561 bis: el nuevo artículo que un experto propone contra la desinformación. Hasta 4 años de cárcel

El pasado 12 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba una serie actuaciones contra la desinformación, fake news y los bulos. Lo llamó "paquete de calidad democrática". Una propuesta que lanzaba en pleno terremoto por las informaciones que cuestionaban los negocios de su esposa, Begoña Gómez, que derivó posteriormente en sus cinco días de reflexión, y que parece poner el foco únicamente en los medios.

Pero hace poco más de un año, cuando en el Ejecutivo no parecía importar los riesgos de la desinformación, un experto redactó un nuevo tipo penal para dar respuesta a un problema sobre el que han alertado las principales oficinas de inteligencia. Se trata de Adrián Marchal, un académico universitario con conocimientos en ciberinteligencia, crimininología, nuevas tecnología y Derecho Penal, que ha publicado en el Boletín Criminológico de la Universidad de Málaga (UMA) el estudio La necesidad de un nuevo tipo delictivo: La desinformación como una amenaza para el orden público.

Un trabajo de investigación que defiende la creación de un nuevo artículo en el Código Penal (CP) que permita a policías, fiscales y jueces actuar contra "un verdadero problema que afecta a la seguridad nacional del país" y que se castigaría con penas que oscilarían entre los seis meses y los cuatro años de cárcel. 39 páginas en las que se abordan cuestiones como la colisión con el derecho de expresión, y donde se detallan las herramientas existentes para defenderse de los posibles excesos de los medios para explicar que estamos mirando al dedo en vez de a la luna. "Hablamos de grupos perfectamente organizados, operaciones orquestadas con ‘bots’, como se ha demostrado que ocurrió el 1-O en Cataluña y la injerencia rusa".

La iniciativa que lanza Marchal se engloba en un número: 561 bis. Sería la denominación de un nuevo artículo con el que atajar las "campañas de desinformación" con una intencionalidad desestabilizadora y que considera necesario poner en marcha porque "nos encontramos en un momento especialmente vulnerable".

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El autor explica que la norma recoge una serie de tipos delictivos a los que se suelen recurrir para defender que hay suficientes herramientas para combatir un fenómeno que en la Estrategia de Seguridad Nacional se considera la segunda principal amenaza del país. Calumnias e injurias, desórdenes públicos, delito de odio, contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos. Incluso los que atentan contra la salud pública, en el caso de que haya una promoción del suministro de un fármaco o producto que produzca un efecto perjudicial para quien lo ingiera, se explica en el estudio.

"Pero existen actuaciones graves que en la actualidad están quedando impunes. Produciéndose un ataque contra las instituciones públicas, mermando la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, fomentando una radicalización de ideas y, en definitiva, debilitando el Estado democrático y de Derecho". De ahí su propuesta.

Cuatro puntos: orden público

Pero vayamos al contenido de este nuevo tipo penal que cuenta con cuatro puntos y una agravante que su autor considera que debe encuadrarse en el Título XXII del CP sobre los delitos contra el orden público. Concretamente, "en su capítulo III, dedicado a los desórdenes".

El punto 1 del artículo recoge: "Será castigado con pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de seis a doce meses, el que, a sabiendas y con intención de generar una percepción de inseguridad, pánico, desconfianza en las instituciones públicas, desafección o polarización, difunda a través de medios de comunicación, informáticos o telemáticos, una información falsa o manipulada que resulte idónea para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad en un grupo o población".

La acción a castigar debe "ser capaz de generar un influjo psicológico que pueda afectar a la percepción y toma de decisiones de las personas"

¿Por qué de seis meses a cuatro años de cárcel? El autor lo explica en conversación con El Confidencial. "Decidí esa horquilla porque considero que es un delito muy parecido al de estragos públicos", pero amplió el máximo de pena en dos años más por la importancia del bien jurídico protegido.

Marchal, en el punto 2 de su propuesta, matiza que "la pena se impondrá en su mitad superior si la información ha sido difundida utilizando técnicas que permitan la publicación del contenido de forma automática, autónoma y masiva o por cualquier otro medio que facilite la viralización del contenido publicado". Y en el tercero especifica que "el juez o tribunal acordará la retirada de los contenidos que se encuentren alojados en las diferentes tecnologías de la información y la comunicación". "Asimismo, podrá acordar el bloqueo del acceso o interrupción al portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información donde se encuentre el contenido", añade.

El cuarto punto aclara que, "en todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las penas correspondientes a los demás delitos efectivamente cometidos". Y serán los jueces los de que deben estimar si se debe aplicar la agravante que el autor del artículo vincula, por ejemplo, con la utilización de granjas de bots y trolls para amplificar el mensaje.

