La Generalitat propone al Gobierno saltarse la ley para solucionar ‘el conflicto’

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo ya tiene contrainforme. Su documento antiindependentista repartido por las embajadas españolas dispersas por el planeta ya ha sido contestado desde el Gobierno catalán con otro argumentarlo, pero a favor de la secesión. Es un documento titulado “Estrechar lazos en libertad” que contrarresta las tesis del titulado “Por la convivencia democrática” del ministerio. Y la Generalitat quiere que el ministerio lo distribuya también a las embajadas.

Se trata de una iniciativa del portavoz de la Generalitat y consejero de Presidencia para contraatacar al Gobierno central. “Ni el Departamento de la Presidencia ni, por supuesto, la inmensa mayoría de los catalanes siente animosidad alguna contra España ni contra los españoles, sino todo lo contrario”, subraya el documento.

El texto recuerda que “la condición de posibilidad de la llegada de la democracia a España pasaba, a partir de 1975, por una vulneración políticamente consensuada y discreta de la legalidad vigente entonces”. Y ahí está el nudo de la cuestión: lo que propone es un consenso similar. “El respeto a la legalidad vigente es algo básico que el Departamento de la Presidencia de la Generalitat no discutirá en ningún momento. Sin embargo, ese respeto no es de ninguna manera el único referente lícito a la hora de dirimir cuestiones políticas”, subraya.

Y ello porque si siempre se hubiera respetado la legalidad “todavía existiría la esclavitud, la prohibición del voto de las mujeres o la persecución de los homosexuales”. Estas cuestiones no se derogaron solas, sino que “se adaptaron a una realidad social que había variado de forma substancial e irreversible”.

En Cataluña, viene a decir a continuación, “se han dado un conjunto de mentalidad política –no sólo de opciones partidistas- que el Gobierno español se ha negado a admitir, a pesar de la obvia visibilidad de ese cambio”. Admite que “la apelación española a la legalidad vigente [es decir, a la Constitución y a las leyes] es absolutamente lícita, pero desde una perspectiva democrática, y a medio plazo, resulta también insuficiente”. Y advierte que el Gobierno español no puede hacer oídos sordos indefinidamente a un clamor de la mayoría de los habitantes de una comunidad, por lo que su actitud, más adelante, puede llegar a convertirse “en una mera excusa legalista, en una coartada sin credibilidad y, ante todo, sin legitimidad democrática, pues lo que se niega no es la independencia, sino el derecho de voto”.

La Generalitat echa mano también de las corrientes filosóficas y señala que se debe tener en cuenta “la existencia de un discurso –que parece socialmente dominante- que sitúa la legitimidad en la performatividad, es decir, en la continua mejora de la eficiencia y de la operatividad”. Y cita a Lyotard: “Las posibilidades de que una orden se considera justa aumentaría con las posibilidades que tiene de poder ejecutarse, y éstas con la performatividad del prescriptor”. Y aquí, para la Generalitat, el prescriptor (o sea, el Gobierno español) no puede dar lecciones de “legitimización, legalidad y democracia” porque no encuentra una solución a la organización territorial del Estado ni da salida a las aspiraciones “de una mejor calidad democrática ni sabe combatir los efectos de la crisis económica”.

Lenguaje “dramático e impostado”

Aún así, el documento subraya en su inicio: “No se trata de romper nada, ni de levantar fronteras, sino justamente de estrechar los lazos que nos unen en libertad, en un marco político común, el de la Unión Europea, en el que nadie se sienta subordinado o atado contra su voluntad. Por parte de Cataluña, la voluntad de concordia y convivencia están, pues, más que aseguradas. No existe ningún deseo de aislamiento en relación con Europa, ni de escisión ni ruptura en relación con España”.

Advierte, eso sí, que “nuestra respuesta pretende ser cordial, esclarecedora y constructiva, no polémica ni reactiva, a pesar de las obvias discrepancias”. Todo, al inicio, con mucho fair play. Pero inmediatamente subraya que “el Departamento de Presidencia no puede compartir el lenguaje dramático e impostado de ese texto [se refiere al del ministerio], ni mucho menos la substitución recurrente de argumentos racionales por meras apelaciones a la emotividad, en general en clave victimista”. En otro capítulo, ya con el listado de agravios encima de la mesa, el documento subraya que “nadie quiere romper ni deteriorar esos lazos, sino justamente vivirlos desde el respeto mutuo y libremente. Nadie quiere desgarrar nada ni abandonar a nadie: esos términos sirven para tratar conflictos matrimoniales, no asuntos políticos”.

