Municipios catalanes contratan como asesor al Consell de la República para usar su propio DNI

El Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, en la costa catalana, ha aprobado un convenio de colaboración con el Consell de la República que preside Carles Puigdemont para que le asesore en la contratación de obras y servicios. Un acta municipal a la que ha tenido acceso El Confidencial señala que el Consistorio tiene legalmente la libertad de gestión de asuntos que incluso sean ajenos a sus competencias, por lo que se aprueba un convenio de colaboración con el Consell de la República "para el impulso de un modelo de buenas prácticas en contratación pública y de la identidad digital republicana como método de identificación de la ciudadanía".

El convenio detalla que el Consell "se compromete a asesorar técnica y jurídicamente al Ayuntamiento para la incorporación de medidas coherentes con los valores republicanos en las licitaciones públicas con el objeto de mejorar la calidad de la contratación pública". En este sentido, se tendrán en cuenta criterios para la adquisición o valoración en la licitación de productos y servicios de proximidad o del territorio. Por su parte, el Gobierno local se compromete a utilizar "la identidad digital republicana emitida por el Consell de la República como método de identificación en la relación que el ente local tiene con la ciudadanía, usuarios o clientes para acceder a sus instalaciones". Esto no es más que intentar obligar a los ciudadanos a comprar el carné que vende digitalmente el chiringuito de Puigdemont previo pago de una tasa de 12 euros, que comporta, además, la obligatoria afiliación al Consell.

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José Domingo, presidente de la entidad cívica Impulso Ciudadano, señala a El Confidencial que existen "unos 300 ayuntamientos que están firmando convenios similares en toda Cataluña". Además, apunta a que el convenio le puede dar acceso al Consell de la República a datos de todos los ciudadanos de un municipio. "Los acuerdos firmados con ese supuesto Consell son claramente ilegales. Y la Delegación del Gobierno tiene la obligación automática de impugnar los convenios en cuanto tenga conocimiento de ello. De momento, nosotros hemos denunciado el convenio de Torres de Segre ante la Delegación del Gobierno, pero no nos han dicho aún nada", explica Domingo, aludiendo a un convenio similar firmado por el citado Consistorio leridano, el primero en toda Cataluña.

No se descartan remuneraciones

El acta del Ayuntamiento de Sant Pol, por su parte, relata que "la legitimidad originaria del Consell de la República nace de la soberanía popular del pueblo de Cataluña expresada en dos ocasiones, el 1 de octubre de 2017 y el 21 de diciembre de 2017". Y asegura que "el acuerdo de investidura preveía la creación del Consell de la República, ya que el mandato republicano surgido del 1 de octubre de 2017 necesita de una institución republicana". Además, añade que "el Consell de la República está en condiciones de ofrecer algunos servicios a las administraciones públicas catalanas que ayuden a la mejora de su eficiencia y, al mismo tiempo, comporten un avance importante en la asunción y refuerzo de los citados valores". Esos valores son el "derecho a la autodeterminación, paz, no violencia, respeto, voluntad y diálogo, derechos lingüísticos individuales y colectivos, apoderamiento ciudadano en todos sus ámbitos", etcétera.

El fin último es controlar la contratación pública (con lo que se pueden contratar exclusivamente empresas o grupos amigos) y llegar a descartar el DNI y que todos los vecinos del municipio se identifiquen ante la Administración con el carné que reparte el Consell o, como eufemísticamente le llaman los independentistas, la identidad digital republicana. El Consistorio ha declinado dar su versión de la iniciativa a requerimiento de El Confidencial.

De momento, no hay partida presupuestaria para sufragar posibles gastos del convenio, pero no se descarta. Un informe del secretario del Ayuntamiento al que ha tenido acceso El Confidencial detalla que la vigencia del contrato será de un año y puede alargarse hasta ocho años. "Al no concretarse compromisos de gasto, no se incorpora un compromiso de gasto para la entidad local. Esta opción se realizará si se formaliza algún compromiso y requeriría la existencia de partida presupuestaria dotada a tal efecto", dice ese informe.

"Es una barbaridad"

Enrique Abad, concejal independiente que se presentó en las listas del PSC, señala a El Confidencial que "en el pleno dejé muy claro que lo que se hacía es una barbaridad, una entelequia, una utopía que no tiene recorrido jurídico". Abad pidió un informe al PSC sobre el tema, pero su partido se inhibió, por lo que el concejal se encuentra solo frente a una situación desconcertante. "Hay un grupo de personas que viven del procés y necesitan esta llama para mantener vivo el interés, pero una iniciativa así no tiene ningún futuro", subraya Abad.

