La comisión para investigar el despliegue de las renovables en Aragón parió un ratón

En apenas una legislatura, los parques eólicos ocuparon montes y llanuras sin planificación previa y casi siempre con la misma empresa promotora: Forestalia. Además, los proyectos se fraccionaban para que no alcanzaran los 50 megavatios y quedaran bajo la jurisdicción de la comunidad. Fue el tema de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas en Aragón en mayo de 2023. Bajo el gobierno del cuatripartito que lideraba el socialista Javier Lambán, el paisaje aragonés cambió radicalmente en muchas comarcas.

Eran tantos y con un calendario de autorizaciones tan apremiante que la Administración regional recurrió a consultoras externas. Algunos funcionarios denunciaron presiones para resolver los proyectos, y que las consultoras contratadas también trabajaban para las empresas promotoras. En consecuencia, los parques progresaban, lo hacían sin apenas compensaciones para los territorios y siendo el pentagrama sobre el que sonaba la música de operaciones millonarias de compraventa de megavatios por inversores y fondos internacionales.

Ese despliegue, y su perfil colonialista, era denunciado por Teruel Existe, que presentó ante las Fiscalías de Medio Ambiente de Zaragoza, Huesca, Teruel y Madrid más de nueve grupos de denuncias sobre cerca de 100 proyectos renovables, casi todos admitidos a trámite salvo en los juzgados de Zaragoza.

Las renovables, nudo electoral

Demasiados cabos para que el Partido Popular no hiciera trenza electoral con ellos, en un entorno de máxima sensibilidad, con una ministra de Medio Ambiente y Reto Demográfico que se ocupaba a fondo de lo primero para cumplir el Acuerdo de París de 2015 contra el cambio climático, aunque fuera a costa de los municipios más indefensos, y sin compensarles en lo segundo.

Los titulares se sucedieron y el PP prometió que, si alcanzaba el Gobierno, crearía una comisión de investigación. Una vez formada la mayoría con Vox, más el compromiso logrado con Aragón Existe como respuesta a algunos pactos en Teruel, arrancaba esa comisión, llamada “sobre la implantación de las energías renovables en Aragón y sobre cómo ha actuado el INAGA en este proceso», con un PP diciendo que destaparían las actuaciones irregulares del INAGA del Ejecutivo anterior. La proponían en el pleno del 16 de noviembre, PP y Vox y salía adelante con el apoyo de CHA, Aragón-Teruel Existe, PAR, IU y Podemos, y la abstención del PSOE.

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Con ese acuerdo, el 17 de enero se constituía la primera comisión de investigación de la XI Legislatura. La realidad ha sido que ha estado muy monitorizada y que, como en la fábula de Esopo, ha parido un ratón. Aquellos montes que rugían y emitían señales de que algo grande traerían apenas han dejado una ristra de recomendaciones que, como poco, llegan tarde a una comunidad que el año pasado fue la segunda en cuota de generación de energía renovable.

Porque si bien el Partido Popular cumplió con su compromiso, conforme iba tomando la medida del Gobierno iba asumiendo a la vez la política de impulso a las renovables como baza estratégica para atraer empresas de la nueva economía digital.

Era el horizonte en el que trabajaba el gobierno de Lambán, que han eclosionado en los últimos meses bajo la presidencia de Jorge Azcón, con la previsión de inversiones milmillonarias de empresas como Amazon Web Services o Microsoft.

Diecinueve recomendaciones

Así, tras seis meses de trabajos, dieciséis sesiones de comparecencias o deliberaciones y medio centenar de declarantes entre cargos públicos, organizaciones medioambientales, expertos y técnicos de la materia, el pasado viernes, las Cortes de Aragón aprobaban un dictamen con 19 conclusiones rubricadas por todos los partidos políticos y 147 votos particulares en los que cada grupo pudo exponer sus consideraciones, a veces incluso de forma contradictoria.

El hecho es que en esas 19 conclusiones unánimes no hay ni rastro de irregularidades, ya que ni han detectado que el fraccionamiento de los parques buscara ventajas, ni que las consultoras incurrieran en incompatibilidades, ni que los funcionarios sufrieran presiones.

Los 67 diputados sí reconocían la necesidad del “impulsar una planificación energética y territorial, teniendo en cuenta todos los impactos ambientales, paisajísticos y sociales”, y que las instalaciones lleven un plan para aprovechar la energía en el territorio donde se ubican, así como la creación de un Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, con un impuesto específico a las renovables.

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Y de cara al futuro, su apuesta para que la energía producida en Aragón sea vector de atracción, así como de desarrollo del almacenamiento eléctrico y el autoconsumo, con especial apoyo a las comunidades energéticas en los municipios. No faltan en los 19 puntos la llamada a la protección ambiental, a favorecer el reciclaje y, como última respuesta a las propuestas siempre distantes del ministerio, no autorizar plantas fotovoltaicas en los embalses aragoneses.

Muy buenos propósitos y mucha tarea para el Gobierno, que tiene incluso que empezar por aclarar contradicciones como la capacidad o no de los municipios para regular o prohibir la instalación de parques. El presidente del Consejo Consultivo de Aragón, Xavier de Pedro, sostiene que no pueden al tratarse de proyectos de interés general y de utilidad pública. Mientras, el director general de Urbanismo del mismo gobierno, Carmelo Bosque, considera que sí pueden ordenar los usos del suelo a través de sus PGOU.

