El TS ordena el embargo a la Generalitat por un impago que el Govern asegura que ha abonado

El Supremo ha ordenado el embargo de los bienes y derechos que pueda tener la Generalitat de Cataluña por no pagar las costas de un juicio en el que el Govern había sido condenado. La administración catalana recurrió al alto tribunal y volvió a perder. La Justicia estimó que la administración y el Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio de Cataluña eran culpables por las irregularidades detectadas en las elecciones de estos órganos y, por tanto, debían abonar las costas del proceso. De ahí la reclamación, si bien fuentes oficiales del Govern aseguran a El Confidencial que en marzo se abonó el importe, de poco más de 3.000 euros.

La empresa Staff Pavillon SL fue la que denunció pucherazo en los comicios de las Cámaras de Comercio de 2019. Los jueces determinaron que, efectivamente, hubo trampas con la anuencia de la Generalitat, que entonces estaba presidida por Quim Torra, por lo que se anulaban los comicios y se instaba a que se repitiesen. Tanto la Generalitat como el Consejo General de Cámaras de Cataluña recurrieron y volvieron a perder ante la justicia. El pasado 15 de julio, el Consejo abonó los 2.420 euros que le correspondían (y que fueron trasladados a la empresa denunciante). El tema tiene una mayor importancia si se tiene en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya había sentenciado que el decreto redactado por el Govern de Torra para dar una pátina de legalidad al proceso era nulo de pleno derecho.

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El Supremo dictó el pasado 21 de noviembre un auto en el que acordaba "despachar ejecución a instancia de Staff Pavillon por la cantidad de 2.420 euros de principal, más 726 euros que se fijan provisionalmente para intereses y costas de la ejecución, sin perjuicio de posterior liquidación". El Govern, según el escrito del tribunal, tiene 10 días para aportar lo que debe al juzgado, si bien las fuentes consultadas aseguran que hace tiempo se abonó lo demandado.

Trampas auspiciadas por la Generalitat

La Administración catalana maniobró políticamente para viciar las elecciones a las Cámaras, a las que se presentaba una candidatura independentista apadrinada por la Asamblea Nacional catalana (ANC). Para empezar, aprobó un decreto de urgencia, que no hacía falta, para establecer el voto electrónico en esos comicios. Con ese instrumento en sus manos, la candidatura independentista anuló los votos de los rivales que le resultaban molestos, ganando por la mínima, pero estableciendo una precaria mayoría absoluta que le permitía, por primera vez, controlar una gran institución económica.

La triquiñuela era muy sencilla: si desde una misma IP se emitían más de 8 votos, se anulaban y así facilitaban que se tuviesen en cuenta sólo los de candidatos independentistas. Sorpresivamente, no reconocían que muchas empresas tienen derecho a cupos de votos elevados. Igualmente, desde gremios o determinadas gestorías se podían emitir votos de empresas que, por lógica, en el registro de los ordenadores deberían llevar la misma IP, aunque perteneciesen a distintas empresas. Fue una decisión perversa de los responsables de los comicios, es decir, de la Generalitat. En aquellos momentos, la consejera de Empresa era Àngels Chacón, pero detrás estaba el interés de la ANC y de Quim Torra.

Ese procedimiento se repitió en sectores clave, como los de comercio, hostelería o industria, y ello permitió dar la vuelta a los resultados y proclamar ganadora de los comicios a la candidatura Eines de País, auspiciada por la ANC. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la estrategia gubernamental se basó en redactar un decreto urgente sin necesidad, establecer normas que eran ilegales, implantar el voto electrónico que les permitió falsear los resultados y saltarse la ley nacional que rige para las cámaras.

La maniobra de control de la Cámara de Comercio de Barcelona formaba parte de una gran operación independentista

La Fiscalía también emitió un dictamen en el que sacaba los colores a la Administración autonómica y desvelaba que el Govern dictó la resolución AMC/3012/2018 por la que se nombraba una junta electoral independentista que tendría una participación crucial en el proceso y que fue la encargada de dar carta de naturaleza a las trampas en las elecciones. Su principal aportación fue anular los votos de las empresas que no eran independentistas. "Esta falta de garantías es inaudita en un sistema que pretende ser democrático", dijo la Fiscalía en uno de sus escritos.

De ese modo, fue elegido presidente de la institución el empresario Joan Canadell, que en las últimas elecciones autonómicas se presentó en las listas de Junts per Catalunya (JxCat), como uno de los grandes fichajes de Carles Puigdemont. La maniobra de control de la Cámara de Comercio de Barcelona formaba parte de una gran operación independentista que, con la anuencia del poder político, pretendía controlar el máximo de instituciones públicas, gremios, colegios profesionales e incluso clubes de fútbol para politizar la vida social catalana y realizar proselitismo del separatismo desde todas las entidades cívicas.