La ANC maniobra para desacreditar a España en un organismo ligado a la ONU

Una delegación al más alto nivel de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) visitó la semana pasada Nueva York para visibilizar un informe de la UNPO (siglas en inglés de la Organización de Naciones y Pueblos no Representados) que recoge exclusivamente las consignas independentistas y acusa a España de ahogar a Cataluña y de perseguir a los activistas de la autodeterminación. La UNPO es una organización creada en La Haya en 1991 y es un miembro activo de la Comisión de Derechos humanos de la ONU, aunque no sea parte oficial de esta organización multinacional. La UNPO está formada por plataformas, organizaciones y partidos de minorías étnicas de todo el mundo.

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Aprovechando la celebración de la 77 sesión de la Asamblea General de la ONU, la cúpula de la ANC viajó a Estados Unidos para dar visibilidad al informe y reunirse con diversos políticos con el fin de captar aliados para las tesis soberanistas. El texto se titula ‘Tool of Repression: Spain and Global Trends in Silencing Self-Determination Movements’, concluye que España reprime el derecho de autodeterminación de Cataluña y describe al país como una dictadura que “sirve de modelo para otros Estados más autoritarios que buscan justificar sus acciones contra los activistas de la autodeterminación”. Añade que la postura de España “sólo puede conducir a una mayor radicalización” y reclama la intervención de “actores internacionales”.

La trastienda del evento da más pistas de la falta de objetividad del informe: Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC hasta mayo pasado, fue nombrada vicepresidenta de la UNPO en marzo pasado, haciendo tándem con la presidenta Edna Adan Ismail, representante de un movimiento de Somalilandia. Con ese antecedente, la UNPO encargó a Paluzie la organización de la presentación del informe en Nueva York la pasada semana.

La expresidenta de la ANC estuvo acompañada por su sucesora, Dolors Feliu. Allí, el 21 de septiembre se sirvió un “almuerzo ligero” en el Cuny Graduate Center, al que fueron invitados Ralph Bunche, secretario general de UNPO; John Torpey, profesor y director del Ralph Bunche Institute; Ayla Bakkali, representante de los EEUU en el World Congress of Crimean Tatars; Salahg Bayaziddi, representante de EEUU en Komala Party of Iranian Kurdistan; y Tenzin Yangzom, director de Students for a Free Tibet. También participó Paluzie. El acto fue publicitado como el “lanzamiento de un informe sobre la influencia de España en las herramientas de represión utilizadas para silenciar a activistas en todo el mundo”.

Según la ANC, se trata de un informe sobre España “como ejemplo para los estados autoritarios contra las minorías nacionales”. En su hoja de ruta, la entidad soberanista cita como uno de sus ‘deberes’ intensificar su trabajo en la UNPO para desgastar al Estado acusándolo de la “conculcación de derechos individuales y colectivos”.

Los países que copian a España

El informe recoge las acusaciones del independentismo contra España. “El desprecio del Estado español por los derechos fundamentales del pueblo catalán se ha demostrado continuamente en los últimos años, en particular tras el referéndum sobre la independencia de Cataluña de 2017”, dice el texto. El relato de las circunstancias en que se celebró la consulta habla de “cacería” de papeletas y de votantes, de 893 heridos, de “brutalidad policial”. En este apartado, detalla, tergiversando la realidad, que los expertos de la ONU instaron un “diálogo político entre Cataluña y España” y que varios relatores especiales de la organización internacional condenaron a España por esos hechos.

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Tras denunciar la dependencia de la justicia del poder político, el informe afirma que la estrategia seguida por España ha sido copiada, con mayor o menor fortuna, en otros conflictos: por ejemplo, en Ghana, Argelia, Pakistán, Crimea, Turquía, Irán, Vietnam, Indonesia y China. Respecto a este último, dedica un capítulo a hablar de la las relaciones de cooperación con España y denuncia que esta detuvo a 94 taiwaneses en 2016 y los extraditó a China para ser procesados “en vez de a su patria”. Afirma también que en 2018 “la Oficina de la ONU del Alto Comisionado para los Derechos Humanos “llamó a España para detener las extradiciones, afirmando que la sentencia contraviene claramente el derecho internacional, el compromiso de abstenerse de expulsar o extraditar a personas a cualquier Estado cuando existan razones fundadas de que pueden estar en peligro o ser sometidas a tortura”.

Tergiversación de datos

Denuncia también, entre otras cosas, que se detuvo en septiembre de 2019 a un comando de 9 activistas de los comités de defensa de la república (CDR) que estaba preparando bombas caseras con el objeto de atentar contra objetivos y que las acusaciones de terrorismo son falsas. “España se considera un caso ilustrativo para el abuso de las medidas antiterroristas”, subraya. Pone como ejemplo que el rapero Pablo Hásel “fue acusado y encarcelado y multado por ‘glorificar el terrorismo’ e insultar a la monarquía a través de sus canciones y tuits”. Omite, en cambio, que Hásel entró en prisión por acumulación de condenas, entre ellas una agresión por violencia contra rivales políticos a los que apaleó y otra contra periodistas. En el mismo sentido crítico relata el caso de Tamara Carrasco, detenida y luego absuelta, o los citados detenidos en la ‘Operación Judas’ de septiembre de 2019.

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El informe dedica también un importante espacio al supuesto espionaje ilegal con Pegasus, en el que vuelve a incluir al presidente del Parlament, Roger Torrent, como uno de los espiados por el CNI, aunque éste es un dato falso. También se refiere al informe de Citizen Lab, que originó el ‘Catalangate’ como si fuese una cuestión ajena al independentismo, cuando fue la ANC, juntamente con Òmnium Cultural, las organizaciones que financiaron esa investigación y que colaboraron en la redacción del documento, a pesar de ser parte interesada.

Detalla, en este sentido, los nombres de los dirigentes de la ANC a los que supuestamente se les detectó el virus en sus teléfonos: Elisenda Paluzie, Jordi Sánchez, Sònia Urpí, Jordi Domingo y Jordi Baylina. De ellos, Domingo fue espiado porque participaba en el mismo chat de WhatsApp que Torrent, pero esta operación no es achacable al CNI. Y Baylina fue monitorizado con orden judicial. El informe subraya que como consecuencia del escándalo, la directora del CNI, Paz Esteban, fue cesada de su cargo. Todos los datos aportados en el informe, no obstante, son subjetivos y de parte.