Borràs no dimitirá voluntariamente y pretende socavar el Parlament

La presidenta el Parlament, Laura Borràs, no dejará voluntariamente su cargo en el momento en que se abra juicio oral contra ella por un caso de corrupción —otorgó 18 contratos troceados ilegalmente a un amigo por un monto total de más de 330.000 euros mientras era directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), un organismo público—. Por el contrario, piensa atrincherarse en su sillón y provocar un conflicto institucional, socavando la integridad moral y ética del Parlament.

El reglamento del Parlament establece en su artículo 25.4 que si se abre juicio oral para un diputado por corrupción, se suspenden sus derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata. Y debe ser la Mesa de la Cámara la que la suspenda. Pero su intención es apelar al frente independentista, formado por JxCAT, ERC y la CUP, que tiene mayoría en esa Mesa, para evitar que esta se pronuncie y que no se aplique ese artículo, aduciendo persecución política por parte del Estado.

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De ese modo, exigirá que se pida un dictamen a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que luego será llevado al pleno, donde nuevamente los independentistas tienen mayoría. “Su intención es aferrarse al cargo para crear un conflicto institucional. Además, en la Comisión del Estatuto de los Diputados ya puso como presidente, hace un tiempo, a su amigo y compañero de partido Jaume Alonso-Cuevillas, previendo que la cosa podía acabar así. De ese modo, la previsión es que la comisión se ponga de su parte”, relatan a El Confidencial fuentes parlamentarias.

El resto de las fuerzas parlamentarias están preocupadas por el desgaste que el caso Borràs provoca en la Cámara legislativa catalana. “Esta presidenta degrada el Parlament. No puede seguir ahí”, relata un miembro de la Mesa a El Confidencial. En ese órgano están representados solo ERC, JxCAT, PSC y CUP. Socialistas, republicanos y ‘cuperos’ miran con estupor las maniobras de la presidenta de la institución y no descartan que, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictamine la apertura de juicio oral, adopten una actitud conjunta de aplicación severa del reglamento de la Cámara.

Posible pacto en la Mesa

“La cuestión se puede resolver en un santiamén si los tres partidos nos ponemos de acuerdo y la Mesa decide que se aplica el reglamento. Y no hará falta desgastar más a la Cámara ni llevar el tema a la Comisión del Estatuto de los Diputados o al pleno. Pero hay que esperar a que el tribunal dicte el auto de apertura de juicio oral para decidir qué hacemos y cómo lo hacemos”, señalan las fuentes. Otra de las fuentes apunta a que la presidenta de la Cámara, “si tuviera dignidad, se podía acoger al artículo 25.2, que es la petición voluntaria, por iniciativa propia, de suspensión de sus derechos y deberes, sin que lo tenga que hacer por un auto judicial. Y también conservaría su escaño como diputada”. Si es apartada por corrupción al abrírsele juicio oral, también conserva su escaño, que solo le sería retirado cuando haya sentencia firme.

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De hecho, Borràs ya quiso cambiar el reglamento y eliminar el artículo 25.4 nada más llegar a la presidencia del Parlament, sabedora de que las pruebas en su contra eran concluyentes y que tarde o temprano los tribunales la imputarían por corrupción y la sentarían en el banquillo. Pero ni ERC ni la CUP aceptaron cambiar el reglamento. Paradójicamente, el artículo que obliga a Borràs a cesar fue propuesto por la CUP “para evitar, precisamente, situaciones como esta”.

A estas alturas, sus socios independentistas están llegando al límite. “ERC empieza a arrepentirse de muchas cosas. Borràs ha tensado mucho la cuerda en muchos temas. Como el tema del voto telemático de Lluís Puig, que ella contabilizó en el último pleno, aunque solo fuese oralmente, y en contra de un fallo del Constitucional. O como el hecho de hacer lo contrario de lo que dicen los letrados del Parlament. Hay cosas que ya no se aguantan”, señalan fuentes parlamentarias a este diario.

