El PP maniobra para evitar una mayoría en el TC que anule las condenas de Chaves y Griñán en los ERE

El PP intentará que las previsibles revisiones de las condenas del caso de los ERE para Manuel Chaves y José Antonio Griñán no se produzcan. Los populares reclamarán en los próximos días la recusación de dos de las magistradas de la mayoría progresista que han apoyado ya el amparo parcial de 6 exaltos cargos socialistas condenados por el caso, así como la abstención del presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, que ya se inhibió en el Tribunal Supremo cuando el Alto Tribunal abordó la causa. Si prosperan estas acciones, la mayoría que ha dado la razón a los políticos del PSOE implicados en los últimos días se quedaría en un empate a 4 magistrados.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha explicado esta propuesta este jueves en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde ha elevado a cinco el número de magistrados del TC, todos de la mayoría progresista, los que, según los populares, tienen relación con el caso de los ERE. En este primer envite, los populares ponen solo el foco en los tres citados. "Han participado anteriormente en decisiones de este caso y no deben participar en la votación del Constitucional", ha dicho el político malagueño en referencia a un pleno que se debe celebrar a partir del próximo martes, 16 de julio, y que deliberará sobre los recursos de Chaves, Griñán y otros tres exdirigentes andaluces.

Sobre Conde Pumpido, Bendodo ha aludido a sus propios argumentos para abstenerse en el Supremo. Entonces, el ahora presidente del TC arguyó que había sido Fiscal General del Estado durante parte del proceso en el que estaban implicados los expresidentes de la Junta. "La coherencia tiene que valer para él y para los demás miembros", ha dicho el diputado popular, que cree que su participación en las deliberaciones "arrastra el buen nombre" del Constitucional. "No puede convertirse en el órgano de relectura de las decisiones de 20 tribunales, no solo del Supremo", ha espetado el dirigente popular.

Junto con el presidente del TC, el PP apunta también a las magistradas María Luisa Segoviano e Inmaculada Montalbán, que además es la ponente de los recursos de amparo de los exdirigentes del PSOE condenados en los ERE. Sobre Segoviano, Bendodo ha recordado que participó en dos sentencias del caso como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Montalbán, por su parte, fue ponente o participó en 22 sentencias relacionadas con la causa de los ERE como miembro de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El portavoz popular ha obviado otros hechos llamativos, como la condecoración que el Gobierno de José Antonio Griñán concedió a la magistrada granadina, medalla de Andalucía en el año 2012.

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Bendodo ha aludido a otros dos miembros del tribunal de garantías que también tienen relación con los gobiernos andaluces de Chaves y Griñán, por lo que están "votando a favor con una mano para exculpar" a exaltos cargos condenados en los ERE "y con la otra firmaron sentencias o resoluciones sobre este caso, con el que han tenido vinculación directa y permanente". Es el caso de Juan Carlos Campo y María Luisa Balaguer. La magistrada formó parte del Consejo Consultivo de Andalucía y, según el diputado del PP, firmó 28 dictámenes que "abordan toda la casuística del caso ERE", desde los avales a las pólizas con las que se pagaban las prejubilaciones.

El caso de Campo es el más llamativo, aunque los populares aún no han decidido sobre su recusación. El magistrado nacido en Sevilla, pero de crianza gaditana, era ministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, pero llegó allí después de acumular una larga trayectoria en la Administración andaluza. Fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia bajo los mandatos de Manuel Chaves y, ya con Susana Díaz, secretario general del Relaciones con el Parlamento. De por medio fue secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la etapa en la que estalló el caso de los ERE, en 2011. Además, fue diputado en el Congreso desde 2015 y, entonces, según ha recordado Bendodo emitió pronunciamientos relacionados con el caso de los ERE como parte de la comisión de Justicia.

Las peticiones del PP se abordarán al principio del pleno previsto para la próxima semana, según informan fuentes jurídicas. Entonces el debate se centrará en si los razonamientos que esgrime ahora Elías Bendodo son cuestiones que desconocía hasta ahora o si ha esperado hasta el último momento para plantear estas recusaciones y la petición a Cándido Conde Pumpido. Lo cierto es que las críticas del PP a las decisiones del Constitucional desde el inicio de la revisión de los ERE han sido una constante y han apuntado siempre a la "parcialidad" del tribunal de garantías por estas relaciones entre algunos magistrados y los socialistas.