"Las Cortes no es la Fiscalía"

Para el presidente de la comisión y portavoz del PP, Fernando Ledesma, que ha tratado de aunar compromiso electoral con pragmatismo gubernamental, las Cortes han hecho lo que correspondía a su naturaleza, pues “no es la Fiscalía ni tiene capacidad de investigación penal”, mientras afirmaba que las responsabilidades políticas “se ventilaron en las elecciones autonómicas de 2023”. A la vez defendía el actual marco de su partido: “Las energías renovables son una oportunidad para Aragón, que la sitúan como un hub tecnológico importantísimo”, y achacó al anterior Gobierno la ausencia de ordenación, “de manera consciente y voluntaria”.

Pero, con la votación del viernes, el partido que ha sacado más pecho ha sido el PSOE, representado en ese órgano fiscalizador por el parlamentario más experimentado de la Cámara, Carlos Pérez Anadón, que acusó al PP de cinismo por la utilización electoral de esta causa, haber creado la comisión “con gran ruido” para criticar la gestión anterior y, al mismo tiempo, asegurarse que el actual gobierno pueda seguir tramitando más instalaciones y sin cambio normativo alguno”. Todo ello sin que “nadie haya planteado responsabilidades penales de técnicos y políticos o enviado conclusiones al Ministerio Fiscal, o exigido responsabilidades políticas”.

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De hecho, los dos partidos mayoritarios, junto con los otros tres que formaron el cuatripartito (CHA, PAR y Podemos), aprobaron los votos particulares exculpatorios de cualquier irregularidad. Vox aún consiguió que el PP admitiera y apoyara afirmar que se había presionado a alcaldes y concejales, tras denunciar su portavoz en la comisión, Juan Vidal, que así ocurrió y que se dejó desamparados a los pequeños municipios.

De los aliados de Lambán por la izquierda, una de cuyas señas de identidad ha sido históricamente la lucha contra el expolio de los recursos de Aragón, el actual líder de Podemos, Andoni Corrales defendía ahora una moratoria y llevaba al hemiciclo como propio el eslogan de “renovables sí, pero no así”. Y por Chunta, que inexplicablemente ha sido muy ajeno a esta causa tan afín a su ideario, destacaba Joaquín Palacín que, gracias a la comisión, se había puesto de manifiesto la necesidad de sacar adelante un nuevo modelo energético y que no hubo un agujero negro en la gestión de las renovables en Aragón, como denunció en campaña el Jorge Azcón candidato.

“No se ha demostrado ninguna irregularidad y, una vez visto que no había esas irregularidades, se ha convertido en una comisión de estudio, tal como preveíamos”. “Eso es lo que quería la mayoría de la Cámara –señaló el portavoz de IU, Álvaro Sanz–, que fuera de estudio y no de investigación, y solo arrojara meras recomendaciones. No hemos querido acordar que no se ha querido planificar, pero sí hemos acordado que tenemos que planificar. No hemos querido acordar que existe un incremento de mortandad de aves, pero paradójicamente decimos que sí hay que actuar en la materia”.

"Se cierra en falso y sin investigar"

Desde el inicio, dijo el parlamentario de Vox, Juan Vidal, se constató que PSOE, PAR, Chunta y Podemos, que conformaban el anterior gobierno, se esforzaron en que esta comisión cerrara en falso, sin esclarecer la gravedad de los hechos. Nuestro balance es que se hizo muy mal, que la implantación ha supuesto un ataque a una parte muy importante de los aragoneses, especialmente a los que viven en los pueblos en el Aragón rural. Se ha destrozado el paisaje, atacado a nuestra ecología y, a cambio, no se ha creado riqueza, ni se ha revertido en forma alguna para revertir la despoblación del Aragón rural”.

Además de Vox, quién mostró más absoluta disconformidad con el resultado fue Aragón/Teruel Existe, partido que ha liderado el movimiento contra el modelo de implantación de las renovables vivido en Aragón. “Esta comisión [dijo su portavoz, Tomás Guitarte] se cierra en falso y sin investigar la verdadera gravedad de los hechos. Ha sido de justificación más que de investigación: de justificación de irregularidades, justificación de la dejación de funciones del Gobierno de Aragón y de justificación para que continúe la colonización de macrorenovables a cualquier precio, destrozando todo Aragón”.

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“En estos meses, en las comparecencias hemos constatado que ha habido falta consciente de ordenación, nula reversión de la riqueza en el territorio, presiones a los ciudadanos con posibles expropiaciones, perjuicios a los municipios más pequeños e indefensos y miembros del Gobierno participando en las negociaciones de Forestalia con Ayuntamientos y vecinos", continuó.

"También hemos visto que se han sustituido informes técnicos desfavorables por otros favorables [demasiados de muy baja calidad técnica], que se han modificado proyectos sin salir de nuevo a exposición pública o que se han encontrado contradicciones graves en la compatibilidad de la externalización de los informes técnicos del INAGA por parte de las adjudicatarias del concurso público", añadió.

Además, concluyó que "si las conclusiones de la Comisión de renovables no recogen indicios de delito, la Justicia sí los ha visto en las denuncias presentadas por el Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Y lo que lamentamos es la falta de transparencia y carencias de la comisión, que ha limitado el número de comparecientes e impedido tener suficientes testimonios para documentar indicios y pruebas, o que ahora no se puedan visionar los videos completos de las comparencias”.

Quien ni dudó ni duda ni dudará es el PAR, que ha formado parte de los núcleos de decisión gubernamentales que han llevado a la actual situación. “Somos pro renovables, pro desarrollo, pro Aragón, y queremos que Aragón sea líder municipal en renovables”, resumía en el pleno el único diputado del PAR, Alberto Izquierdo.