En otro apartado, pontifica: “La visión idílica de una España intemporal que une a diferentes pueblos que se funden voluntariamente en un acervo común de culturas topa con los hechos históricos y con todas las teorías sobre la creación del Estado nacional y su proceso de consolidación”. Y recuerda que incluso Quevedo era anticatalanista furibundo.

Acusa, además, al Gobierno central de otorgar a la Constitución un “papel casi místico” y de negar al “pueblo de Cataluña” el rol de “sujeto político”. Y le acusa también de esconder “la existencia histórica de un anticatalanismo manipulable partidistamente” y de castigar fiscalmente a esta comunidad realizando una “visión extrañamente idílica de la Transición”. En otro párrafo, afirma que “negar la condición de sujeto político a los catalanes y a sus instituciones y representantes legítimos no tiene hoy justificación alguna”.

Teatralización del tema

En la siguiente página ya se rompe definitivamente el fair play de las cuatro primeras. Cita textos del documento del Ministerio de Asuntos Exteriores y sustituye la palabra “catalanes” por “gibraltareños” para denunciar la teatralización que hace del tema el Gobierno central. “Una parte –en apariencia mayoritaria- de la sociedad catalana ha expresado pacíficamente su derecho a ser consultada en relación con su propio futuro colectivo, y el Parlament y la Generalitat han actuado en coherencia a esa petición. Eso es todo. Dejemos, pues, los desgarros sentimentales para las operetas, y las amputaciones para los cirujanos”, subraya en negrita el documento. Sostiene, además, que la expresión “fractura social” es abusiva y falsa.

El documento del Govern califica de deshonesto el texto de García Margallo y asegura que algunas de las respuestas que éste proporciona (como la que hace referencia al “pretendido derecho a decidir”) podrían “incluirse directamente, sin ningún problema, en un consultorio sentimental o en un manual de autoayuda”.

En este punto, ofrece un paralelismo de Cataluña y Gibraltar: “No parece lícito, en definitiva, ofuscarse por un minúsculo territorio que pertenece legalmente al Reino Unido desde 1713 y acusar a Cataluña de ofuscarse por hechos que sucedieron justamente en 1714”. Asimismo, realiza una comparación entre Suiza y España. La primera, afirma, es el país “más estable de Europa” porque asumió su plunacionalidad fundacionalmente. Y España “ha sido la protagonista de una de las historias más sangrientas de Occidente. Es probable que ello tenga que ver con una visión hidalga del pacto, entendido como capitulación, e incluso humillación”.

“No es un órdago ni un desafío”

El documento elabora una lista de agravios comparativos. Echa por tierra, por ejemplo, la cesión del Sahara y asegura que los acuerdos firmados en Madrid en 1975 por los que repartía la administración de ese territorio africano entre Marruecos y Mauritania no han sido ni reconocidos por al ONU. Y salta al cuello del Ministerio de Asuntos Exteriores, que en su documento dice que “España es hoy un país firmemente comprometido con los valores fundamentales (…) muy en especial los valores relativos a la dignidad humana, el estado de derechos, los derechos humanos…”. El Gobierno catalán añade: “¿Puede hablar seriamente de ‘retroceso de ética cívica’ quien ha sido condenado 77 veces por parte de instancias europeas e internacionales por infringir los derechos humanos?”.

El argumentarlo niega, por otra parte, que haya un órdago a España desde Cataluña. Ni desafío a la Constitución. Sólo “una sociedad madura, pacífica y democrática que pide estrechar sus lazos con España desde la libertad”.

En sus conclusiones, los dirigentes catalanes aseguran que “España es una realidad –una realidad entrañable, como la definió el president Jordi Pujol- y el Estado, otra. Desde el punto de vista catalán, ese Estado es muchos menos entrañable, pues actúa a menudo de una manera lesiva para los intereses de los catalanes”. Y concluye con un posicionamiento de fuerza: “Discutir la titularidad de las responsabilidades, o repartirlas equitativamente, es, a estas alturas, tan complejo como inútil. En este sentido, el Departamento de Presidencia de la Generalitat, amparado por la decisión de la mayoría absoluta del Parlament, considera que la única vía democrática para dirimir la cuestión es tan sencilla como consultar a los ciudadanos de Cataluña sobre su futuro”. O sea, referéndum sí o sí.