Las exigencias de Bruselas amenazan el proyecto para unir las estaciones de esquí de Astún y Formigal

El proyecto estrella del Gobierno de Aragón para los Pirineos está a punto de saltar por los aires. A las críticas airadas de los ecologistas por el daño ambiental se suma ahora el enfado del líder del PSOE en Huesca, que sostiene que el plan podría llevar a la quiebra a la diputación oscense. Con estos mimbres, la unión de estaciones de esquí a través de las estaciones invernales de Astún y Formigal, para hacer el mayor dominio esquiable de España, está cada día más en duda.

El convenio institucional que autoriza la ejecución de la unión de estaciones, suscrito por la sociedad que gestiona Astún, el Ejecutivo de Javier Lambán y el holding Aramon, parte con el rechazo del barón socialista en Huesca y presidente de la diputación provincial, Miguel Gracia. El dirigente oscense, cuya Administración ejerce de promotor del proyecto, entiende que los plazos para ejecutar la inversión de 35 millones de euros podría acarrear la quiebra de la diputación. La razón principal es por el elevado coste que supondría para una administración como la Diputación de Huesca un hipotético incumplimiento de los plazos que exige Bruselas por los fondos Next Generation. Una dificultad añadida desde el punto de vista financiero. Con un presupuesto anual de 80 millones, si Europa exige la devolución del dinero que inyectaría a la Administración, que ya incluso se estima que tendría un 4% como mínimo de interés, le dejaría al borde de la quiebra.

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Álvaro Sierra. Zaragoza

Un informe oficial de la institución provincial, elaborado por la Intervención General, afirma que es inviable llegar a enero de 2025 con gran parte de la obra en marcha. La Unión Europea está exigiendo que antes de 2025 se ejecute la inversión en los proyectos financiados en hasta un mínimo de 75 años.

En caso de no hacerlo, ya está empezando a reclamar la devolución del dinero. Es el caso de Italia, que recientemente ha puesto en cuarentena varios proyectos del país que están siendo financiados con estos fondos Next Generation. Las dudas sobre el grado de cumplimiento a las que están ligadas estas ayudas europeas han precipitado la decisión de retirar el pago de una cantidad total de 19.000 millones de euros. Y esta exigencia de Bruselas también incumbe al futuro de la unión de estaciones entre Astún y Formigal, que pretende ejecutar el Gobierno de Lambán.

Las dudas de los plazos

El portavoz de la Comisión Europea en España, Maciej Berestecki, anunció esta semana que Bruselas revisará de forma pormenorizada el impacto medioambiental de los proyectos que despiertan dudas. Estos fondos Next Generation están vinculados al turismo sostenible y a una influencia mínima en el entorno. "No se ha tomado ninguna decisión, pero somos conscientes de las controversias", dijo el dirigente europeo.

La Comisión entiende que todos los proyectos financiados con dinero europeo deben "cumplir con las leyes medioambientales de Europa". Y debido a las dudas ecologistas, Bruselas querrá conocer qué proyectos se financian a pesar de que la autonomía es de cada país. La realidad es que además del asunto ecologista, los plazos administrativos ahogan la ejecución de este proyecto en los Pirineos. La unión de las estaciones, como ha venido informando El Confidencial, se hará a través del valle Virgen de Canal Roya, con 37 pilonas y una telecabina de 4,3 kilómetros, que transportaría a 2.400 viajeros por hora.

La unión de las estaciones se hará a través del valle Virgen de Canal Roya, con 37 pilonas y una telecabina de 4,3 kilómetros

Este último asunto ha irritado al movimiento ecologista y a buena parte del propio Gobierno aragonés. Concretamente, al ala que lidera Podemos y la Chunta Aragonesista en el cuatripartito que completa el PSOE de Javier Lambán y el Partido Aragonés. Estas formaciones consideran el proyecto un atentado ambiental por el impacto que genera en el paisaje y las dudas por la escasez de nieve en los últimos 30 años. El coste de la obra civil se elevará a 24,7 millones de euros, a los que hay que sumar gastos como la restitución paisajística, el soterramiento de las líneas eléctricas o las protecciones de avalanchas, hasta una cifra total de 34 millones de euros.

Fuentes conocedoras de la operación aseguran que los plazos "son muy difíciles de asumir". El primer procedimiento administrativo para considerar el proyecto como Plan de Interés General Autonómico (PIGA), por ejemplo, ya tardaría más de un mes. Este mecanismo ha sido activado por la sociedad Formigal S.A, que pertenece a Aramon. Después de esto, habrá que licitar el plan, ejecutar la obra con la multitud de problemas que pueden salir o, incluso, tener que lidiar con un recurso judicial de las organizaciones ecologistas. En el mejor de los casos, añaden las fuentes consultadas, el proyecto llegaría de una forma "muy justa y por los pelos" a finales de 2024. En ese caso se cumplirían los plazos marcados por Europa, pero con una velocidad casi extraordinaria para este tipo de desarrollos.

Podemos y la Chunta consideran el proyecto un atentado ambiental por el impacto que genera en el paisaje y las dudas por la escasez de nieve

El Gobierno de Aragón, no obstante, recalca a El Confidencial que "se llegará en tiempo y forma a ejecutar la inversión con los plazos que exige la Unión Europea". El equipo de Lambán lleva días insistiendo en este mensaje a las personas implicadas en el proyecto para que no cunda el desánimo sobre los plazos de un tema considerado estratégico. Fuentes de la Diputación de Huesca, pese a las reticencias señaladas, detallan que en ningún caso se quiere rechazar el plan de la unión de estaciones porque que "es un proyecto clave para el futuro de la provincia".

Ante los riesgos de no poder llegar a los plazos de Europa, señalan que se puede pedir una prórroga o destinar los fondos Next Generation a otros proyectos turísticos. Y que sea el propio Gobierno de Aragón quien impulse su financiación o exploren nuevas fórmulas como una colaboración público-privada para unir las estaciones de Astún y Formigal. La presidenta de Aramon y consejera de Economía del Ejecutivo autonómico, Marta Gastón, aseguró recientemente que "hay tiempo de sobra" para ejecutar el proyecto.