La Sindicatura detecta irregularidades de Borràs cuando estaba en la Generalitat

La líder de JxCAT en el Congreso, Laura Borràs, llevó una desastrosa gestión de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo que depende de la Consejería de Cultura, entre 2015 y 2018, cuando abandonó su cargo para ser consejera en el Gobierno de Quim Torra. Ya no es solo un juzgado o una investigación de los Mossos d’Esquadra: ahora el informe aprobado por la Sindicatura de Cuentas viene a confirmar algunos de los extremos por los que Borràs ha sido acusada y que ella atribuye a una “operación de las cloacas del Estado” (cuando fueron los Mossos, que dependen de la Generalitat, los que investigaron sus irregularidades). El Tribunal Supremo decidió abrir causa contra ella.

En los documentos que obran en la causa, queda meridianamente claro que Borràs benefició a su amigo Isaías Herrero con contratos fraccionados que sumaban un total de 260.000 euros. En conversaciones telefónicas y mensajes cruzados, se pudo comprobar cómo ella en persona ayudaba a Herrero a preparar facturas falsas con las que cobrar luego de la Administración a través de tres empresas pantalla. En un auto de la magistrada barcelonesa que comenzó a investigar el caso (hasta que pasó al Supremo, ya que Borràs es aforada), entre 2013 y 2018, la actual portavoz de JxCAT “abusó de su función y adjudicó de manera directa o indirectamente de manera arbitraria todos los contratos de programación informática”. Y concluye que “los importes fijados en los presupuestos y las facturas finalmente giradas a la ILC obedecían a un acto ilícito de enriquecimiento y en perjuicio del patrimonio público”.

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El informe de la Sindicatura no es tan detallista, pero viene a decir lo mismo. Su investigación también se reduce al año 2017, aunque hay continuas referencias al periodo de 2016 a 2018, cuando ella ejercía como directora del ILC. “Del análisis de los contratos menores del periodo 2016-2018, se desprende que a cinco adjudicatarios se les adjudicaron contratos menores sucesivos en los que la Sindicatura considera que se incumplió el artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público y que, en consecuencia, hubo un fraccionamiento de la contratación”.

Uno de esos adjudicatarios era su amigo. Había también dos personas físicas y dos empresas en esa relación de adjudicaciones sospechosas. Otro de los beneficiados fue Oriol Ponsatí-Murlà, sucesor de Borràs al frente de la ILC. Ponsatí fue también uno de los beneficiarios, y normalmente era contratado como comisario de eventos organizados desde la institución (cada comisario cobraba por evento entre 10.000 y 15.000 euros). Respecto a estas contrataciones, la Sindicatura ha detectado que “los honorarios de dirección de los comisarios de los actos conmemorativos y de los espectáculos de la feria de espectáculos literarios (Litterarum) abonados en 2018 no habían sido aprobados por la junta de gobierno de la ILC”.

Reacción del círculo de Borràs

Además, indica que “los pagos realizados a los autores participantes en los programas ‘Letras en las aulas’ y ‘Letras en vivo’ no son gastos de servicios y suministros, sino subvenciones concedidas a los centros participantes en los programas, que se han otorgado sin seguir el procedimiento establecido en la normativa de subvenciones”. Solo en el programa ‘Letras en vivo’, se pagaron unos 40.000 euros en el ejercicio 2018.

El informe ha sabido a cuerno quemado tanto en el Govern como en el círculo cercano a Borràs. Su abogado, Gonzalo Boye, ha hecho una lectura diametralmente opuesta a lo que señalan las conclusiones del informe y anunció que lo aportará como prueba ante el Supremo “para acreditar que no se ha cometido delito alguno”. Según la tesis de los defensores de Borràs, el informe de la Sindicatura no dice explícitamente que el fraccionamiento de los contratos sea delito (cosa, por otra parte, que no corresponde a los síndicos valorar).

En sus recomendaciones, la Sindicatura pide revisar programas para adecuar su tramitación a la normativa vigente, gestionar bases de datos de autores que se ajusten a la ley y “tramitar los procedimientos de contratación idóneos, ya que la utilización del contrato menor supone una excepción de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad”. Aunque acusa a la dirección de la ILC de vulnerar los artículos citados, no va más allá y no califica esa vulneración: simplemente, como en otros casos, lo expone en el informe. Luego, ha de ser el Parlamento quien apruebe el informe y, en su caso, decida si se judicializan las irregularidades.