No es el primer Ayuntamiento que firma un convenio similar, aunque sí es el primero con un cierto peso político. Sant Pol está regido por Albert Zancas, de ERC, que gobierna gracias al apoyo de la CUP. La cúpula municipal ya fue denunciada por no tener la bandera española en la fachada, pero, tras un fallo judicial, tuvo que ponerla, aunque en ocasiones no ha sido desplegada simulando que se había enredado en el mástil o simplemente no se izaba. El primer Ayuntamiento en firmar un convenio con el Consell fue Torres de Segre. Este último afirma en su web que la iniciativa "forma parte de la estrategia de ruptura del Reino de España".

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El convenio que el Consell firma con los municipios establece que es preciso "el despliegue e implementación del uso de la Identidad Digital Republicana en equipamientos y servicios municipales. Eso permitirá crear una red de identificación alternativa para ir desconectando del uso del DNI español". Además de ese apagón administrativo, el Ayuntamiento acepta que el Consell le asesore "sobre la contratación pública con el objetivo de llevar a cabo un consumo institucional republicano. Es decir, en clave de Països Catalans, con una perspectiva de género y medioambiental, respeto por la lengua y enfocada a la ciudadanía". Ello supondría realizar un listado de proveedores aceptados y proveedores vetados. Una medida similar, que pretendía la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a través de su portal Consum Estratègic, fue anulada por los tribunales de Justicia hace pocas semanas.

En la denuncia de Impulso Ciudadano ante la Delegación del Gobierno, se señala que lo que especificaba el convenio es "alcanzar la materialización de la República Catalana de acuerdo con el mandato de los ciudadanos de Cataluña en la declaración de independencia del 27 de octubre". Y añade: "No es que la citada entidad de carácter privado [Consell de la República] actúe al margen de lo previsto en la Constitución, sino que su finalidad es ir directamente contra ella. Una actuación de este tipo por parte de autoridades o poderes públicos es incompatible con valores democráticos básicos".

Identificación ideológica de los ciudadanos

En este caso, además, señala el escrito, el Ayuntamiento se arroga la responsabilidad de hacer efectiva una identidad digital republicana, que "permite identificar a los ciudadanos de la República, esto es, a quienes desean ser considerados no ciudadanos españoles, sino de la República Catalana". Por tanto, dice Impulso Ciudadano, la decisión municipal permite identificar ideológicamente a los ciudadanos.

Por último, Domingo expresa en su escrito que los convenios suscritos por los ayuntamientos están sujetos a la normativa legal y "la firma de esto debe hacerse dentro de las competencias de la Administración local y conforme al principio de lealtad constitucional. Por lo tanto, a la vista de su contenido, podemos concluir que el acuerdo del pleno ha de ser considerado nulo de pleno derecho por haberse adoptado en contra de los valores que representa la Constitución y por haber invadido competencias que son exclusivas del Estado al pretender sustituir con lo que se denomina Identidad Digital Republicana el Documento Nacional de Identidad".

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El presidente de Impulso Ciudadano pide que se investigue si los responsables municipales cometieron un delito de vulneración del artículo 404 del Código Penal, que establece penas de inhabilitación especial para empleo y cargo público "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo".

Este episodio se produce justamente cuando la junta directiva de la principal organización constitucionalista, Sociedad Civil Catalana (SCC), alerta sobre una "situación límite en Cataluña" respecto a los derechos ciudadanos, especialmente de los no nacionalistas. "En cualquier democracia plena, los poderes públicos son los primeros obligados a cumplir las leyes y las resoluciones de los tribunales sin necesidad de que el poder judicial tenga que acudir a la coerción para hacer cumplir lo juzgado (…) en ningún caso puede pretender ampararse la vulneración de derechos fundamentales en eventuales mayorías parlamentarias; y mucho menos en conceptos peligrosamente populistas como el de 'voluntad del pueblo'. En estos momentos, Cataluña se encuentra en una situación límite, puesto que al desacato y a la rebeldía del régimen nacionalista hay que sumar la clara dejación de funciones por parte del Gobierno de España, que permite la entrada en vigor de normas autonómicas abiertamente contrarias al marco jurídico vigente y al orden constitucional".