Los vehículos contaminantes serán la punta de lanza del plan de austeridad catalán

El gobierno tripartito catalán realizó este sábado una reunión extraordinaria para seguir los pasos del Gobierno central y aprobar una serie de medidas con el objetivo de recortar el gasto público: un decreto ley fija los términos del plan de austeridad con el objetivo de reducir el déficit público de la Generalitat, que supera este año los 6.000 millones de euros. La diferencia más relevante de este plan respecto del aplicado por el Gobierno central es añadir a la subida de impuestos vinculados a las transmisiones patrimoniales y a la reducción de los sueldos de altos cargos, diputados y funcionarios, el aumento del impuesto de matriculación de los vehículos más contaminantes.

 

Esta novedad, incluida en el plan por el consejero de Economía, el socialista Antoni Castells, supondrá que los conductores de vehículos todoterreno y los que más gases contaminantes emiten deban pagar más a partir del año que viene. En líneas generales, el plan de austeridad supone que las rentas más altas y las personas que realicen transacciones inmobiliarias deberán soportar las subidas de impuestos. Lo que ha dejado para el mes de julio el gobierno catalán es la reforma del tramo autonómico del IRPF que grave las rentas más altas, que superen los 100.000 euros de ingresos anuales. Estas rentas deberán un 5% más.

El Ejecutivo que preside José Montilla ha tenido en cuenta en el plan “el respeto por la justicia social y que las mayores subidas de impuestos recaigan sobre las rentas más altas. Los conductores de grandes vehículos están incluidos entre los colectivos que deberán soportar mayor carga fiscal”, aseguran a El Confidencial fuentes del Gobierno catalán. Tras la aprobación de la ley de austeridad, los compradores de todoterrenos y otros vehículos de gran cilindrada con emisiones de gases altas tendrán que pagar, en Cataluña, 1,25 puntos más de impuesto de matriculación a partir de junio, al pasar del 14,75% al 16%. El propio Castells ha reconocido que “es lógico que los compradores de vehículos más caros también contribuyan a la mejora de las cuentas públicas y de la economía catalana”. La subida afectará al último tramo del impuesto de matriculación, que incluye a los vehículos que emiten más de 200 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido.

3.000 millones de ahorro hasta 2013

El plan de austeridad catalán, que provocará la reducción del sueldo bruto a 240.000 funcionarios, también contempla que los trabajadores públicos recuperen el año 2013 el poder adquisitivo perdido por el recorte de sueldos. Las medidas supondrán reducir en 1.500 millones el déficit previsto por la Generalitat y dejarlo en el 2,4%. "El presupuesto de 2010 preveía un déficit del 3,6%, y ahora tenemos la obligación de reducirlo al 1,1% en 2013", sostiene el conseller Castells. El personal de los colegios concertados verá reducirse su sueldo en un 5%. Y, en el caso del sector concertado sanitario y de servicios sociales, la Generalitat recortará la subvención en un 3,21% y 1,18%, respectivamente.

En total, hasta 2013, se pretende que en las cuentas catalanas se ahorre más de 3.000 millones de euros. Para lograrlo, la Generalitat apuesta por una doble vía: una reducción drástica de los gastos y por otra parte, un incremento de los impuestos para los más ricos. El recorte de los gastos se basa en dos grandes pilares: la reducción del sueldo de los funcionarios -un 5% de promedio- y hasta el 15% la de los altos cargos. En segundo lugar, los conciertos a entidades privadas del sector educativo, sanitario y servicios sociales se reducirán entre un 3 y un 5%.

Los socios ecosocialistas fueron los que pusieron sobre la mesa la subida de impuestos a los más ricos, que de momento, no se incluye en el anteproyecto de ley aprobado hoy. “Nosotros exigíamos que ya el próximo martes el Gobierno catalán aprobase un proyecto de ley de reforma del tramo autonómico del IRPF, para aumentar la recaudación del 21,5% al 25%, mediante la subida del tipo impositivo para las rentas superiores a 100.000 euros anuales, pero habrá que esperar”, afirman a este diario fuentes de la formación que lidera Joan Herrera.

El consejero de Economia defendió las medidas porque, si no se toman, "entraremos en una etapa de estancamiento y seremos cada vez más pobres". Castells concretó que el recorte entre el funcionariado oscilará entre el 0,25% el 7%, es decir, la misma horquilla de reducción salarial que propone el Estado. Respecto a los altos cargos, explicó que el presidente y los consejeros reducirán sus ingresos en un 15%, los secretarios generales perderán un 10% de sus salarios y los directores generales, un 8%. También se incrementará el 1% el importe de las transacciones patrimoniales, excluyendo las viviendas de protección oficial (VPO), ya que el impuesto pasa del 7 al 8%. Respecto al impuesto de matriculación de los vehículos más contaminantes, se elevará del 15 al 16%.

El presidente de CiU, Artur Mas, no tardó en calificar de “grave error una subida de impuestos porque en estos tiempos de crisis se retrasará el tirón del consumo y esto ralentizará la llegada del crecimiento económico”. El dirigente nacionalista acusó al Tripartito de utilizar este anuncio de subida de impuestos como una "cortina de humo" para esconder el tijeretazo en los derechos sociales por parte de unos partidos que hasta hace poco "levantaban la bandera de los derechos sociales, a los que ahora castigan gravemente". El presidente de CiU considera que la decisión de subir el IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales castigará a las clases medias y a los jubilados, que tendrán ahora las pensiones congeladas, además de obstaculizar aún más la venta de pisos de segunda mano.