Estos son los otros siete cargos que el Tribunal de Cuentas cita por el 9-N

El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 25 de septiembre al expresidente de la Generalitat Artur Mas dentro de la investigación que tiene abierta para dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y, en su caso, reclamarle el dinero público que se gastó en aquella consulta, que podría superar los cinco millones de euros.

En concreto, el tribunal cita a Mas seis días antes del 1 de octubre, cuando está prevista una nueva consulta independentista en Cataluña. Junto al expresidente catalán, el Tribunal de Cuentas también investiga a su exvicepresidenta Joana Ortega, a la exconsejera de Educación Irene Rigau y al exconsejero de Presidencia Francesc Homs.

La lista la completan siete cargos que también participaron en la autorización de los gastos en el referéndum ilegal: Lluís Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana, Jordi Serra i Catalán y Jordi Vilajoana i Rovira.

Esta investigación, que el tribunal decidió activar el pasado 19 de julio, tiene su origen en una denuncia presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por considerar que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público, informa Europa Press.

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El procedimiento, en el que está personada la Abogacía del Estado, tiene como objetivo contrastar la denuncia de los colectivos catalanes para determinar las responsabilidades contables de Artur Mas y sus consejeros y, en su caso, reclamar su reintegro al Tesoro.

En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de cinco millones de euros. Entre dichos gastos estaban: construcción de una página web institucional (14.837,60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros), y envío de información (307.962,71 euros).