Propietarios agrícolas denuncian al Estado por la regresión del Delta del Ebro

Un grupo de 22 propietarios agrícolas, incluidas dos empresas, han denunciado al Estado por "su inacción e incumplimiento del deber legal" de evitar la regresión y garantizar la protección del Delta del Ebro.

La abogada del Colectivo Ronda que representa al grupo de 22 propietarios de fincas afectados, Mariona Torra, ha explicado que la demanda se presenta tras varios requerimientos y el posterior silencio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ante la petición de cumplir con su deber legal de protección de la zona, que ha provocado la salinización, regresión y erosión del terreno del área del Delta.

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Torra ha denunciado que lo ocurrido en el Delta es "un claro ejemplo de responsabilidad patrimonial y de inactividad administrativa", por lo que reclaman al Estado que "compense el daño a las propiedades y que se repare el territorio con las actuaciones pertinentes".

Como representante del grupo de 22 propietarias, Marcella Otamendi ha alertado de que sus tierras "han sido castigadas por la dejadez" de las administraciones.

"Ahora vemos cómo desaparece un ecosistema de un valor medioambiental único y también cómo perdemos un terreno querido, y esto es doloroso; están matando al Delta día a día y nosotros somos víctimas de esta regresión", ha añadido.

Las afectaciones que los peritos han evaluado para articular la demanda se centran sobre todo en la pérdida de terreno agrícola y la salinización de las tierras, que ha comportado una disminución de la producción de los arrozales, entre otras afectaciones agrícolas.

La estimación es que el daño total sufrido por esta "inacción" alcanza los 600 millones de euros y que la comunidad de estos 22 denunciantes es una pequeña parte de todo el colectivo afectado.

La demanda presentada por el Colectivo Ronda tiene el objetivo de que se cumplan las acciones legales para evitar la regresión y garantizar la protección de este espacio de gran valor ecológico, medioambiental y económico frente a los peligros de la salinización y la erosión del terreno fruto de la construcción de las presas de Mequinenza (Zaragoza), Riba-roja y Flix (Tarragona), entre los años 1964 y 1969.

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Su puesta en funcionamiento ha tenido como consecuencia en los últimos 50 años una drástica reducción de la aportación de sedimentos en el tramo final del río Ebro y un progresivo retroceso de la línea de costa.

Estos efectos se pusieron de manifiesto desde un primer momento y en 1973 se publicó un decreto con una larga serie de medidas para prevenir la degradación del Delta, de la que "solo se llegó a ejecutar una pequeña parte desarrollada, principalmente, entre los años 1981 y 1985", según el Colectivo Ronda.

Desde entonces, el actividad de la Administración del Estado dirigida a paliar los efectos negativos de la regresión del Delta del Ebro "ha sido inexistente y solo se ha reanudado la actividad correctora en los meses posteriores al temporal Gloria, que asoló la zona en enero de 2020", ha añadido la organización.