El independentismo se rearma ideológicamente con un congreso en la universidad

El independentismo copará el Paraninfo de la Universidad de Barcelona el próximo 11 de febrero para celebrar el Segundo Congreso Catalán en Defensa del Estado de Derecho. Un rimbombante nombre con el subtítulo "Respuestas de los juristas a la situación de excepcionalidad jurídica de Cataluña". La excepcionalidad no tiene que ver con el marco jurídico, sino con los deseos soberanistas de independizarse. Legalmente, esa excepcionalidad es la misma que pueda tener un land alemán o el Languedoc de Francia. Otra cosa es la utilización perversa del lenguaje que quiera imprimirse a eventos de esta naturaleza.

"Este Congreso tiene la voluntad de ser un espacio de encuentro, reflexión y aprendizajes sobre el contexto de excepcionalidad jurídica que nos ha tocado vivir en Cataluña en estos últimos años. Para ello, contaremos con las aportaciones de prestigiosos juristas catalanes y de todo el mundo", dice la convocatoria difundida por diversas plataformas independentistas desde hace unos días. Las entidades organizadoras son Òmnium Cultural, Àgora Judicial, Collectiu Praga y Fundació Catalunya Fons. Pero, además cuenta con otras 8 entidades colaboradoras como la plataforma Drets (la encargada de presentar denuncias en foros internacionales contra España para erosionar su imagen), el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos humanos, la Fundació Congrés Cultura Catalana, el gabinete Iridia, el Colectivo Ronda, la Coordinadora de la Abogacía de Cataluña y la Comisión de Defensa del Icab.

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La intención del congreso es dejar patente que Cataluña está sometida como una colonia, denunciar el lawfare judicial en el procés, estudiar las posibles salidas jurídicas que tiene el independentismo y reivindicar, por último, el derecho a la autodeterminación y aplicarlo.

La principal sorpresa que arroja es que solo al ver al elenco seleccionado para presentar las ponencias, se intuye una clara carencia de sensibilidades. El coloquio corre el peligro de convertirse en un monólogo de tesis independentistas en lugar de ser, como anuncian sus promotores, un debate abierto. En sus ponencias abundan los dirigentes soberanistas. Ahí están, por ejemplo, el abogado Andreu van den Eynde, defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva; Isabel Elbal, pareja y socia de Gonzalo Boye, el letrado de Carles Puigdemont; Benet Salellas, exdiputado de la CUP; o Neus Torbisco, abogada miembro del equipo de Ben Emmerson, que representó los intereses de Puigdemont ante la ONU y que luego fue responsable de acción jurídica del Consell per la República, además de ser actualmente vocal de Òmnium Cultural. Los moderadores de las distintas ponencias son todos destacados militantes de las organizaciones organizadoras.

Premio por servicios excepcionales

En las ponencias participan también jueces, pero, sobre todo, profesores o abogados con plaza en diversas universidades. Todos con conexiones mayores o menores con la galaxia independentista. Uno de ellos, Xavier González de Rivera (su abogado también era Andreu van den Eynde), magistrado del Juzgado social 3 de Barcelona, denunció al Estado en Europa por haber difundido su fotografía como uno de los jueces que estaba a favor del "derecho a decidir" en 2014. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a su favor, lo que fue ampliamente aireado por el independentismo. Otra de las intervinientes, Montserrat Raga, magistrada del Contencioso-administrativo 5 de Barcelona, es una conocida soberanista que además es fundadora de Àgora Judicial, una plataforma separatista de jueces. Algunas de sus sentencias sobre temas políticos han levantado ampollas, como la exoneración del mosso Albert Donaire, contra el que minusvaloró las pruebas aportadas por la División de Asuntos Internos de los Mossos. La consejera republicana Ester Capella la premió con la medalla de honor de la Generalitat por sus "servicios excepcionales a la Justicia".

Josep Lluís Martí, profesor de la UPF, es también un señalado activista cercano a las tesis independentistas, a quien el Govern le encargó en 2019 un informe sobre "la conveniencia de ordenar la normativa legal que regula la participación ciudadana en Cataluña". La intención era apuntalar la necesidad de una normativa que pudiera en algún momento servir de marco legal a una consulta o referéndum. Su trabajo recomendaba redactar una nueva Ley de Participación Ciudadana "que sustituya buena parte de las leyes actuales, reduciendo la dispersión normativa, que debería sustituir "las dos leyes de consultas y sería aconsejable que también la Ley de Transparencia". Otro magistrado, Guillem Soler, del ámbito de primera instancia (acaba de renunciar hace una semana a su nombramiento como titular del Juzgado número 7 de Badalona), es también un juez escorado hacia el nacionalismo y miembro del colectivo Àgora Judicial. Su tesis es que el intento de secesión de Cataluña se combatió desde 2017 "con una excepcionalidad jurídica que se ha convertido en permanente y general".

