La trampa del proyecto ‘estrella’ de Mas: podrá cambiar leyes sin pasar por el Parlamento

Hasta 631 artículos a los que se suman 44 disposiciones adicionales; es decir, 675 puntos normativos. Ésta es la articulación de la denominada Ley Ómnibus que prepara el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para la reorganización total de la legislación y la administración catalanas. Es, con mucho, el mayor texto legal que tendría esta comunidad, la iniciativa estrella de Mas para la primera parte de la legislatura (en la segunda acometerá el Pacto Fiscal y la campaña por el derecho a decidir). Y todo de una tacada. El Gobierno tiene ya un borrador, que no satisface a nadie. De momento, se espera que Mas apruebe esta norma a finales de mes, para luego pasar al Parlamento e iniciar el último trámite antes de convertirse en norma.

Diversas fuentes de la oposición consultadas por El Confidencial coinciden en criticar el larguísimo texto de esta nueva ley. “Lo mínimo que tendrían que hacer es buscar una coherencia interna y trocearla en cuatro apartados. De lo contrario, existe riesgo jurídico de que sea rechazada”, señala a este diario Laia Bonet, portavoz adjunta del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). De la misma opinión es el Partido Popular (PP), que demanda que se divida en varios apartados. “Es demasiado extenso y diversificado. Todavía no hemos comenzado a negociar con CiU, pero en principio vemos necesario que se parta en varios trozos”, dice a este diario una fuente de la cúpula popular.

Ignasi Llorente, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), manifestó también a El Confidencial que “la Ley Ómnibus es un batiburrillo que tiene cosas interesantes que hacen referencia a la simplificación administrativa y al ahorro, pero tiene otras cosas, relativas a sanidad, comercio, medio ambiente o cultura que nada tienen que ver con esa simplificación o con el ahorro. Tal y como la plantean es un error, porque se había de presentar por bloques monográficos”. Llorente critica el “estilo” de CiU al presentar la ley. “Lo que pretende es colar en el texto elementos que se habrían de discutir por separado, pero sabe que lo tendría difícil para aprobarlos de esa manera. Por tanto, intenta la estrategia de todo o nada”.

Los adversarios políticos de CiU ven una trampa mortal en la Ley Ómnibus: deja las manos libres al Ejecutivo de Mas para variar textos legales sin dar explicaciones a nadie y sin control legislativo. “En las disposiciones adicionales, aclara que algunas leyes continuarán vigentes pero con rango de reglamento. Eso quiere decir que el Gobierno puede cambiar su contenido sin necesidad de que pasen por el Parlamento”, denuncia la socialista Laia Bonet.

Artículos escritos en despachos privados

Todavía más dura es Dolors Camats, portavoz de ICV. "Le llamamos la Ley del Abuso. Con eso decimos todo. Además, está por ver si es legal, ya que el reglamento del Parlamento dice que los temas han de ser coherentes y homogéneos y ésta engloba 80 temas legislativos diferentes que fueron aprobados durante las pasadas legislaturas". Camats afirma también que duda de su idoneidad política. "Modifica leyes que fueron aprobadas tras largos debates y resultado de procesos de maduración social. Y ésta lo acapara todo, sin pacto alguno o concertación. Ademas, es una ley claramente clientelar. Hay puntos que han sido escritos en despachos particulares y no en despachos de la Administración. Es el caso de temas que afectan a los promotores de viviendas privadas. Algunos sectores han señalado lo que no les gustaba de las leyes vigentes y han hecho un encargo al Gobierno. Lamentablemente, se ve esa mano privada detrás de muchos de los artículos".

En definitiva, es el estilo lo que pierde al Gobierno. “Hay cosas positivas que, si se votaran separadamente, tendrían nuestro apoyo”, aseguró a este diario el portavoz socialista, Miquel Iceta. En este sentido, se pronuncian también fuentes del PP, de ERC y de Ciudadanos.

El Gobierno, por su parte, asegura que está abierto a la introducción de enmiendas y a escuchar a sus rivales. Sabe que nadie está contento con el articulado inicial y la próxima semana, muy probablemente, claudicará y dividirá el texto de la Ley Ómnibus en tres o cuatro leyes diferentes. De esta manera, el Gobierno solucionaría la papeleta y podría recabar apoyos entre la oposición, que unánimemente se muestra dispuesta a rechazar la norma en una sola votación.

Un texto demasiado amplio

El larguísimo texto abarca temas muy diversos. Tantos como ámbitos legislativos puede tener un Gobierno: la evaluación medioambiental, la calidad agroalimentaria, la Ley del Deporte, la Ley del Cine, el Código Civil, la Ley de Cooperativas, la Ley de Seguridad Industrial, la Ley de Protección Civil, la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, la Ley de Seguridad Pública, la regulación de fiestas tradicionales con toros, la Ley de Ordenación Farmacéutica, la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Puertos, la Ley de Meteorología, la Ley de Universidades, la Ley de la Agencia Tributaria de Cataluña, la Ley de Educación, la Ley de Salud Pública, la Ley de Protección del Cabo de Creus, la Ley Reguladora de los Residuos, la Ley de Turismo, la ley de Horarios Comerciales, el Código de Consumo o la Ley del Derecho a la Vivienda.

Pero además prevé la modificación de buena parte de los organismos públicos con que cuenta el Gobierno catalán, como el Consejo Audiovisual de Cataluña, el Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (IDIADA), el Laboratorio General de Ensayos e Investigación (LGAI), el Instituto Catalán de Energía (Icaen), el Instituto Catalán de las Industrias Culturales (ICIC), el Instituto Cartográfico de Cataluña, el Instituto Geológico de Cataluña, el Consejo de Relaciones Laborales, el Centro de Estudios de Opinión (CEO), la Agencia Catalana de Consumo, el Instituto Catalán de la Salud (ICS), la Agencia de la Vivienda, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Instituto de la Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), la Institución de las Letras Catalanas, la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural o la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que controla la televisión y la radio públicas.