El trabajo académico remarca que "la conducta que tendrá que ser recogida en ese futuro tipo penal, deberá ser una acción de desinformación de entidad suficiente, que atente contra ese bien jurídico supraindividual y sea capaz de generar un influjo psicológico que pueda afectar a la percepción y toma de decisiones de las personas".

Adrián Marchal, ante posibles interpretaciones erróneas o interesadas, aclara "no me refiero a un meme o a la utilización de la imagen de un político con un fin satírico". "Evidentemente, hay quien pueda considerarlo molesto, pero entra dentro de lo que es la libertad de expresión, que es un derecho fundamental a salvaguardar". Donde se centra este doctor en Derecho, y también director del Grado en Criminología y Ciencias Forenses en la Universidad Nebrija, es en la desinformación que "puede tener efectos negativos en la percepción de la realidad, la toma de decisiones y la convivencia social".

Esa acción "dolosa" debe tener "intención de generar una percepción de inseguridad, pánico, desconfianza en las instituciones públicas, desafección o polarización", se especifica en el trabajo, donde se presta especial atención al último fin y para el que los grupos organizados se valen de la "falacia del falso dilema". "Ultraderecha o extrema izquierda, Israel o Palestina, comunismo o libertad…", ejemplifica Marchal, que en este contexto alerta del "efecto silo" que se desprende del "periodismo ciudadano" y la "democratización de los medios" surgidos de las redes sociales.

"Hace que la información que provenga de ese núcleo parezca verosímil y revista un manto de credibilidad prácticamente automático, fomentando la creencia de hechos falsos como ciertos", plasma el autor en su trabajo, para añadir que esa dinámica provoca que solamente nos comuniquemos con quienes piensan igual que nosotros y compartamos noticias que reafirman nuestra ideología.

"No es conspiranoia"

"La gente no es consciente de la situación", lamenta Adrián. "Esta es mi propuesta, pero puede haber otras". "Lo que es necesario es que en el Código Penal se recoja esta acción, porque si no es así, los policías no pueden perseguirla. Y si los policías no pueden perseguirla, no se pueden llevar a los autores ante un juez. Y entonces, no se puede castigar. El problema es que, mientras tú y yo estamos hablando de este tema, te aseguro que hay gente que se está aprovechando".

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Aunque el estudio reconoce que "existe una línea muy complicada de llegar a delimitar entre el control de la información falsa publicada y los derechos recogidos en el artículo 20 de la Constitución Española", el académico considera que el nuevo tipo penal se dibuja con precisión para evitar que confronte con la libertad de expresión. No obstante, resalta que, en caso de duda, los tribunales "están para decidir" si se ha producido algún tipo de violación de un elemento que cimienta las democracias. Y recuerda que el Tribunal Constitucional ha ido delimitando "los márgenes que se tienen que dar" para que un contenido periodístico no merezca un reproche penal: "Veracidad, interés general, crítica, pluralismo y no fomentar el odio".

La desinformación, explica, "está acreditada". "No estamos hablando cosas conspiranoicos, ni paranoias", porque la OTAN, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y los servicios secretos de numerosos Estados han dado pruebas. Por eso sostiene que es necesario tipificarla penalmente. "Para poder perseguirla, tanto si se comete dentro de España, como si es fuera".

"Están pasando muchas cosas" y "no somos conscientes", avisa Adrián Marchal, quien apunta que "actores externos están pagando a medio influencers que están en España por decir ciertos mensajes".

El autor del estudio lamenta que "no se está invirtiendo nada" en atajar el peligro: "Parece que se están centrando más en la narrativa"

El Gobierno de PSOE y Sumar, con el apoyo de socios como Esquerra Republicana, impulsan una serie de iniciativas legislativas supuestamente destinadas a combatir los bulos y las ‘fake news’, pero que la oposición, juristas, cabeceras y asociaciones de prensa consideran un mecanismo para limitar el trabajo de los periodistas y acallar a determinados medios de comunicación.

Marchal considera desacertado este enfoque. Desde su punto de vista, hay que aplicar una "política criminal" adecuada para prevenir y erradicar la desinformación. Que incluya, además de leyes, trabajar en los campos educativo, social o económico. Aunque advierte de que "no se está invirtiendo nada" y "parece que se están centrando más en la narrativa".

"¿Tenemos identificado el problema? Claro. ¿Estas medidas ayudan a revertir, mitigar o prevenir el problema? La respuesta es sencilla: no". Y mientras tanto, como ocurrió en el Brexit o el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, se seguirán produciendo campañas de desinformación "perfectamente organizadas".