó a la oposición municipal de iniciar "una yihad, una guerra santa" contra esta actividad económica. Pomares encuadró la manifestación del sábado en de la "propaganda organizada, propaganda del régimen, propaganda roja, propaganda para salir a las calles" y afirmó que el objetivo es "perseguir los turistas, a la gente con maletas con ruedas".

No se puede obviar que el rechazo que provoca la turistificación se extiende por muchos destinos del país y se reclaman medidas para preservar la idiosincrasia de las ciudades. En Sevilla cuentan con la misma legislación que en Málaga, ya que el decreto autonómico aprobado por la Junta hace unos meses es el marco que permite a los ayuntamientos desarrollarlo por medio de ordenanzas. El alcalde hispalense, José Luis Sanz, planteó una prohibición para las zonas donde más del 10% de las viviendas se habían pasado al uso turístico, pero la norma decayó tras el rechazo de PSOE, Vox y Podemos-IU, que pedían una mayor limitación fuera del centro y Triana para evitar una especie de efecto cascada.

Desde entonces, el gobierno local ha puesto en marcha unas nuevas negociaciones que, por el momento, no han dado fruto. En medio de esas conversaciones, el equipo de José Luis Sanz ha aplicado de forma salomónica el decreto autonómico y ha reclamado la eliminación de 715 pisos turísticos que no cumplían con la normativa urbanística. Dos tercios de las licencias que ha pedido suspender el PP están precisamente en el centro y Triana, los barrios con mayor presión turística y donde el alquiler ha crecido de forma llamativa en los últimos años ante la ausencia de oferta. Según los datos de Airbnb Insider, hay barrios del centro de la capital hispalense donde una de cada 5 viviendas es de uso turístico.

La oposición en Sevilla habría reclamado una moratoria, como la que ha aplicado el ayuntamiento de Valencia con el apoyo de PP y Vox, mientras que los populares aseguran que en la capital hispalense es inviable legalmente. El concejal de urbanismo de la capital andaluza, Juan de la Rosa, ha pedido "altura de miras" a la oposición y les ha pedido apoyo a la normativa presentada hace unos meses, que incluye una posible revisión de los porcentajes a partir de los cuales se pueden limitar la concesión de licencias. El PSOE ha pedido que pase del 10% al 2,5% en toda la ciudad, ya que consideran que la cifra que propone el gobierno local es "arbitraria".