La defensa de los síndicos del 1-O alega que el presidente del TC dijo que cumplieron la ley

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, se pronunció en 2018 a favor de los miembros de la autodenominada Sindicatura Electoral de Cataluña, que están siendo juzgados en el tribunal número 11 de Barcelona por su participación en el referéndum del 1 de octubre acusados de desobediencia y usurpación de funciones. El juicio, de hecho, ya ha finalizado y se encuentra listo para sentencia.

En la revista sectorial 'Escritura Pública', González Rivas valoró de manera positiva la capacidad del TC de implementar medidas coercitivas y apunta que “únicamente se ha usado este recurso en una ocasión, frente a las personas que ocupaban cargos no reconocidos en la llamada sindicatura electoral de Cataluña, organismo creado por la ley suspendida y posteriormente declarada inconstitucional que convocaba un referéndum en esa comunidad autónoma. Dichas multas coercitivas propiciaron que las personas en cuestión cumplieron de forma escrupulosa los requerimientos del Tribunal Constitucional”.

Fuentes jurídicas cercanas al caso han explicado que están intentando incorporar la entrevista al juzgado de instrucción número 11 de Barcelona, pero al haber quedado visto para sentencia hay dudas de que se acepte como prueba. En caso de ser condenados, sí que podría ser utilizado como argumento jurídico en un posible recurso. Sin embargo hay que tener en cuenta que la entrevista se publicó en 2018 y que no fue aportada a la causa en su momento.

La defensa de Carles Puigdemont está recusando diversos cargos del alto tribunal precisamente a causa de declaraciones o conferencias al margen de los tribunales sobre el 'procés'. Pero este no sería el caso de esta entrevista a González Rivas.

En el caso del juicio por la Sindicatura de Cataluña este supuesto organismo tenía que hacer las veces de Junta Electoral y tutelar que todo el referéndum fuese lo más limpio posible.

No fue así, ya que TC amenazó a sus miembros con multas de 12.000 euros diarios. Al día siguiente de que la sanción se anunciase en el BOE, los juristas dimitieron y el 1-O se celebró sin Sindicatura Electoral. Los abogados acusados son Marta Alsina, Marc Marsal, Josep Pagès, Tània Verge y Jordi Matas. La Fiscalía pide penas de prisión para todos ellos.