La Generalitat ratifica la semilibertad de los presos y participarán en campaña electoral

El Departamento catalán de Justicia ha vuelto a conceder el tercer grado a los líderes independentistas presos, con la excepción de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell —todavía pendiente de resolución—, a los dos meses de que el Tribunal Supremo se lo revocara. Lo hace 24 horas antes del inicio de la campaña electoral del 14-F lo que garantiza la presencia de Oriol Junqueras y el resto de políticos que cumplen condena firme por sedición y malversación en los actos programados por sus diferentes partidos.

Según ha informado el Departamento de Justicia en un comunicado, la Secretaría de Medidas Penales ha avalado el régimen de semilibertad que las cárceles propusieron para los presos del 'procés', cuando la mayoría de ellos tienen ya cumplida una cuarta parte de la pena o están a punto de hacerlo, lo que les da derecho a permisos ordinarios. Comenzarán a disfrutar de esta nueva semilibertad decidida por el Govern solo unas semanas después de que el Supremo desactivara la anterior progresión en grado concedida.

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La 'conselleria' que dirige la republicana Esther Capella ha concedido en concreto la semilibertad a 'los Jordis', a los 'exconsellers' Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull —que desde este viernes solo deberán pernoctar en la cárcel de lunes a jueves—, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral y sin apurar el plazo máximo de dos meses que tenía para pronunciarse, que expiraba el 14 de marzo.

Según explica el departamento de Capella, de ERC, todas las resoluciones adoptadas son el resultado "de un análisis individualizado" y que apoyan en el mayor tiempo transcurrido respecto a la anterior concesión. "Han completado medio año más de pena y en estos seis meses todos se sitúan en torno a los tres años internos en los centros penitenciarios", lo que les coloca, en su mayoría, en el cumplimiento de una cuarta parte de sus penas.

El Servicio de Clasificación considera que ese lapso es "suficiente" para confirmar una evolución positiva y recuerda que todos los afectados han disfrutado con anterioridad de un régimen flexible sin que se hayan producido incidentes y con una evidente reinserción sociolaboral y un firme mantenimiento del vínculo familiar. También recuerdan que el tercer grado es una forma de cumplimiento de la condena que no supone un incumplimiento de la sentencia.

Favorecer una "mayor autonomía"

La Generalitat pone también el acento en la participación de los presos en actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos. Por todo ello, y con el objetivo de "favorecer y consolidar el itinerario de reinserción laboral en el ámbito privado de los afectados, el Servicio se ha inclinado —explica— por concederles un régimen de "mayor autonomía". En la decisión, que se opone al reciente criterio del Supremo, han participado cinco juristas y cinco psicólogos a los que se suman una decena de miembros de las juntas de tratamiento, precisa el Govern.

El pasado 4 de diciembre, el Supremo desactivó el primer intento de conceder semilibertades a los presos del 'procés'. Sus argumentos de entonces son válidos para ahora, cuando solo han pasado 50 días desde el auto que dictó. En él, los magistrados aseguraban que estos beneficios penitenciarios son prematuros y que es necesario que transcurra más tiempo de cumplimiento de sus condenas. Ninguno ha cumplido la mitad, indicaba el auto.

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Ya en ese escrito, se llamaba la atención sobre los peligros de abusar de la política penitenciaria en beneficio de los presos del 'procés'. Los jueces del alto tribunal reprochaban a la administración penitenciaria su distanciamiento "de los principios y garantías que informan la ejecución de las penas de prisión impuestas por los tribunales". "Su acatamiento de la legalidad no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica sobre la que se fundamenta la condena", decía.

Para el tribunal del 'procés', los órganos administrativos no pueden convertirse en una tercera instancia que decide a voluntad si las decisiones de los tribunales son justas o injustas. El auto iba más allá y avisaba de que decisiones como las que entonces revocaron constituyen un fraude de ley. "Cabe por último incidir en que nuestra sentencia es el incontrovertido punto de partida para el cumplimiento de la pena y, en consecuencia, para el modo de ese cumplimiento, que ha de discurrir por los cauces previstos en la legislación penitenciaria que, por otro lado —y esto es otra obviedad—, no pueden ser utilizados en fraude de ley y para mostrar un desacuerdo más o menos encubierto con la condena impuesta", advertía en los mencionados autos.