El TC también anula parte de la condena del exconsejero con mayores penas en los ERE

La revisión de la pieza política del caso de los ERE llega también al epicentro del caso, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. El Tribunal Constitucional ha concedido amparo parcial al extitular del ramo, Antonio Fernández, que era el responsable político con mayores penas del caso. Ahora la Audiencia Provincial de Sevilla tendrá que emitir una nueva condena, pero sólo deberá tener en cuenta un porcentaje pequeño de los hechos probados para tener en cuenta si el político gaditano cometió malversación. Fernández, viceconsejero de Empleo entre 2000 y 2004 y consejero hasta 2010, ha cumplido un año y medio de los 7 años y 11 meses de condena, la más larga junto con la del fallecido Javier Guerrero, que fue su director general de Empleo y es considerado el cabecilla de la trama.

Minutos después de anunciar la decisión sobre Fernández, el Tribunal Constitucional ha hecho pública su decisión sobre los otros tres ex altos cargos sobre cuyos recursos estaban deliberando en el pleno de este miércoles. Se trata de los casos de Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda y mano derecha de José Antonio Griñán; Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación; y Jesús María Rodríguez Román, viceconsejero de Innovación. En los tres casos se acepta parcialmente el recurso y se ordena a la Audiencia de Sevilla la repetición de la sentencia teniendo en cuenta solo parte de los hechos probados.

Sobre las 16:00, la Audiencia de Sevilla ha ordenado la excarcelación de Martínez Aguayo y Vallejo después de recibir del TC el anticipo de su decisión por correo electrónico. La extitular de Hacienda dejó la prisión hace varias semanas al recibir el tercer grado y sólo acudía a dormir a un Centro de Inserción Social, una situación que ha cambiado desde este miércoles. El exconsejero de Innovación ha abandonado la prisión de Sevilla I sobre las 19:15 y, en declaraciones a EFE, ha dicho que es un "escándalo" que se haya "comido" un año y medio de cárcel a pesar de la "falta de pruebas".

Sobre Fernández, el tribunal de garantías limita su responsabilidad a las modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas sociolaborales en los años 2000 y 2001, además de las subvenciones concedidas "en ausencia o con desviación de su fin público" a partir de 2002. Los dos primeros años son previos a la creación de la partida 31L, es decir, al establecimiento de un modelo de reparto con menores controles para ayudar a empresas en crisis. A partir de ahí la fórmula quedó blindada en el presupuesto de la Junta, es decir, en una norma con rango de ley. Y ese es el argumento principal del TC para conceder amparo a los exdirigentes del PSOE bajo la premisa de que "no puede ser ilegal un proyecto de ley idéntico al aprobado por el Parlamento", como reza la sentencia sobre Magdalena Álvarez y su condena por prevaricación.

En el caso de Fernández, el TC considera vulnerado su derecho fundamental a la legalidad penal y revoca parte de su condena por malversación. Y lo hace horas después de exculpar por completo a Miguel Ángel Serrano Aguilar por el mismo delito y por una aritmética idéntica, con 7 votos a favor y 4 en contra dada la actual mayoría progresista que existe en el tribunal de garantías. El argumento sobre el exdirector de la agencia IDEA es que los convenios que firmaba para el pago de las ayudas están amparados por las leyes de presupuestos de las que salían los fondos. "Una vez entrado en vigor (...) resulta impredecible que los actos dictados a su amparo se consideren manifiestamente ilegales", dice la sentencia sobre el primer condenado en el caso ERE que ha salido de la cárcel.

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Carlos Rocha. Sevilla Pablo Gabilondo

La ponencia de Inmaculada Montalbán recoge argumentos ya utilizados en sus pronunciamientos previos para rechazar que Fernández incurriese en un delito de malversación por su papel en la elaboración de los presupuestos que pagaron las ayudas y las modificaciones presupuestarias derivadas. "Nadie puede esperar razonablemente ser penalmente condenado por la ilegalidad de un acto cuyo contenido no es susceptible de ser fiscalizado por la jurisdicción penal", apunta el escrito. Sobre su labor en la ejecución de las ayudas, el argumento calca el utilizado en la sentencia sobre Serrano Aguilar al afirmar que no cabe una condena por malversación por "realizar conductas con cobertura en una norma con rango de ley".

Ese posicionamiento sirve también para descartar la malversación por permitir la concesión de subvenciones sin arreglo a los controles habituales, ya que los citados presupuestos blindaban esa ausencia de controles. "Las leyes de Presupuestos de 2002 a 2009 no fueron impugnadas ni cuestionadas ante este tribunal", recordaba Inmaculada Montalbán en la ponencia sobre Antonio Fernández. El foco queda en las ayudas concedidas antes del cambio legislativo, pero, sobre todo, en los fondos que acabaron en destinos ajenos a las ayudas a prejubilados, como el pago de nóminas o minutas por asesoramientos jurídicos, pero también la inclusión de intrusos ajenos a las empresas que recibieron la subvención o el pago de estupefacientes, como ocurrió en el caso del conocido como el "chófer de la coca".

Así se conoce a Juan Francisco Trujillo, el conductor del fallecido Francisco Javier Guerrero, que recibió 1,3 millones de euros en ayudas a varias empresas de forma discrecional. Por esos actos fue condenado a prisión por prevaricación y malversación en una de las numerosas piezas separadas del caso de los ERE, la mayoría de las cuales todavía se están juzgando. La decisión de la jueza María Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya, de separar la pieza política de las subvenciones individuales, adquiere ahora gran importancia. La Audiencia de Sevilla tendrá que emitir una nueva condena por malversación a Fernández teniendo en cuenta un pequeño porcentaje de los hechos probados, ya que la causa sobre el "procedimiento específico" apenas contiene algunas de esas ayudas desviadas de su objetivo original.

El caso de Martínez Aguayo y Griñán

En el caso de Martínez Aguayo, el tribunal de garantías excluye su papel en la elaboración de presupuestos y las modificaciones presupuestarias derivadas, a excepción de una realizada en 2004 para la partida 32H, es decir, ajena al programa de ayudas sociolaborales. Lo llamativo es la decisión sobre la malversación, en la que el TC constata que la exviceconsejera fue condenada "sin que los órganos judiciales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos" por ella. Por ese motivo, el tribunal de garantías detecta una vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

Este posicionamiento coincide con el voto particular que dos magistradas emitieron en la sentencia del Supremo, ya que vieron una falta de pruebas de cargo en la condena. Esta argumentación insuficiente, según informa el TC en una nota, "impide que pueda trasladarse automáticamente la responsabilidad de quienes gestionaron las ayudas en la Consejería de Empleo a quienes se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes". Si el Tribunal Constitucional mantiene estas mismas tesis cuando, en dos semanas, analice el recurso de José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta podría seguir el mismo camino de su estrecha colaboradora y ser exculpado del delito de malversación, lo que eliminaría de forma automática su pena de cárcel.

El magistrado Enrique Arnaldo, de la minoría conservadora, ha emitido un voto particular en la que critica la decisión del pleno porque "sacrifica la objetividad de la actuación administrativa". Según Arnaldo, la decisión de anular las condenas de la pieza política del caso ERE desemboca en un "espacio de impunidad" en el que "determinados gobernantes gozan de un escudo protector que repele cualquier control o fiscalización".