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Batet escuchará las reivindicaciones del Govern, pero apostará por un acuerdo
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Batet escuchará las reivindicaciones del Govern, pero apostará por un acuerdo

La ministra de Política Territorial avanza que se centrará en sellar un pacto político con un "consenso amplio" que represente a un "80 o a un 100%" de los catalanes

Foto:  La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, el pasado 27 de julio en La Moncloa. (EFE)
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, el pasado 27 de julio en La Moncloa. (EFE)

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, escuchará el próximo miércoles las reivindicaciones de la Generalitat catalana sobre la situación de los políticos presos, la autodeterminación o la negociación bilateral, pero defenderá la legalidad y la imposibilidad de darles cabida. En una entrevista que hoy publica 'La Vanguardia', subraya que "este acuerdo es el que debería someterse a votación".

"Nuestro marco constitucional no permite la celebración de un referéndum de autodeterminación", una "limitación legal evidente y clara", subraya Batet, que presidirá la parte de la Administración central que forma parte de la comisión bilateral Estado-Generalitat y que se reúne el 1 de agosto en Barcelona, después de no hacerlo durante siete años. En estos días ha insistido en que no hay nada que negociar sobre el referéndum de autodeterminación, que no está recogido en el ordenamiento jurídico español ni en el de ningún país democrático, ni sobre los presos, por la independencia de poderes y ha animado a la Generalitat a participar en los órganos multilaterales.

El Govern puso como condición previa para celebrar la reunión poder abordar la situación de los presos y derecho a celebrar un referéndum de autodeterminación, que se han incluido como "consideraciones" en el orden del día. En esos asuntos cada parte hará constar su posición, pero no habrá negociación. Sí la habrá sobre el resto de los puntos, como el informe sobre la situación de los traspasos de funciones y servicios pendientes o el análisis e intercambio de información sobre la conflictividad competencial planteada ante el Tribunal Constitucional.

Debatirán sobre inversiones en infraestructuras, transporte y el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto, relativa a invertir en Cataluña una cantidad proporcional a la que ese territorio aporta al PIB nacional. La aplicación de la legislación catalana y española en el ámbito educativo y lingüístico; la acción exterior de la Generalitat y medidas para reactivar los órganos bilaterales de cooperación serán otros de los asuntos.

La comisión bilateral está compuesta en la parte catalana por el 'conseller' de Exteriores y Relaciones Institucionales, Ernest Maragall; el 'vicepresident' y titular de Economia, Pere Aragonès; la 'consellera' de Presidència, Elsa Artadi; la secretaria general de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Mercè Salvat; y el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell. Por el Gobierno, junto a Batet, forman parte de la comisión los secretarios de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; Hacienda, Inés María Bardón; Infraestructuras, Pedro Saura; y Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, además de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.

Esta comisión, según el artículo 183 del Estatuto, constituye el marco general y permanente de relación entre los gobiernos, para, entre otras cuestiones, participar el Govern en el ejercicio de las competencias estatales que le afecten o intercambiar mecanismos de colaboración en las respectivas políticas públicas y los asuntos de interés común. Sus funciones son deliberar, hacer propuestas y, si procede, acordar sobre decisiones del Gobierno que incidan en sus competencias; mejorar la colaboración o seguir la política europea para garantizar la efectividad de la participación de la Generalitat en los asuntos de la Unión Europea.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, escuchará el próximo miércoles las reivindicaciones de la Generalitat catalana sobre la situación de los políticos presos, la autodeterminación o la negociación bilateral, pero defenderá la legalidad y la imposibilidad de darles cabida. En una entrevista que hoy publica 'La Vanguardia', subraya que "este acuerdo es el que debería someterse a votación".

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