El drama de las ambulancias en Cataluña: pueden quedarse sin personal en días

Las principales empresas de ambulancias de Cataluña aprietan a la Generalitat y amenazan con expedientes temporales de regulación de empleo en el momento más crítico de la pandemia del coronavirus. Hace unos días, fue la mayor contratista de los servicios públicos, la multinacional Falck, la que presentó el expediente, que afectaría a 17 personas. La empresa, no obstante, tiene a 62 empleados de baja por coronavirus. La Generalitat ha conseguido que, de momento, retire el ERTE, a la espera de lo que pueda pasar.

Transports Sanitaris de Catalunya (TSC) es la segunda contratista del Govern y también tiene intención de despedir a gente. Una carta enviada a algunos de sus trabajadores, a la que ha tenido acceso El Confidencial, señala que el decreto de estado de alarma ha supuesto “el cierre de comercios, empresas y muchas actividades empresariales e industriales. Esta situación ha impactado directamente en la gestión de los contratos privados de transporte sanitario, al haberse suspendido por parte de nuestros clientes la prestación del servicio de transporte con ocasión del cierre de diferentes centros de salud privados y/ asistenciales que están incluidos dentro del ámbito de aplicación del citado decreto”. Otro de los motivos alegados es “la anulación masiva de servicios por parte de los pacientes y/o usuarios del servicio de transporte sanitario para acudir a dichos centros privados de salud”.

TSC anuncia, pues, que ha presentado “medidas temporales de regulación de empleo en el ámbito del centro de trabajo en el que usted presta sus servicios profesionales, con efectos del viernes día 20 de marzo de 2020”.

Fuentes oficiales de TSC, en cambio, negaron a El Confidencial que la compañía haya presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) formal, aunque reconocieron que hay 17 trabajadores afectados que no están trabajando en estos momentos pero que están a la espera de saber si pasan a suplir a otros empleados que trabajan en la sanidad pública. Esa situación se debe al cese de algunas actividades en determinados servicios a entidades privadas.

Ambulàncies Egara, que presta servicios en el sur de Cataluña, por su parte, anunció a sus empleados que mantiene la plantilla, pero anuncia que quiere hablar del tema para renegociar con el comité de empresa el trabajo a realizar, lo que hace temer que pueden producirse novedades.

Una cuestión de dinero

La embestida de las grandes compañías que tienen los contratos del transporte sanitario es calificada por los sindicatos de un gran acto de insolidaridad. Y además se da en grandes consorcios que cobran de las arcas públicas decenas de millones de euros al año (Falck, por ejemplo, se embolsa unos 100 millones por ejercicio, mientras que TSC puede llegar a los 70 millones).

“Lo que hacen con la presentación de los expedientes es aumentar su beneficio -señala a El Confidencial Samuel López, responsable de la sección sindical de CGT en Ambulàncies de Catalunya-. Si envían a 40 o 50 trabajadores al paro, a cobrar del erario público con un ERTE, es lo que se ahorran, ya que ellas siguen cobrando el contrato que tienen con la Administración y, en cambio, no pagan esos salarios. Es una vergüenza. La Generalitat debe exigir que mantengan un compromiso social”.

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Un comunicado de este sindicato denuncia que “desde el punto de vista contable, según la Ley de Contratos Públicos 4/2017, todo servicio anulado por la Administración se compensa con el pago de loa salarios de la plantilla y un 3% de margen. No hay ningún motivo para hacer un ERTE”. En este caso, supuestamente, se anularían los contratos privados, pero la carga laboral de esos contratos pasa a las espaldas de la Administración, con lo que las compañías no se verían afectadas aunque bajen sus pedidos.

López explica que casi el 50% de las plantillas de estas empresas está de baja por la pandemia. “Y posiblemente llegaremos al 80% de bajas, ya que es un sector donde el contagio se realiza a velocidad de vértigo”. El sindicato denuncia que “se están haciendo transportes de diálisis amontonando pacientes en una misma ambulancia, o incumpliendo las normas de prevención para evitar contagios. No quieren poner más ambulancias, las quieren paradas para maximizar beneficios”. Además, subraya el fuerte incremento en las bajas que se prevé en un futuro próximo tensionará en extremo el transporte sanitario tanto en Cataluña como en el resto del estado. Como mínimo, es una grave irresponsabiidad enviar a trabajadores sanitarios al paro”.

Samuel López señala que “lo que deberían hacer las compañías es pasar el personal del servicio no urgente o del privado al servicio urgente, para cubrir las bajas que se vayan produciendo. En caso contrario, nos podemos encontrar con que a corto plazo no haya gente que pueda llevar las ambulancias. O se puede provocar el caos al no tener personal o tener que contratar trabajadores sin titulación o en precario”.

La consejera mete miedo

Por su parte, Àngels Balliu, representante de CCOO en el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) explica que los planes del Govern para hacer frente a la situación “nos ponen los pelos de punta”. La consejera de Salud, Alba Vergès, anunció que la Generalitat echará mano de jubilados y de recién licenciados o estudiantes para cubrir los servicios básicos. “Es una barbaridad llevarlos al SEM, ya que los jubilados son una población de riesgo. Está bien que se destinen a determinadas plantas de hospitales para reforzar las plantillas, así como a determinadas tareas, pero en las ambulancias es más serio por el riesgo de contagio y la carencia de quipos de protección”, señala la dirigente de Comisiones.

Y ello por dos motivos: las unidades asistenciales son las que van a domicilio, donde estarán en contacto directo con posibles contagiados. Y en la central de coordinación, la sala está desbordada y es difícil mantener un mínimo aislamiento. En cuanto a las ambulancias, hay tres tipos de vehículos: los de Intervención Rápida (VIR), donde va un médico y un técnico; las Unidades de Soporte Avanzado Medicalizado, donde va un médico, una enfermera y un técnico; y los vehículos de Soporte Vital Avanzado, con enfermera y técnico, que pueden pedir una unidad de apoyo con médico o recibir apoyo desde la central.

“En cualquier caso, si va personal no experimentado, el servicio puede resentirse. Es muy fácil que si en una planta de hospital hay personal recién licenciado o que aún está estudiando, le pueda ayudar el personal que está allí y que tiene experiencia. Pero en una ambulancia, que es la que acude a los sitios críticos, ese apoyo no existe y por eso el servicio podría resentirse. Por eso nos preocupan las palabras de la consejera, porque si tenemos en cuenta estas situaciones es difícil que personal con poca experiencia nos pueda ayudar. De momento, no obstante, el SEM va saliendo adelante gracias al sobreesfuerzo que hace su personal”, explica Àngels Balliu.

Estas consideraciones no son gratuitas: las normas de la Administración dictan que para trabajar en el SEM se ha de tener “una experiencia mínima de 5 años para enfermeras y 2 para los médicos en servicios de Urgencias o UCI”. Y, evidentemente, ni un recién licenciado ni un estudiante de último curso tienen esa experiencia. Si las bajas se disparan, pues, Cataluña va a tener otro problema de primera magnitud.