JxCAT modifica su ponencia

Pero, de momento, Junts está dispuesta a tensar la cuerda. Aunque las pruebas en contra de Borràs sean muy claras, el partido modificará este fin de semana su ponencia organizativa para evitar que Borràs también tenga que dimitir como presidenta de la formación.

¿Cómo lo hará? Como quería hacerlo en el Parlament: suprimiendo los artículos que establecen una suspensión de la militancia si a un militante se le abre juicio oral por corrupción. Para evitar que Borràs sea expulsada también de la presidencia de Junts, la formación hará encaje de bolillos: establecerá diferencias en la calificación y deja al albur del partido si las acusaciones entran dentro de la calificación de corrupción o de persecución política. Así, quiere exonerar de corrupción a su presidenta alegando que lo que hay es una persecución política contra ella, una burda maniobra jurídico-política que éticamente deja tocada a JxCAT. Es la vieja estrategia que seguía Convergència, cuando se envolvía en la bandera catalana en cada caso de corrupción, hasta que ya no pudo más y terminó desapareciendo. Han cambiado los nombres, pero no los métodos.

“Junts juega la baza de la desinformación y la tergiversación: en lugar de hablar de corrupción, habla de ‘lawfare’ y de persecución política, por lo que implica a destacados dirigentes en una ‘defensa suicida’ de la presidenta del Parlament”, destaca una de las fuentes consultadas. “Borràs va directa a la condena. Si continúa con su estrategia, el tema acabará pasando factura no solo a ella, sino al partido. La historia no les ha enseñado nada a los nuevos dirigentes de Junts, a pesar de que antes vivimos en Convergència situaciones similares. Volvemos a caer en los mismos errores”, comenta a El Confidencial un ex alto cargo de CDC que ahora se alinea en el sector crítico de Junts.

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Por ello, también un sector de Junts está molesto con la manipulación de la dirigente independentista y es consciente de que su investigación no tiene nada que ver con planteamientos políticos: así lo contempla también Fiscalía, que pide para ella seis años de cárcel y 21 años de inhabilitación.

"Debe dar un paso al lado"

Para justificar su enroque, Borràs (y, por extensión, su partido) argumenta que los jueces sacaron de la investigación a los Mossos d’Esquadra y se la dieron a la Guardia Civil. Eso es verdad, pero el motivo fueron las interferencias políticas de la propia Borràs: cuando ya era consejera de Cultura, se hizo pública su investigación y ella llamó al consejero de Interior, Miquel Buch, para interesarse por las investigaciones que la salpicaban (por su propia naturaleza, gestiones de esa naturaleza son dignas de reprobación y destilan aromas de corrupción). Con el fin de preservar la neutralidad de las pesquisas y evitar interferencias políticas, la Justicia decidió apartar momentáneamente a los Mossos (ahora ya vuelven a tener competencias en las investigaciones). De todos modos, fue el cuerpo autonómico el que realizó las principales investigaciones, aunque no llegase a confeccionar el informe final.

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Fuentes independentistas rivales explican su visión del tema: “Cuando apeló a la unidad del independentismo y reclamó un frente independentista común para que nos opusiésemos, le dijimos una cosa muy sencilla: las investigaciones fueron realizadas por los Mossos, no por los cuerpos de seguridad que dependen de Madrid. Y el tema estaba en manos de un juez de zona, que tiene menos interferencias políticas. Le dijimos que si ella estaba segura de lo que había hecho, renunciase al aforamiento y que fuese el juez local el que dictaminase, ya que los tribunales politizados son los que están al nivel del Supremo o del TSJC. Pero ella no quiso. ¿Por qué? Prefirió blindarse con el aforamiento. Si estuviese tan limpia como dice, habría aceptado lo que le propusimos. Ahora, lo que debe hacer es dar un paso al lado y dejar que la Justicia actúe. Por lo que hemos visto, ahí hay materia jurídica y eso se ha de juzgar”, explican estas fuentes a este diario.