Defensores del castellano en Cataluña piden auxilio a Bruselas tras la revelación de Aragonès

La revelación de Pere Aragonès sobre un supuesto pacto con Pedro Sánchez para desterrar el castellano de las aulas ha provocado una reacción airada de los partidarios del bilingüismo en Cataluña. Diferentes colectivos educativos en la región han alzado la voz ante el abandono y el secretismo del Gobierno central y reclaman la intervención de Bruselas para que se cumpla la sentencia sobre el 25% en las clases. Tanto, que la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa envió este viernes una carta al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, para que medie y garantice la ejecución del fallo. La ofensiva es transversal y asociaciones como Impulso Ciudadano o la Asamblea por una Escuela Bilingüe ya solicitaron este auxilio, advertidos de que algo se les escapaba en este conflicto.

En el camino quedan muchas incógnitas y los consultados coinciden en señalar la maniobra del PSOE y ERC, con la mesa de diálogo como punto de partido. "La mesa de diálogo donde supuestamente se realizó el pacto estaba prevista para el 28 de julio de este año. Pero precisamente para ese día se anunció la sentencia del TSJC que, finalmente, envió la cuestión al TC al considerar que hay indicios de inconstitucionalidad. Cuando en el Gobierno se conoce esto, se cambia urgentemente la reunión de la mesa de diálogo, que tiene lugar el 27 de julio, un día antes de que el TSJC se pronuncie. De esta manera, toman la decisión política antes de que el alto tribunal dictamine", explica a El Confidencial Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe y una de las promotoras de la plataforma Escuela de Todos.

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Losada subraya que desde que el Supremo dictó el fallo, el Ejecutivo central se puso de perfil. "Jamás la Abogacía del Estado pidió que se ejecutase la sentencia, siempre daba más tiempo a la Generalitat para poder decir que iba cumpliendo la sentencia, aunque sabía que no se aplicaría nunca", añade. Paradójicamente, la líder de la Asamblea por una Escuela Bilingüe señala la revelación de Aragonès como algo positivo: "Ha puesto luz y taquígrafos en un tema en el que no se conocían las interioridades. Y no lo pudo decir más claro".

La polémica ha surgido tras unas declaraciones del presidente de la Generalitat a la emisora pública catalana TV3. Durante una entrevista emitida el jueves por la noche, Pere Aragonès afirmó que en julio pasado pactó con Pedro Sánchez que el Gobierno central no impugnase ante el Tribunal Constitucional la ley del catalán, pese a la sentencia definitiva del Supremo en noviembre pasado. La ausencia de este recurso favoreció que la Administración catalana soslayase el cumplimiento del fallo judicial y que no se llegase a aplicar nunca la obligatoriedad de dar al menos el 25% de las clases en castellano.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, negó lo dicho por Aragonès y aseguró este viernes que el pacto sobre el catalán "es público" y que en él se cerró "garantizar que el catalán y el castellano se impartirían en las aulas catalanas". Bolaños aseguró también que se firmó un acuerdo sobre el catalán y otro sobre la "desjudicialización del conflicto". Además, recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) presentó a finales de julio una cuestión de inconstitucionalidad de la norma catalana ante el TC. "Por supuesto, lo que los tribunales finalmente decidan es algo que las Administraciones públicas no tenemos nada que decir, hay que aplicarlo sin más", apostilló el ministro.

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José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, se manifiesta en la misma línea. "Sospechábamos que había un pacto secreto, pero no teníamos confirmación de nada. Ahora sí". Domingo explica que las asociaciones partidarias del bilingüismo solicitaron en varias ocasiones al Gobierno central y al PSOE que tomase cartas en el asunto, pero no hubo respuesta. "Queríamos saber por qué no se interponía recurso contra el decreto que se sacaron de la manga a finales de mayo pasado para esquivar la aplicación de la sentencia. Se lo hemos planteado al PSOE en varias ocasiones y primero nos decían que lo estudiarían y, al final, que no había lugar".

"Nosotros propusimos otras fórmulas: por ejemplo, que en vez de porcentaje se hablase de relación de asignaturas, o se contemplase alguna otra variante. Había vías para poder cumplir la sentencia, pero la Abogacía del Estado no se opuso nunca a las tesis independentistas por orden del Gobierno español", añade el presidente de Impulso Ciudadano.

Representantes de las asociaciones a favor del bilingüismo asistieron a un encuentro con Didier Reynders el pasado 30 de septiembre en Madrid. Sobre la mesa, había temas muy importantes, como el de la renovación del Poder Judicial o la sustitución de Carlos Lesmes. Pero pudieron hacerle una pregunta sobre la sentencia del 25%. "Nos dijo claramente que las sentencias están para cumplirse. Y que el Gobierno español debería ser el primer interesado en que se cumpliese esa sentencia. De no hacerlo, aseguró que la UE entraría a fondo en este tema", explica Ana Losada.

Carta a Reynders

La reclamación a Bruselas ahora toma fuerza. La misiva de Maite Pagazaurtundúa de este viernes ahonda en esa vía. "La confesión en televisión del presidente de la Generalitat de Cataluña revela comportamientos contrarios a los deberes inherentes a su cargo, tanto por su parte como por parte del Gobierno de Sánchez. Su confianza, profesionalidad y responsabilidad quedan afectadas y comprometidas", explica la eurodiputada al comisario. "Hasta ahora, le he escrito varias veces (correos de mayo y junio) denunciando la inacción del Gobierno central frente a los ataques de la Administración autonómica al Estado de derecho, pero ahora tenemos las pruebas de que ha habido una concertación política a favor del desacato de sentencias y contra el imperio de la ley, que implica discriminación manifiesta por razones de lengua", añade la carta.

La eurodiputada explica que los padres de los niños catalanes "no pueden ni siquiera manifestar cuál es su opción lingüística y cuando solicitan bilingüismo, se les deniega, de modo que solo les queda acudir a los tribunales". Por ello, añade que "se viola el derecho a la igualdad de trato, el derecho a la educación, la libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de asociación y la libertad de cátedra. Una situación cronificada después de 40 años de gobiernos independentistas que está tomando, de forma paulatina, naturaleza sistémica. Paradójicamente, los hijos de los políticos independentistas están escolarizados en escuela privada en castellano".

"¿No cree que ha llegado el momento de que la CE actúe en la medida de sus posibilidades ante las constantes vulneraciones de la separación de poderes en España y la politización de la aplicación de la justicia?". Y termina recordándole al comisario que el próximo 20 de octubre recibirá a Pere Aragonès. "¿Piensa reivindicar la aplicación de las sentencias judiciales firmes también en el territorio catalán para así proteger los derechos de las familias que reclaman una educación en español?", apostilla ante Reynders. El debate, de nuevo, está en la calle.