El Segrià se rebela contra el Govern por el descontrol en la gestión de los rebrotes

La crisis sanitaria del coronavirus escala sin control en Cataluña. Ante los más de 800 nuevos positivos confirmados este domingo, el Govern anunció para disgusto y preocupación de comerciantes, colectivos y residentes que los más de 159.000 vecinos de Lleida capital y otros siete municipios de la comarca de Segrià volvían a situación de confinamiento domiciliario. Sin disimular indignación ante lo que describen como el más notorio caos registrado en el país desde que la pandemia comenzó, la pregunta que reverberaba en todos los corrillos digitales era: "¿Por qué ha ocurrido esto en Lleida y su comarca?".

Al malestar y la ira que ha desencadenado el anuncio del confinamiento se suma otro sentimiento: el miedo. Las ya resentidas economías familiares que han sobrevivido a la primera de las embestidas del coronavirus temen que su suelo termine de ceder ante la resolución de Torra. Por las redes sociales corrían en la noche de este domingo varios vídeos en los que se mostraba a ciudadanos increpando al alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, entre otras personas. El mismo viernes, una de las regidoras de su grupo, Sandra Castro, reconocía que eran muy conscientes del enfado de la ciudadanía y de la impopularidad de las soluciones que han ensayado.

“Un pequeño comerciante comentaba hace unos días que ha aguantado el primer choque, pero ya nadie está seguro de que puedan hacer frente al segundo”, aseguraba el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Lleida, Pere Enciso. “Lo que está sucediendo es un drama para los bares, restaurantes y pequeños negocios que viven al día. Han desaparecido también los ahorros de las pequeñas economías domésticas. O inyectan dinero o mucha gente va a pasarlo mal, y ya hemos visto lo eficientes que han sido con las ayudas hasta ahora. Hay personas que todavía no han cobrado los ERTE de hace cuatro meses. El drama está llamando a muchas puertas, yo diría que a la mayoría de las puertas, lo que explica que haya enfado, indignación, inseguridad y desconcierto”.

A última de hora del domingo, en torno a trescientas personas se concentraron en la plaza Ricard Vinyes en contra de las medidas al grito de "fuera Torra" y "Lleida no se toca". Se ignora quién convocó este acto a través de las redes sociales, pero entre los presentes, había representantes de las principales asociaciones de comerciantes de la ciudad, los mismos que algunos días antes habían asegurado que se levantarían “en armas” en el supuesto de que el Ejecutivo catalán optara por el confinamiento domiciliario. De acuerdo a sus estimaciones, en torno a un 40% de los comercios darían el cerrojazo definitivo, en el supuesto de que este se prolongue durante el tiempo preciso.

Se mantiene, como hasta la fecha, la obligatoriedad del uso de la mascarilla y la prohibición de reuniones de más de diez personas. Se permitirá la apertura de las tiendas, pero solo puede acudirse a ellas mediante cita previa. Se autorizan asimismo los desplazamientos laborales y para ir al médico, así como las mudanzas. En realidad, el Ejecutivo catalán se ha referido de manera eufemística a las nuevas medidas que ha impuesto como “preconfinamiento”, lo que pretende sugerir que es una versión “blanda” de la cuarentena impuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez la pasada primavera.

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Lo verdaderamente sorprendente, a juicio del portavoz de Marea Blanca, Gerard Sala, es que la consejera de Salud, Alba Vergés, ha anunciado un paquete de restricciones, pero ninguna medida sanitaria. “Hoy me decía un trabajador de la agencia de Salud Pública que cuando alguien se pone de baja no cubren las vacantes. Es una irresponsabilidad tremenda. Después me llama una enfermera y me dice que están desbordados. Se está tardando ahora mismo 72 horas en conocer los resultados de los PCR porque, al parecer, se ha producido un cuello de botella en los laboratorios”.

Errores en la gestión

En opinión de Sala, ni se han puesto sobre la mesa medidas para reforzar la salud pública, ni para mejorar las inspecciones de trabajo y de salud. “Está claro que algo se ha hecho mal en relación con el rastreo y prevención de las empresas de alto riesgo”, dice. “No han reforzado ni la atención primaria, ni la vigilancia epidemiológica o los sistemas de rastreo. Pero aún hay algo más, pocas veces hemos tenido más claro cómo las condiciones sociales de la población pueden influir en la salud. Tampoco se ha hablado de medidas sociales en la hora y tres cuartos que ha durado la comparecencia pública”. El portavoz de Marea Blanca cree se ha cargado sobre los hombros de la gente la responsabilidad de hacer frente a esta crisis sanitaria.

Entre las incertidumbres de los residentes de los municipios afectados está, por supuesto, el futuro de los miles de jornaleros que trabajan en la campaña de la recogida de la fruta dulce. Si la Paeria, la Generalitat y el resto de las Administraciones tienen algún plan, no lo han dado a conocer aún. “El Ayuntamiento, por ejemplo, no ha aclarado todavía qué va a hacer con los trabajadores que ha albergado en el pabellón de la Fira”, asegura una portavoz de la plataforma Fruita amb Justìcia Social, Gemma Casal. “Hasta la fecha, les hacían salir desde las ocho de la mañana hasta la tarde. ¿De verdad querrán esos trescientos jornaleros quedarse encerrados todo el día?”.

Todo apunta, a su juicio, a que se avecina una cascada de conflictos que podría agravar aún más ambas crisis: la sanitaria y la social, que se ha larvado en parejo. “Los trabajadores de la fruta se están poniendo enfermos y no hay sitio para confinarlos de manera apropiada, y menos todavía a quienes hayan estado en contacto con ellos. Recordemos, a este respecto, que acostumbran a dormir veinte personas en pequeños espacios. ¿Dispone Sanidad o el Consell comarcal de suficientes alojamientos para responder a esa contingencia? ¿Y qué sucederá, por otra parte, con esos jornaleros sin recursos que están cayendo enfermos? ¿Les pagarán la baja?”, añade.

Casal cree, además, que se trata de una bomba de relojería que podría estallar en el resto del país. No se han articulado protocolos apropiados hasta la fecha para rastrear contagios y hay una eventualidad que, a su juicio, debería ser considerada ya. “Si ahora no se resuelve este problema de manera apropiada, este se trasladará al resto del país, porque después de las campañas de la fruta dulce, viene la vendimia, en la Rioja y el Penedés, el cítrico del Levante o la aceituna”, añade.

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Semejante eventualidad podría, en su opinión, dar aún más alas al racismo que ha cobrado fuerza ya estos días, como consecuencia de la crisis de los temporeros. En tal sentido, Casal llamaba este domingo la atención sobre unas declaraciones realizadas a Lleida TV por un responsable de la asociación de comerciantes de la zona alta. “Lo que dijo —asegura— es que no se puede cerrar la restauración y la hostelería, salvo en los casos de los 'temporeros inmigrantes e ilegales' que se escapan por todos los sitios y tienen el virus”.

Poco antes de la medianoche de este domingo, Lleida Radio revelaba que la Fiscalía de la ciudad de Lleida también se oponía al confinamiento de los municipios dictaminado por el Govern, aduciendo que es solo una forma de eludir la aplicación del estado de alarma. La fiscalía alegaba que la resolución parecía “una copia del Real Decreto del estado de alarma”, solo que “agrava todavía más su contenido y consecuencias”. La justicia ha avalado la posición de la fiscalía y ha tumbado el plan de Torra. La jueza define como "pobres" los datos epidemiológicos aportados por el Ejecutivo catalán y afirma que la Generalitat no puede tratar de sustituir el estado de alarma. Le toca al Govern mover ficha.