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La Generalitat se salta su ley de Agencia de Salud Pública y oculta su grupo de expertos
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Sin expertos oficiales, tira de amiguetes

La Generalitat se salta su ley de Agencia de Salud Pública y oculta su grupo de expertos

Tras violar su propia normativa, la Administración catalana oculta los mismos estudios que reclama a Pedro Sánchez, también oculta qué expertos le asesoran y actúa sin un comité científico

Foto: Fotografía facilitada por la Generalitat de Quim Torra. (EFE)
Fotografía facilitada por la Generalitat de Quim Torra. (EFE)

Quim Torra le pide a Pedro Sánchez los informes técnicos en los que se basa volver a algunas actividades económicas hoy mientras oculta los que a su Gobierno autonómico le recomiendan lo contrario sobre el desconfinamiento por el coronavirus. En su carta a Sánchez para que se prolongue el actual “confinamiento duro” hasta finales de abril, Torra reclama al presidente español: “Le solicitamos que nos envíe los informes sanitarios y epidemiológicos de que dispone el Gobierno de España, para levantar las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 10/2020”. Sin embargo, la Administración catalana oculta esos mismos estudios, se niega a explicar qué expertos le asesoran y no ha creado un comité científico que le asesore en esta crisis. Todo ello porque se ha saltado de manera flagrante una ley de la propia Generalitat, la Ley 5/2019, de 31 de julio, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que firmaron el propio Torra y la consejera de Salud, Alba Vergès, y que entró en vigor el 31 de julio de 2019.

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La de Salud Pública fue una de las dos únicas leyes que ha aprobado Torra en esta legislatura. En su disposición final, daba a la Generalitat seis meses para desarrollar el reglamento y aprobar los estatutos de la agencia. Pero no se hizo y ahora ha llegado la pandemia y no hay nombrado ni director. Tampoco se ha creado el Consejo Asesor en Salud Pública, que entre otras potestades tenía previsto “emitir los dictámenes sobre aspectos relacionados con la salud pública que le encomienda el Consejo Rector”. El incumplimiento de esta ley ha dejado la Generalitat con las defensas bajas. Este diario ha preguntado a la consejería sobre el papel de la agencia y el consejo asesor, pero no ha respondido.

Incluso había un proyecto de decreto para crear “el Comité Científico Asesor de Enfermedades Transmisibles Emergentes de Alto Riesgo y el Comité de Análisis y Seguimiento de Enfermedades Transmisibles Emergentes de Alto Riesgo”, pero dentro de la desidia legislativa de este mandato se quedó en eso, en proyecto. Entre sus funciones, estaban “asesorar en materia de evidencia científica sobre enfermedades transmisibles emergentes para la salud, a fin de anticiparse a las situaciones epidémicas que se puedan presentar en un futuro, y proponer la creación de grupos técnicos específicos de trabajo en función de las enfermedades a analizar”.

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Fotografía de cuando se creó el Consell de la Salut de Cataluña el 13 de septiembre de 2018.

Alba Vergès, sin embargo, sí creó un Consejo Asesor de la Salut, de ámbito más general, que está regulado por el decreto 261/2000 y que además de poder elaborar dictámenes tiene la potestad de “constituir comisiones de trabajo bajo la responsabilidad del vocal que se designe a estos efectos cuando las tareas que tenga encomendadas lo requieran. Asimismo, podrá proponer al consejero de Sanidad y Seguridad Social el nombramiento de colaboradores especiales, si es necesario”. Con 3.442 muertos por coronavirus, parecería necesario que el único ente asesor que sí está creado y operativo se pronunciase o se pusiese a trabajar. Pues tampoco. El último dictamen de este Consejo Asesor de Salut es de octubre de 2019 y se titula 'Orientaciones sobre el modelo de atención a las personas con necesidades sociales y sanitarias'. Se ha contactado con el presidente del consejo, el traumatólogo Manel Balcells, quien ha evitado responder. La Consejería de Salud no ha atendido tampoco las preguntas sobre el papel de este organismo, las veces que se ha reunido desde el 1 de marzo y su función en esta crisis.

