Torra y Puigdemont se saltaron la ley para mantener sus contactos semanales

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su predecesor, Carles Puigdemont, se saltaron la ley para llevar a cabo sus reuniones semanales por videoconferencia. En concreto, la Ley de Transparencia de la propia Generalitat, ya que el Consell per la República no se ha registrado como 'lobby' ante la Administración catalana en el registro de grupos de interés, donde en este momento hay 3.407 entidades y colectivos inscritos pero ninguno que tenga que ver con el aparato político independentista organizado en Waterloo. Es decir, el organismo que más relación mantiene con el actual Govern opera al margen del marco legal que regula este tipo de interacciones.

El artículo 47 de dicha ley reza en su artículo 1.a) que se han de inscribir en dicho registro “las personas y las organizaciones que, independientemente de su forma o estatuto jurídico, en interés propio, de otras personas o de organizaciones, realizan actividades susceptibles de influir en la elaboración de leyes, normas con rango de ley o disposiciones generales o en la elaboración y la aplicación de las políticas públicas”. La influencia del Consell ha sido determinante a la hora de que la Generalitat apoyase el Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent presidido por Lluís Llach o en la creación de una identidad digital catalana a través del Blockchain tan parecida al registro ciudadano que se impulsa desde Waterloo.

Podría alegarse que jurídicamente el Consell per la República no existe, no tiene CIF ni número de identificación fiscal en Bélgica, pero sí cuenta con dos asociaciones belgas —CATGlobal y CATCiP— que dan cobertura legal a sus actuaciones. Pero tampoco ninguna de ellas se ha registrado como 'lobby', algo que CATGlobal sí intentó hacer ante la Comisión Europea, pero tuvo que desistir cuando la UE le pidió más transparencia.

Sin embargo, la no existencia jurídica tampoco eximiría a Puigdemont de cumplir esta ley catalana, ya que en el punto 47.b) de esta norma se determina que también están obligadas a registrarse “las plataformas, redes u otras formas de actividad colectiva que, a pesar de no tener personalidad jurídica, constituyen 'de facto' una fuente de influencia organizada y llevan a cabo actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Registro”. Es decir, que el Consell per la República carezca de identidad legal no lo exime del cumplimiento de esta ley.

Además, la actividad que ha estado desplegando el Consell encaja perfectamente en la que define el artículo 49 en su apartado segundo: “El Registro dará publicidad de las actuaciones de los grupos de interés, especialmente de las reuniones y audiencias mantenidas con autoridades, cargos públicos, miembros electos o diputados, y de las comunicaciones, los informes y otras contribuciones en relación con las materias tratadas". Pero en el caso del Consell per la República que preside Carles Puigdemont, nada de esto ha pasado porque se ha evitado el registro, pese a las numerosas reuniones con “autoridades y cargos públicos”.

Huyendo de la transparencia

Eludir el registro permite a Puigdemont operar con total opacidad respecto a su relación con la Generalitat. Y al no exigírselo, Torra y su Govern evitaron cumplir otro punto de esta ley, el 55 c), que obliga a “la transparencia de las actividades oficiales, de los actos y decisiones relacionados con la gestión de los asuntos públicos que tienen encomendados y de su agenda oficial, a los efectos de publicidad del Registro de grupos de interés, establecido por el título IV”.

Al evitar registrarse como 'lobby', Puigdemont ha podido mantener sus contactos con Quim Torra y la Generalitat dentro de la mayor opacidad

De manera que: hubo reuniones, muchas; con un grupo de interés, el Consell per la República; sin que este se registrase ante la Administración, y se mantuvieron dichos encuentros fuera de la agenda oficial del 'president' de la Generalitat. Todo al margen de la ley desde que arrancó la legislatura de Quim Torra.

El hueco de los partidos

La Generalitat no ha querido responder a las preguntas de El Confidencial sobre esta cuestión, limitándose a afirmar que la agenda de Quim Torra es pública. Pero habría un hueco en el actual marco jurídico: alegar que los contactos entre Torra y Puigdemont se han mantenido en el marco de dirigentes políticos del PDeCAT, partido político que da apoyo al Ejecutivo de Quim Torra, o JxCAT, la coalición electoral por la que se presentó, no en su calidad de presidente del Consell. Los partidos políticos tienen mucho margen de maniobra para interactuar con el Govern. Para empezar, no están obligados a registrarse como 'lobby'.

Sin embargo, eso implicaría reconocer que el Consell per la República no existe o carece de relevancia política. La cuestión también supone un importante agravio comparativo. La mayoría de las más de 3.400 entidades no son en realidad 'lobbies' sino agrupaciones excursionistas, 'collas castelleras' o entidades culturales que se inscriben para poder acceder a recursos de la Administración catalana. No es el caso de CATCiP, que disfruta de un local de la Generalitat para su delegación en Girona que le otorgó a dedo el director general de Acció Cívica, Bernat Valls, sin haberse apuntado al registro. De nuevo, doble rasero.