Funcionarios 'indepes' hacen un "inventario de daños" de Cataluña tras el artículo 155

Una asociación de funcionarios independentistas entregó este jueves al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, un extenso informe titulado ‘Inventario de daños’ que recopila las incidencias derivadas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y consiguiente intervención del Gobierno catalán. Lo que intenta el documento es “recoger en un solo lugar todos los daños sufridos por las instituciones y la sociedad catalana”. Y advierte de que su objeto es “servir al mismo tiempo como instrumento de denuncia, como herramienta al servicio de la información y la memoria colectiva y como mecanismo que pueda ser útil al próximo Gobierno legítimo de Cataluña”. Todo ello para subrayar que la intervención de la Generalitat “no es en absoluto ni legítima ni suave”.

El informe distingue entre tres tipos de daños: “Los daños que han afectado directamente a personas concretas; los perjuicios para las instituciones, los organismos y los órganos públicos objeto de supresión, disolución o intervención; y el resto de daños causados en términos de pérdida o paralización de iniciativas, de inversiones, de subvenciones o de otras actuaciones propias de las políticas públicas”.

El texto señala que 254 cargos de la Generalitat han sido cesados por la aplicación del 155, contando al personal del Diplocat (la agencia de la diplomacia exterior de la Generalitat) pendiente de confirmación. “Nos consta que la Administración del Estado ha vetado la selección de personas para cubrir puestos vacantes (interinajes, puestos de refuerzo), en particular de personas con vinculación de carácter eventual, integradas en los equipos de las consejerías, que habían quedado automáticamente cesadas como consecuencia del cese de las personas que las habían nombrado”. Lo que no especifica es que ese modo de proceder es el habitual en la Administración y que los cesados eran cargos políticos y sus asesores, por lo que si Madrid hubiese nombrado a otros cargos políticos, tendría que nombrar también a asesores de su confianza.

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El informe destaca también que han sido suprimidos 23 organismos de la Generalitat, entre ellos el Consejo Nacional para la Transición Nacional, las polémicas ‘embajadas’, la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno, la Comisión Interdepartamental para el Desarrollo del Autogobierno, la Comisión Especial sobre la Violación de los Derechos Fundamentales en Cataluña, el patronato Catalunya-Món, la Oficina del Presidente y la Oficina del Vicepresidente. Asimismo, se disolvieron dos organismos: el Parlament (lógico, ya que hubo elecciones) y el Diplocat, obviando que este es lo mismo que el Patronato Catalunya-Món, ya citado anteriormente. Por otro lado, sorprendentemente, apuntan a cuatro “organismos intervenidos: Presidencia de la Generalitat, Vicepresidencia de la Generalitat, Govern de la Generalitat y Administración de la Generalitat”.

Sin actividad parlamentaria

Aseguran los funcionarios independentistas, asimismo, que ha habido un “decaimiento de iniciativas legislativas en el Parlament”, cuantificando en 71 las iniciativas vigentes y no finalizadas de la anterior legislatura. Pero obvian, de nuevo, que el Parlament se formó el pasado mes de diciembre y que es precisamente la guerra fratricida entre Junts per Catalunya (JxCAT) y ERC la que mantiene paralizada la cámara legislativa.

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También acusan al Gobierno español de no tramitar 16 iniciativas legislativas que estaban en el ámbito del Govern, lo cual no deja de ser una normalidad política por cuanto el Gobierno español no ha de ser quien tramite esas disposiciones, sino el Ejecutivo surgido de las elecciones autonómicas. Asimismo, enumeran 26 “iniciativas reglamentarias decaídas”, entre las que se encuentran el proyecto de decreto del Consejo Nacional de LGBTI, el de Registro de Grupos de Interés o el proyecto de decreto del Reglamento de Turismo.

En un capítulo aparte, especifican la “indefensión jurídica y pérdida de acciones”. Así, recopilan 10 casos en este apartado, en el que vuelven a insistir en la supresión y disolución del Diplocat. “A nivel indirecto, habrá que tener presente los costos asociados a la gestión de la supresión, sobre todo teniendo en cuenta cómo se ha efectuado esta, sin seguir el procedimiento de supresión de los consorcios establecido legalmente en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, lo que comporta una situación de falta absoluta de seguridad jurídica”, dice el informe.

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También acusan al Gobierno de Madrid de la “imposibilidad de defensa jurídica de la Generalitat de las obras del Museu de Lleida adquiridas procedentes del Monasterio de Sijena”. Estas obras tuvieron que ser devueltas a Aragón en virtud de sentencia judicial. También consideran una “indefensión jurídica” la “no personación en la causa contra la violencia policial del 1 de octubre”, porque ello “impide la defensa de los intereses públicos bien en el resarcimiento del coste de los bienes destrozados por la violencia policial, bien en la depuración de responsabilidades”. Por otro lado, alegan “indefensión jurídica por la imposibilidad de presentar alegaciones contra la supresión de la Ley 15/2017 de 25 julio de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña”.

Informes “en castellano”

Los funcionarios independentistas critican, asimismo, el nombramiento de 12 cargos, aunque su cómputo es incorrecto: en realidad, solo hay seis altos cargos del Gobierno, ya que el resto de las personas que citan en el informe son asesores de los distintos grupos parlamentarios (incluido JxS) y no tienen nada que ver con la acción del Gobierno central ni de la Generalitat. Por el contrario, cargan contra el hecho de que “altos cargos de diversos departamentos han tenido que desplazarse a Madrid para recibir instrucciones a cargo de los presupuestos de la Generalitat”.

