Un sector del PSC rechaza que se investigue la sanidad catalana

La propuesta de crear una comisión de investigación sobre la gestión de la sanidad catalana que realizó la pasada semana el líder del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Pere Navarro, ha creado una fuerte polémica interna dentro de la formación. La comisión, sin embargo, ya cuenta con el apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria, incluida Convergència i Unió (CiU).

Desde algunos sectores del PSC se apunta a que, dado que el área de sanidad ha estado bajo mandato socialista durante el Tripartito, la comisión puede servir para pasar cuentas con un sector del partido. No hay que olvidar que la titular de Sanidad hasta 2010, Marina Geli, se alineó tradicionalmente con los críticos del PSC y en el último congreso apoyó al alcalde de Lérida, àngel Ros, para que ocupase el puesto de primer secretario de la formación en vez de a Navarro.

Para este sector, lo correcto hubiese sido “pedir la comparecencia del consejero de Sanidad, Boi Ruiz, y de los altos cargos de su departamento, pero no mezclar en el mismo saco la gestión actual con la que se ha realizado durante los últimos años, porque no tienen nada que ver. Ahora está metida en una dinámica de privatización de los servicios que el PSC siempre rechazó, incluso cuando dirigía la consejería”. Además, afirman que “lo que parece claro es que la dirección del PSC ha decidido dejar caer a Marina Geli, quizá porque no es de la cuerda de la actual cúpula. Y eso, claro, a algunos nos subleva”.

Otras fuentes consultadas por El Confidencial, no obstante, aseguran que la petición se enmarca dentro de la estrategia de transparencia que quiere impulsar el partido. “Queremos que se sepa todo y depurar responsabilidades. No queremos que este tema condicione la regeneración de nuestro proyecto. La coyuntura actual exige más contundencia y no toleraremos cualquier intento de ocultar la verdad”, dicen las fuentes consultadas.

Durante la reunión de la ejecutiva del PSC de este lunes, se trató el asunto. Y hubo algunas voces críticas contra la postura oficial de pedir la comisión de investigación. En realidad, lo que se dejó traslucir es una tensión interna por el temor a que algún líder socialista salga salpicado. Pero el propio presidente del grupo parlamentario, Joaquim Nadal, salió ayer en defensa de la iniciativa recalcando que el PSC quiere “el máximo rigor y la máxima transparencia” sobre este tema.

Una larga lista de convocados

Los socialistas llamarán a declarar al consejero de Sanidad, Boi Ruiz; al director del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat; al empresario convergente y expresidente del Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC) Ramon Bagó; al actual presidente de este organismo, Josep Abelló; y al exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) Carles Manté. Pero también a la exconsejera Geli y al exalcalde de Reus, el socialista Lluís Miquel Pérez. En esta localidad tarraconense, se creó un holding, dirigido por Prat que aglutinó todos los servicios y que canalizó miles de millones de euros en adjudicaciones de servicios. La Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), fuerza independentista con representación municipal, puso en manos de la justicia las presuntas irregularidades de ese holding.

Diversas fuentes consultadas por este diario señalan que “lo que ha habido tradicionalmente en la sanidad catalana es un círculo de favores y una sociovergencia de la que han sacado provecho algunos dirigentes políticos”. Una de las fuentes, que lleva años en el sector de la sanidad subraya que “durante décadas, esos dirigentes se han lucrado con las adjudicaciones, primero con la construcción de centros de atención primaria y de hospitales, y luego con la adjudicación de servicios. Además, ha habido una especie de entente entre todos. Marina Geli, por ejemplo, mantuvo a la mayoría de altos cargos de CiU cuando fue nombrada consejera. Y Miquel puso en manos de un lobby convergente los servicios municipales de Reus, desde la sanidad hasta el cementerio. En ese reparto de poderes y de dinero, también entra un ex alto cargo municipal de Barcelona y su esposa”.

La comisión tendrá mucho trabajo. Para empezar, ha de investigar el holding Innova. Su presidente, Josep Prat, era también presidente del holding privado USP Hospitales. Cuando accedió al ICS, continuó simultaneando ambos cargos hasta que saltó el escándalo, ya que no resulta muy ético que el presidente de un organismo público presida también un holding privado que recibe concesiones. Además, deberá dilucidar porqué Innova pagó desde el 2007 al 2011 más de 700.000 euros a Carles Manté cuando éste cesó como responsable del CatSalut.

Pero también deberá investigar cómo se adjudicaron servicios durante dos décadas por parte del CHC a empresas de Ramon Bagó, quien presidía ese organismo. Este asunto está siendo investigado también por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). Bagó presidía también el Consorcio de Salud y Social de Cataluña, otro de los organismos adjudicatarios. La CUP denunció la pasada semana en el juzgado al empresario porque sólo en uno de los centros de Barcelona pudo haberse embolsado en adjudicaciones más de 1,5 millones de euros.

El Consorcio de Salud del Maresme y la Selva es otro de los organismos bajo sospecha, ya que pudo haber pagado irregularmente al ex alcalde de Lloret, Xavier Crespo, actual diputado de CiU, y a su esposa sobresueldos que alcanzan varios cientos de miles de euros.

Por último, también estará sobre la mesa el agujero que tiene el Hospital de Sant Pau, al frente del cual el Gobierno catalán puso recientemente a Xavier Pomés (ex consejero de Sanidad y de Interior en los gobiernos de Jordi Pujol). En este centro, se han realizado adjudicaciones sospechosas durante la última década, además de pagarse sueldos millonarios fantasma a algunos altos cargos políticos.