Andalucía dará la batalla de la vivienda contra la ley estatal: más oferta y sin topes al alquiler

Andalucía confrontará su política de vivienda con el Gobierno central. La apuesta del Gobierno de Juanma Moreno pasa por facilitar la inversión y eliminar, en lo posible, los trámites necesarios para favorecer la construcción y aumentar la oferta. Esa es la receta que los populares quieren aplicar en la comunidad más poblada del país, donde no quieren ni oír hablar de la limitación de los precios que permite poner en marcha la norma estatal impulsada el pasado año por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y lo harán por medio de una ley de vivienda que llegará al Consejo de Gobierno en las próximas semanas con idea de que pueda estar aprobada en el plazo aproximado de un año.

La apuesta del Gobierno popular todavía no se conoce al detalle, pero encaja con los postulados que ya tenía la ley del suelo aprobada en la pasada legislatura, la Ley de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. "La estrategia para combatir el alza de los precios no es intervenir en el mercado, sino promover vivienda nueva, especialmente protegida", ha dicho este jueves la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, en una comparecencia en el Parlamento. Con ese objetivo impulsará una norma que "va a reparar el daño causado por la ley de Sánchez", ha dicho la dirigente popular, que ha calificado de "intervencionista, populista y permisiva con la ocupación ilegal" la legislación estatal que salió adelante en el Congreso con los votos de PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, ERC, Compromìs, Teruel Existe y el PRC de Miguel Ángel Revilla. Y que el Gobierno andaluz recurrió en el Tribunal Constitucional, que admitió parcialmente sus exigencias por invasión de competencias.

El PP comparte con Vox el convencimiento de que la solución al problema de la vivienda pasa por fomentar la construcción y también están por la labor de favorecer la colaboración público-privada. El PSOE está en una suerte de posición intermedia y ha apostado por favorecer la edificación de nuevos inmuebles y la vivienda protegida desde el ministerio creado el pasado noviembre y que está en manos de Isabel Rodríguez. Pero hay que tener en cuenta que no ha aplicado el control de los precios ―sólo lo ha hecho Cataluña― en ninguna de las comunidades que gobierna. En Castilla-La Mancha, el Ejecutivo de Emiliano García-Page no tiene intención de hacerlo, mientras que en Asturias y Navarra todavía lo están estudiando. Es Por Andalucía, la coalición de IU y Podemos en el Parlamento autonómico, quien ha pedido este jueves la activación del tope a los precios.

"Andalucía se ha visto arrastrada por los efectos de la ley de vivienda y por los desequilibrios entre una escasa oferta y una potente demanda", ha defendido Díaz tras destacar que en el último lustro se han construido en la comunidad 10.258 viviendas protegidas, "el triple" que en el quinquenio anterior. La titular de Vivienda ha defendido medidas como el aval público del 15% a los menores de 35 años que compren vivienda, que ha beneficiado a 830 jóvenes a pesar de que los expertos ponen en duda los beneficios de esta iniciativa, que después también puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez. La Junta ha recibido sonoras críticas por el retraso en la aplicación del bono alquiler joven, que sólo se ha ejecutado en un 22% año y medio después de la activación de esta medida financiada con fondos públicos. La Cámara de Cuentas de Andalucía anunció recientemente que analizaría la gestión de esta iniciativa por parte del Ejecutivo andaluz.

TE PUEDE INTERESAR

Por qué el 'build to rent' asequible puede ser una solución al problema de la vivienda en España

Jesús de las Casas

Fue el propio Juanma Moreno quien anunció que la Junta actualizaría la norma en medio del auge del descontento en la comunidad por los problemas para encontrar vivienda, sobre todo entre los jóvenes. Como suele ocurrir en Andalucía, la política es pendular y el anuncio de una ley autonómica para contrarrestar una norma estatal ya la puso en práctica el PSOE de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en contra de decisiones de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy. Hace más de una década, el Ejecutivo de Griñán presentó una ley de función social de la Vivienda, a cargo de la consejera de IU Elena Cortés, que provocó un choque con Moncloa y un recurso del Gobierno al Constitucional en plena crisis de los desahucios.

Este debate se produce días después de que miles de personas salieran a la calle en Málaga el pasado 29 de junio para protestar por esta situación, que se agrava en las ciudades más presionadas por la llegada de visitantes y la proliferación de pisos turísticos, aunque en el Ejecutivo autonómico intentan separar en lo posible las dos variables. Antes de la marcha, fuentes de San Telmo llamaron a la prudencia y la reacción de los populares malagueños ha sido llamativa. El barón popular, en su intervención en el debate sobre la comunidad, admitió que la escasez de inmuebles es mayor en las zonas donde hay mayor turismo y recientemente suprimió las licencias de 1.338 viviendas de alquiler vacacional por no cumplir con los requisitos urbanísticos, pero en la Junta dejan en los ayuntamientos la mayor parte de la iniciativa en esta materia.

El Gobierno andaluz aprobó en decreto marco hace unos meses, pero en las ciudades hay distintas casuísticas. En Sevilla, donde se han suspendido la mayoría de licencias (715), el alcalde José Luis Sanz se ha encontrado con una falta de apoyos que le impide, por el momento, interar parar la proliferación de esta actividad que ha mermado la oferta inmobiliaria en el centro histórico y Triana. El regidor popular propuso precisamente la prohibición de nuevos pisos turísticos en esas áreas, pero PSOE, Vox y Podemos-IU rechazaron la ordenanza, ya que apuestan por una moratoria en toda la ciudad.

En Granada, Marifrán Carazo, también del PP, sí ha apostado por una moratoria temporal mientras elabora una ordenanza más profunda. Bruno García, alcalde de Cádiz, ha profundizado en el control que ya puso en marcha su antecesor, el izquierdista José María González, Kichi, y ha activado una moratoria en el centro histórico de la capital gaditana. El gobierno local hispalense asegura que la moratoria no tiene sustento jurídico, aunque compañeros suyos, no sólo en Andalucía, han apostado por esta fórmula.