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Y destacan que existen “desajustes y duplicidades burocráticas en diferentes departamentos”. También echan en cara que ahora se hacen “informes complementarios (en castellano) y superfluos por parte de los funcionarios”. Y especifican sobre esto que “los trabajadores públicos han de elaborar informes que no estaban previstos en la normativa vigente y, en algunos supuestos, en relación a cuestiones sobre las que no habrían de informar”.

Otro de los daños colaterales, afirma el informe, es “la creación e implementación de programas y de aplicativos informáticos para que el Estado ejerza el control financiero, político y de oportunidad del gasto de la Generalitat”. Por otro lado, advierten los funcionarios de la pérdida de proyección institucional debido al cierre de las webs (del 'president', de las ‘embajadas’, del Diplocat o del Govern), o la cancelación de actos, como uno para asistir a la conferencia 'Ciudades y refugio' el 17 de noviembre o el veto al encuentro de regiones y ciudades en Bruselas.

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Respecto a la gestión económica, los funcionarios denuncian la fiscalización previa de los pagos del Gobierno, la autorización previa del Consejo de Ministros para las operaciones de endeudamiento, las suspensiones de algunas indemnizaciones o la reclamación del IVA de las ayudas públicas a TV3 y Catalunya Ràdio. En este sentido, denuncian también la “paralización del Plan Integral de Urgencias” y la de la aportación de la Generalitat (71 millones) al Consorcio de Educación de Barcelona, lo que afecta a la gestión de todos los centros públicos y de educación infantil.

El informe destaca que, en estos momentos, hay 92 expedientes en tramitación o pendientes de la firma definitiva. En materia lingüística, destacan que los documentos del Consejo de Ministros “se elaboran en castellano o se traducen”, lo que “vulnera la normativa catalana sobre la lengua en que se han de elaborar los documentos internos”. Se quejan, por otro lado, de que los funcionarios han de elaborar en castellano los documentos dirigidos “a las personas que sustituyen al Govern”. También aseguran que la traducción de los informes y notas internas genera un coste temporal y económico.

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Gastos del anterior Govern

En lo que respecta a recursos humanos, denuncian la paralización de la convocatoria de 500 plazas para Mossos d’Esquadra, el traslado de trabajadores en diversas consejerías (que no están cuantificados), la “rescisión de los contratos laborales de alta dirección de los delegados o representantes del Govern”, el despido de 20 trabajadores del Diplocat, la “censura a los trabajadores públicos y amenazas disciplinarias y de posibles responsabilidades penales”. En este sentido, especifican que los Mossos “retiran carteles y lazos amarillos de las consejerías. Los arrancaban de los despachos uno por uno”. También se ha retrasado la convocatoria para incorporar a 150 bomberos a la Generalitat.

En total, dicen los funcionarios, se han paralizado 33 grandes planes y programas y 12 actividades concretas, entre las que están la eliminación de boletines, la cancelación de una exposición o la cancelación de varios festivales. Se incluyen, asimismo, 23 paralizaciones de inversiones, 21 paralizaciones de subvenciones, ocho pérdidas de oportunidades económicas y 10 acciones de “daños de especial trascendencia”. Entre estos, cuentan los costes de mudanzas, la rescisión de los contratos de alquiler de locales, la paralización de la compra de chalecos antibala, la falta de munición de los Mossos (afectaciones que ya existían con el anterior Govern) o que “el artículo 155 encarece un 11,8% el precio del agua en el área de Barcelona”.

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El informe enumera, asimismo, 123 acciones de “vulneración de derechos fundamentales”, entre los que destacan que los Mossos “retiran carteles de las consejerías por orden de la Junta Electoral”, que retiran “lazos amarillos de las consejerías”, la “ruptura y no entrega de la carta que los servidores públicos del Departamento de Presidencia enviaron al consejero Turull mientras estaba en prisión preventiva”, “amenazas” a “dirigentes políticos, servidores públicos, miembros de los CDR y otras personas indeterminadas” con el anuncio de “ampliación de las investigaciones y querellas relacionadas con el referéndum”. Otra de las acciones de vulneran derechos fundamentales, afirman, es el “cierre temporal de la sede de la Delegación del Govern en Bruselas”.

El informe carga también sobre el Gobierno central el gasto de la policía autonómica el 1 de octubre, jornada del referéndum, casi un mes antes de aplicar el 155. Y denuncia, por el contrario, la adquisición a Repsol de un contrato de 50 millones de euros de combustible, ya previstos en el acuerdo marco de suministro de combustible. En el memorial de agravios se incluyen contratos adjudicados en agosto del año pasado, con Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Y, para colmo, se suman como agravios el suministro de material electoral del 21-D o la contratación de los servicios necesarios para ubicar el centro de recogida de datos el pasado 21 de diciembre, fecha en que se celebraron las autonómicas.

En total, se recogen 126 acciones “y decisiones políticas” que el Gobierno del Estado hizo “en sustitución del Govern de la Generalitat”, lo que implica “la adopción de decisiones políticas (priorizando unas actuaciones respecto a otras por razones de oportunidad política) que solo corresponde tomar a un Gobierno que cuente con el apoyo de la ciudadanía expresado en las urnas, como tocaría al Govern de la Generalitat legítimamente constituido”.