En este sentido, es de destacar que todas las adjudicaciones fueron realizadas mediante contratación menor, lo que deja a la discreción de la cúpula de la institución la adjudicación de los contratos y son sus directivos los que deciden a quién benefician en lugar de abrir concursos públicos para que todos los interesados puedan optar a contratar con la Administración. De esta manera, es mucho más fácil repartir el dinero público entre bolsillos amigos.

En cambio, el actual director del ILC, Oriol Ponsatí, carga contra la Sindicatura y la acusa de no recoger las explicaciones de su institución. “No parece que la Sindicatura se haya tomado la molestia de leerse el pliego de alegaciones que desde la ILC presentamos a su informe. Solo el síndico E. F. responde a una sola alegación que no comparte el pleno. Y, además, se equivoca. Quizás hemos de solicitar…”, soltó por Twitter. Y tras ese texto, pone un emoticono de una mano con el índice apuntando hacia abajo.

Lo cierto es que en un escrito a la Sindicatura, Ponsatí-Murlà se queja de que era imposible saber si los contratos habían sido fraccionados. “Todos ellos fueron ejecutados siguiendo de manera estricta lo que prevé la Ley 5/2017 en materia de recurrencia de contratación menor”, dice su carta a la Sindicatura. Justamente lo contrario de lo que uno de los beneficiados, Isaías Herrero, se vanagloriaba de haber conseguido. Además, señala que aunque hubo contratos adjudicados a la misma persona, fue en ejercicios diferentes y, a veces, por trabajos diferentes.

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Respecto a los dos contratos de 2016 y 2017 que el propio Ponsatí-Murlà tenía por el mismo concepto (justamente antes de sustituir a Borràs), reconoce que exceden “en 800 euros” el límite de los contratos menores pero que, aunque lleven el mismo concepto (‘comisariado Año Bertrana’), “ambos contratos definen una relación de servicios perfectamente diferenciados: el primero, de programación y previsión de actuaciones previas al inicio de la conmemoración; y el segundo, de ejecución de una serie de tareas durante la conmemoración, de tal manera que, aunque en el conjunto de tareas desarrolladas tengan relación directa con el encargo del comisariado del Año Bertrana, ya que no hay coincidencia en el encargo de tareas del primer contrato y del segundo, se habrían de poder conceptualizar perfectamente como contratos del todo independientes. Por tanto, no nos parece sostenible que se haya incumplido la normativa de contratación pública”. Esta curiosa explicación de lo que es un troceamiento de contrato no fue aceptada por la Sindicatura.

Más irregularidades

Pero las irregularidades no se limitaban solo a los contratos troceados o a subvenciones encubiertas: “La Sindicatura no considera suficiente la justificación de la ILC para contratar el servicio de moderación del Foro Pluma que Lees —según la cual se pidieron tres ofertas y se adjudicó a la más económica—, ya que las ofertas no tienen registro de entrada y la oferta de la empresa adjudicataria es de fecha posterior a las otras dos ofertas presentadas”. Se deja entrever, por tanto, que fue hecha ‘a medida’ con posterioridad para poder justificar la adjudicación

Y hay más: “A 31 de diciembre de 2018, el resultado del ejercicio y los resultados de ejercicios anteriores estaban sobrevalorados en 268.703 euros y 759.690 euros respectivamente, y el pasivo corriente estaba infravalorado en 1.028.393 euros”. Es decir, los activos sobrevalorados y las deudas minusvaloradas.

El permiso de ocupación temporal gratuito de la sede de la ILC finalizó el 16 de diciembre de 2017 y, a 31 de octubre de 2019, no se había renovado aún

Un dato curioso es que el permiso de ocupación temporal gratuito de la sede de la ILC finalizó el 16 de diciembre de 2017 y, a 31 de octubre de 2019, no se había renovado todavía, por lo que el organismo ha estado dos años de 'okupa'. A este respecto, se ha de señalar que el edificio pertenece a la misma Generalitat, lo cual no obvia de la obligación de legalizar la ocupación del mismo, tanto de cara a las cuentas como a la situación jurídica del Govern y de la propia ILC. La cúpula del organismo ha tomado nota de esta irregularidad y ha dicho a la Sindicatura que “se ha realizado el trámite para obtener la renovación del permiso”.

Tampoco existe ningún inventario completo ni hay seguro alguno sobre el inmovilizado material de la institución. Ante ello, el pasado 2 de febrero se iniciaron gestiones para llevar a cabo el inventario, realizarlo con un modelo homologado y ampliar la póliza actualmente vigente, suscrita en septiembre de 2017, para que cubra la totalidad del inmovilizado.