Los atajos de Torra

En medio de este desconcierto, Torra ha tomado el control y ha tirado de atajos. Siempre habla del “grupo de expertos que asesora a la Generalitat”, pero nunca lo identifica, ya que su Administración ha evitado nombrar un comité científico, algo que sí ha hecho el Gobierno español. La razón estriba en que el principal asesor de Torra, el doctor Bonaventura Clotet, desconfía del secretario de Salut Pública, Joan Guix. Torra nombró asesor presidencial al protegido de Bonaventura Clotet, el infectólogo Oriol Mitjà, a espaldas de Vergès para que dirigiese los patrones del desconfinamiento, según explican fuentes de la consejería. Y en medio de este caos, la Generalitat se niega a revelar de manera oficial quién más la asesora ni hace público los informes en los que basa decisiones tan polémicas como el confinamiento perimetral de más de 66.000 personas en Igualada.

placeholder La paella fundacional en casa de Pilar Rahola en agosto de 2016. El círculo rojo señala a Bonaventura Clotet.
La paella fundacional en casa de Pilar Rahola en agosto de 2016. El círculo rojo señala a Bonaventura Clotet.

Bonaventura Clotet es un reputado experto en enfermedades infecciosas. En los últimos años, ha virado políticamente hacia el soberanismo y acudió a Cadaqués para participar en la paella fundacional con Carles Puigdemont en casa de Pilar Rahola en agosto de 2016. Del grupo informal que asesora a Torra, Clotet es el más influyente. Astutamente, Clotet ha dejado al joven Oriol Mitjà de pararrayos. Mitjà es el único asesor designado de manera oficial y sobre sus espaldas recaerán los aciertos o errores que pueda cometer la Generalitat. Pero no es el único: Torra reveló en una entrevista en RAC-1 el grupo con el que consultaba. Además de Clotet y Mitjà, también está el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, muy polémico por posicionar el colegio a favor del independentismo en 2017 y que asistió a los presos del 'procés' en su breve huelga de hambre. Otro de los consultados es el epidemiólogo del Clínic Antoni Trilla, miembro oficial del comité científico del Gobierno español, y que desveló que no les habían consultado la decisión de que la industria volviera al tajo.

Sin comité científico

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En todo caso, como todo este asesoramiento es informal, ninguno de ellos, salvo Oriol Mitjà, asumirá responsabilidad alguna sobre nada. Tampoco les entusiasma, dado el clima de enfrentamiento con ERC. Se asegura en medios políticos que en este momento republicanos y JxCAT serían incapaces de poder pactar los nombres de un comité científico sin abrir una nueva batalla política en un Govern en crisis, al que el propio Torra ya había puesto fecha de caducidad. Por eso, la Generalitat oculta los estudios que maneja y evita dar nombres.

Sin embargo, sí que hubo un precedente de epidemia en el que la Generalitat sí creó un comité científico. Fue en noviembre 2014, y lo presidía Antoni Trilla, bajo el nombre de Comité Científico Asesor para el ébola. Si se hizo entonces, no se justifica por qué no se hace ahora que hay más de 3.400 muertos reconocidos por el coronavirus en Cataluña. En la crisis del ébola en España solo murió un perro. Y lo sacrificaron las autoridades en Madrid.

Quim Torra le pide a Pedro Sánchez los informes técnicos en los que se basa volver a algunas actividades económicas hoy mientras oculta los que a su Gobierno autonómico le recomiendan lo contrario sobre el desconfinamiento por el coronavirus. En su carta a Sánchez para que se prolongue el actual “confinamiento duro” hasta finales de abril, Torra reclama al presidente español: “Le solicitamos que nos envíe los informes sanitarios y epidemiológicos de que dispone el Gobierno de España, para levantar las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 10/2020”. Sin embargo, la Administración catalana oculta esos mismos estudios, se niega a explicar qué expertos le asesoran y no ha creado un comité científico que le asesore en esta crisis. Todo ello porque se ha saltado de manera flagrante una ley de la propia Generalitat, la Ley 5/2019, de 31 de julio, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que firmaron el propio Torra y la consejera de Salud, Alba Vergès, y que entró en vigor el 31 de julio de 2019.

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