Una asociación belga de Puigdemont tiene su sede catalana en un edificio de la Generalitat

Una de las asociaciones belgas que dan apoyo legal al Consell per la República que preside Carles Puigdemont ha instalado la sede de su filial catalana en un edificio de la Generalitat en Girona. Se trata de Catalunya Cultura i Progres AISBL, la entidad fundada por Joan Matamala, hermano del senador Josep Maria Matalamala. Más conocida como CATCiP, esta asociación es la que cobra los 10 euros a los independentistas para el registro ciudadano. Un registro que aspira a que miles de catalanes voten una Asamblea de Representantes de entre 100 y 150 miembros que opere como un órgano paralelo al Parlament y otorgue alguna legitimidad democrática a Puigdemont. El edificio donde se ha ubicado su sede es el denominado Hotel d’Entitats de Girona, situado en la calle Rutlla 20-22, según consta en el registro de CATCiP hecho ante la propia Generalitat y formalizado el pasado 15 de marzo.

El Hotel d’Entitats de Girona lo gestiona la Generalitat. El acceso al mismo es una decisión discrecional de la Generalitat, tal y como marca el Decreto 222/1996 que regula este tipo de centros, un modelo tipo 'coworking' de titularidad pública que gestiona la Administración catalana para cederlos a entidades sin ánimo de lucro con finalidades sociales.

Este hecho vuelve a contradecir las declaraciones de la 'consellera' de Presidència, Meritxell Budó, en el Parlament, donde aseguró el pasado mes de julio que “no hay ninguna vinculación directa [del Consell per la República] con el Govern de la Generalitat o con la financiación de los presupuestos de la Generalitat”. Y ahora resulta que la propia Generalitat acoge la sede de una de las asociaciones que articulan la operativa del Consell.

Fuentes oficiales de la Conselleria de Treball i Benestar Social, de la que depende el Hotel d’Entitats, han declinado hacer declaraciones al respecto. Otras fuentes han explicado que la petición de CATCiP incluye poder tener la sede social, contar con una dirección de correo y una sala de reuniones para usos esporádicos. Y que la misma empieza a ser efectiva a partir de este 2 de septiembre.

Parece difícil que Budó no supiese nada. CATCiP trasladó su sede en Bélgica a Waterloo, a la mansión donde reside Puigdemont, CATCiP encargó a Joan Matamala —como representante de la delegación en Cataluña de la asociación— que obtuviese el certificado digital de la Agencia Tributaria Española, para lo cual es requisito indispensable tener una dirección y una sede; y Meritxell Budó participaba en las reuniones del Consell per la República cada viernes, como desveló El Confidencial. Mientras CATCiP realizaba estos trámites con el Hotel d’Entitats, entre marzo y julio, justo Budó compaginaba de forma irregular ambos cargos.

CATCiP está presidida por Lluís Antoni Jaile. Jaile es el vicepresidente de la Fundació Llibreria Les Voltes, que preside Joan Matamala, a su vez fundador de CATCiP y representante legal de la delegación catalana de la asociación, tal y como consta en el registro de la Generalitat. Es decir, CATCiP y la Fundació Llibreria Les Voltes tienen los mismos representantes. Y en el caso de la delegación catalana, sede en la misma ciudad: Girona.

Anomalía

La presencia de CATCiP en el Hotel d’Entitats representa en muchos aspectos una anomalía: el Hotel d’Entitats es para asociaciones de interés social, que no tengan un marcado carácter político y que sufran tal carencia de fondos que su funcionamiento operativo devore sus pocos recursos. CATCiP incumple todos estos supuestos.

Al ocultar en sus estatutos sus objetivos independentistas, CATCiP ha aprovechado un vacío legal para usar recursos públicos de la Generalitat

Primero, el marcado carácter político. CATCiP tiene poco que ver con algunos de sus vecinos en el edificio, como la Associació Catalana d’Afectats per la Fibromialgia, la Associació Gironina de Sords, Associació de Diabètics de Catalunya, l’Associació de Bipolars de Catalunya o Fadesia, un colectivo de afectados por el alzhéimer, por poner algunos ejemplos. Parece que CATCiP ha aprovechado una triquiñuela legal para usar estos recursos públicos. Sus estatutos hablan de “proteger y difundir el patrimonio político catalán”. Ni siquiera se refiere a la independencia. Del mismo modo, se enmascara la creación del registro ciudadano en la frase: “Contribuye a la creación de herramientas prácticas (creación de base de datos, archivos, creación de foros de discusión, intercambio de estudios, actividades de investigación, desarrollo y vigilancia tecnológica, etc.) para facilitar intercambios con todo tipo de instituciones”.

Más de 690.000 €

Además, CATCiP no es una entidad sin fondos. Cobrando 10 euros por registro, según los datos del Consell per la República, ha ingresado más de 690.000 euros. Para alquilar un despacho en Girona da. Esa cifra la han pagado soberanistas particulares a cambio de un carné de identidad catalán, una identidad biométrica y una aplicación móvil que permita votar por teléfono a los más de 69.000 socios. Hasta ahora, no ha cumplido nada de lo comprometido, solo ha girado los recibos de los pagos. Tampoco se sabe qué ha pasado con los fondos porque no ha presentado cuentas en Bélgica.

En España, CATCiP organizó una rifa de arte por la república, que iba a ser exposición itinerante pero que apenas llegó a pasar por Bellcaire (Girona) y alguna otra localidad. Se sorteaban obras de arte entre los donantes, sin garantía de lo que obtuviese. Nunca ha explicado cuánto obtuvo por esa campaña.