El sector público teme la pérdida de 20.000 trabajos por los recortes de Mas

La Generalitat de Cataluña tiene un problema. Los trabajadores de servicios públicos que de ella dependen están que trinan debido a los recortes que ha comenzado a aplicar el Gobierno de Artur Mas. Personal de Educación, Sanidad, Transportes o Justicia han ido protestando estos días en contra del tijeretazo anunciado en la instrucción 1/2011 del Ejecutivo, que prevé recortes de plantilla del 6% y del 5% en salarios.

 

Los sindicatos mayoritarios, UGT, IAC y CCOO, calculan que 20.000 trabajadores podrían perder su empleo. Por ello, han previsto un plan de acción y reunirán a sus delegados en una asamblea que se realizará en el Departamento de Gobernación el próximo día 3 de marzo para intentar que los “servicios esenciales” no se vean afectados por estos recortes. Este miércoles, enviaron una carta a Mas pidiéndole el replanteamiento de las medidas y solicitándole una entrevista. Paralelamente, los sindicalistas realizarán concentraciones semanales ante distintas consejerías y si la Administración no se sienta a negociar, cada martes, durante la reunión de Gobierno, los sindicalistas tomarán la plaza de Sant Jaume.

En estos momentos, según diversas fuentes consultadas por El Confidencial, se está procediendo al despido de mucho personal de la Generalitat y hay orden de no cubrir bajas por enfermedad o jubilación, lo que ha creado ya graves problemas en algunos ámbitos. “No se entiende en que sectores donde nos obligan a unos servicios mínimos del 100%, ahora no se sustituya al personal que falta por jubilación, enfermedad o permiso”, dice a este diario Isabel Caire, representante de FSC-CCOO.

“Nos encontramos ya con graves problemas en residencias de gente mayor, en centros de menores, en las oficinas del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), donde las colas pueden llegar a ser monumentales, en la administración de justicia o en los mataderos, un sector importante, ya que los veterinarios que han de certificar la sanidad de la carne no dan abasto”, afirma Caire, al tiempo que recuerda que se repiten también los problemas “en la limpieza de bosques para evitar incendios, que se realiza cada primavera y donde se contrataban por campaña unas 1.200 personas”. “En realidad, se prioriza a médicos, policías y maestros. Podría decirse que son unos privilegiados: se les permite que cubran el 50% de las bajas, aunque también están en situación muy crítica”, concluye.

Por su parte, Encarna Fernández, secretaria general de FSP-UGT, señala a este diario que “el que fue presentado como el Gobierno de los mejores ha engañado a los ciudadanos, porque hoy mismo [por ayer] todavía salen nombramientos en el diario oficial de cargos de confianza con complementos salariales de 35.000 euros. Somos conscientes de que hay que apretarse el cinturón, pero hemos de hacerlo todos”.

Según los números de UGT, a partir de ahora, el SOC sólo hará servicios de orientación estándar, limitando al mínimo las otras prestaciones; las revisiones mensuales de Salud Pública en los comedores escolares pasarán a ser semestrales; las inspecciones veterinarias diarias a las empresas cárnicas pasarán a ser mensuales. Además, no habrá posibilidad de cubrir vacantes, en las residencias de ancianos se están dando ratios de una enfermera para atender a más de 110 personas mayores.

En Ferrocarriles de la Generalitat, el déficit de personal también se deja notar. FSC-CCOO pidió al consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, que conceda una excepcionalidad necesaria para el buen funcionamiento del servicio, es decir, que permita "poder contratar cubrir las bajas que se produzcan. De no ser así, el servicio no podrá darse y se resentirá, entre otras cosas, la seguridad".

“Si se aplican las medidas de la instrucción 1/2011, las consecuencias pueden ser desastrosas e irreversibles, especialmente en los servicios de atención directa a los ciudadanos”, dicen en CCOO. Lo que ha habido es “un recorte de empleo público indiscriminado y no planificado que comportará un empeoramiento de los servicios públicos en Cataluña. Se está despidiendo a muchas personas interinas y temporales”, lo que provoca una degradación de los servicios públicos “con el objetivo, cada vez menos oculto, de la privatización de todos los servicios esenciales”.

Situaciones al límite

La situación llega a límites insospechados. “Se están dando casos de que una sola persona ha de hacerse cargo de 30 ó 40 niños en una guardería. Y en Barcelona hay ya dos residencias de ancianos que, por falta de personal, obligan al turno de noche a que los laven... ¡a las cinco de la mañana!, porque en el turno de tarde no hay personal auxiliar de geriatría. Es decir, que al pobre anciano ha de despertársele a las cinco y luego de nuevo a las siete de la mañana para desayunar. Y la instrucción se ha dado por escrito”, detalla Isabel Caire.

El pasado miércoles, los 13 miembros del comité intercentros de personal laboral de la consejería de Educación se encerraron en las dependencias del departamento para que la Generalitat acepte negociar los recortes en guarderías y centros de educación especial. Más de 200 funcionarios se concentraron también frente a la Ciudad de la Justicia de Barcelona en protesta por los recortes, situación que se repetirá cada miércoles. “El ciudadano debe saber que su expediente se amontonará en la mesa y no podrá solucionar su problema”, recalcó un portavoz sindical. En la capital catalana hay en estos momentos 10 órganos sin agente judicial y si continúan las amortizaciones de puestos de trabajo, en verano habrá un déficit de 800 plazas.

Para colmo, el consejero de Salud, Boi Ruiz, comunicó este jueves a los hospitales un recorte del 10% de sus presupuestos para este año. Ello redundará en las plantillas, ya que los centros concertados tendrán que plantear expedientes de regulación de empleo para poder sobrevivir. “Lo que pasará -advierte Encarna Fernández, es que el que se tenga que operar, en vez de dos meses deberá esperar seis. Incluso en las revisiones periódicas se nota. Una señora con antecedentes familiares de cáncer de mama, que cada año se ha de hacer una revisión, recibió la comunicación del médico de que ahora será revisada cada dos años”.

El sindicato CGT también prevé una tanda de movilizaciones para protestar contra las medidas del Gobierno. Un portavoz de esta central señaló a este diario que las medidas tomadas “son un ataque directo al sistema de la sanidad pública”. La CGT concentró el jueves frente al Hospital Clínico a unos 200 trabajadores para protestar contra una situación que, dice el sindicato, “tiene como objetivo potenciar la sanidad privada mediante un modelo concertado en detrimento de la sanidad pública”. En el emblemático centro sanitario barcelonés se ha creado ya una Plataforma de Trabajadores para coordinar las movilizaciones. El sindicato de enfermería SATSE pidió también una reunión con el consejero Boi Ruiz para crear un foro de discusión con todos los colectivos.