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Otro de los invitados es el profesor valenciano Andrés Boix, especialista en Derecho público y autor de varios trabajos sobre ordenamiento jurídico, campo en el que destacan estudios como el de Una nueva planta para los valencianos. Posibilidades y límites para la organización política y administrativa del País Valencià dentro de la Constitución de 1978. Boix es coordinador general de Jean Monnet European Network. Otro valenciano, David Colomer Bea, es un abogado y profesor especialista en tratamiento de desórdenes públicos, sedición, resistencia, desobediencia y en "criminalización de la disidencia". El profesor de Ciencia Política en Dinamarca Jaume Castan, autor de libros sobre la secesión de Kosovo y sobre temas de geopolítica, aporta su grano de arena en otra ponencia sobre "lawfare judicial en los procesos de independencia". Esta ponencia es moderada por Mercè Barceló, miembro del Colectivo Praga y exletrada del TC. Actualmente es miembro del Institut d'Estudis Catalans (IEC).

Un "observador internacional" nada neutral

Isa Castell Solà, por su parte, es una abogada miembro de Juristes per les Llibertats. Otro letrado, Olivier Peter, de Suiza, participa en las ponencias. Peter fue el abogado que consiguió en 2013 la derogación de la doctrina Parot. Es uno de los abogados internacionales de Jordi Cuixart, expresidente de Òmnium y también ha llevado el caso, juntamente con Benet Salellas, de Anna Gabriel. Durante la celebración el juicio sobre el 1-O, se desplazó a España como "observador internacional del juicio al proceso independentista catalán" y luego denunció "la excepcionalidad democrática y la vulneración de los derechos civiles y políticos del sistema judicial español que no respeta el derecho internacional". El argentino Santiago Bereciartúa, letrado de las Abuelas de Mayo, participa también en las ponencias. Le acompaña en su ponencia la vasca Maitane Arnoso, doctora en Ciencia Política, presidenta de SOS Racismo Gipuzkoa y miembro del Grupo de Acción Comunitaria. Esta docente coordinó un trabajo sobre las consecuencias del terrorismo internacional tras los atentados de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils y dirigió otro trabajo de grado sobre este tema.

También participa Rosella Selmini, profesora de Criminología en Bolonia, una docente alineada con el independentismo, hasta el punto de que llegó a escribir artículos conjuntos con Benet Salellas en la revista de Derecho Penal que edita la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Bolonia. Define el papel de España en Cataluña como "criminalización de masas". Su tesis es que, tras el referéndum, el Estado ha desplegado una estrategia para presentar al movimiento secesionista como violento, con el fin de deslegitimarlo ante Europa y asegura que ese embate es "una de las oleadas de represión más importantes que ha habido en Europa en los últimos años".

En muchos actos, las entidades soberanistas han presionado para no invitar a expertos que no comulgasen con el independentismo

Con estos curriculums, el debate ideológico del Congreso corre el riesgo de convertirse en un monólogo. En realidad, en muchos actos organizados fuera de España durante los últimos años, tanto el Govern como entidades separatistas han procurado siempre (y para ello han presionado a instituciones internacionales) que jamás fuesen invitados tertulianos o académicos que no comulgasen con el independentismo. El Congreso que ahora llega a la Universidad de Barcelona abona la tesis de que el debate, para el independentismo, es una calle con una sola acera.

Se da la casualidad de que la utilización de un lugar tan emblemático como el Paraninfo de la universidad llega a las pocas semanas de que la plataforma Universitaris per la Convivència dirigiese una carta, firmada por más de 1.000 profesores de todo el mundo a los diputados y senadores españoles, así como al ministro de Universidades, Joan Subirats, para defender la neutralidad de los centros, como en todas las democracias avanzadas. Subirats se mostró a favor de que las universidades se posicionen políticamente en determinados temas, tal y como le pedían ERC y Bildu.

Pero, de hecho, la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Pompeu Fabra (UPF) han sido ya condenadas por extralimitarse en sus funciones y adoptar en sus cúpulas posicionamientos políticos a favor del soberanismo, lo que ningún centro del mundo ha hecho en occidente. Esos posicionamientos tuvieron lugar después de que el independentismo, a través de la ANC, adoptase la estrategia de asaltar instituciones públicas para ponerlas al servicio político de sus intereses, menospreciando las normas legales y difuminando la ética democrática exigible a las instituciones gremiales, sociales o educativas.

Pero no hay que olvidar que durante los graves disturbios de otoño del 2019, Òmnium Cultural, una de las entidades que organiza el congreso de febrero, reunió a los rectores de las universidades catalanas y los hizo posar con una pancarta que llevaba el lema "Amnistía. Hagámonos libres". Presumía la entidad cívica de que "más de un centenar de académicos reclaman la amnistía" y su entonces vicepresidente, Marcel Mauri decía que "es evidente el gran consenso de país a favor de la amnistía. Las universidades de nuestro país, una pieza clave para la salida de la crisis económica y social que padecemos, han vuelto a demostrar que están siempre al lado de los derechos y las libertades". Obviaba, no obstante, las primeras sentencias que iban condenando implacablemente a los rectores por politizar una institución que se debe al deber de neutralidad política.