Detenida la alcaldesa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell (ERC), por presuntas subvenciones irregulares

Solo tres días después de ser investida alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), fue detenida este miércoles por la Policía Nacional en el curso de una investigación sobre presuntas subvenciones irregulares y contratos municipales fraccionados desde 2017 a 2023. Es una investigación que se lleva a cabo desde hace más de un año, cuando algunos funcionarios del Ayuntamiento, que ya entonces estaba presidido por Carbonell (es alcaldesa desde 2019), denunciaron las irregularidades. Además, la intervención había alertado de que algunas prácticas de contratación podían estar vulnerando las normas legales. En la operación, que salpica a más de una docena de peonas, han sido detenidas 8 personas, entre ellas el concejal de ERC concejal Jaume Monasterio, el secretario del Ayuntamiento, Òscar Buxeres, una técnica de playas, el jefe del área de Territorio y el directivo de las entidades sociales Juan Carlos Nicolás, su esposa y dos de sus hijos. Se registraron varias dependencias municipales, entre ellas un edificio municipal en las afueras de Sitges y el departamento de Informática municipal, así como la sede de las entidades.

La operación que dio con la alcaldesa de Sitges en los calabozos es parecida a la que salpicó a la expresidenta del Parlament y actual presidenta de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs. Difieren solo algunos detalles: en Sitges hay un componente de otorgamiento de subvenciones que en el caso de Borràs no existía. En la localidad costera, se investigan las ayudas de 45.000 euros anuales que se iban a la entidad Taula del Tercer Sector d’Acció Social de Sitges-Garraf. Pero se parecen mucho en otro componente del caso: el fraccionamiento de contratos. En el caso de Borràs, fraccionó más de 330.000 euros en contratos menores que fueron a parar a las cuentas de un amigo. En el caso de Sitges, hay una cantidad indeterminada, pero que puede estar en torno a los 350.000 euros que han ido a parar a la Taula mencionada y a una cooperativa vinculada. Se trataría de contratos relacionados con la gestión de las playas y con servicios sociales, según ha podido conocer El Confidencial.

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Las denuncias de los funcionarios llegaron a la Udef hace más de un año. Cuando se comprobó que había base para sospechar que podrían estar cometiéndose delitos, el juez ordenó retrotraer las investigaciones a 4 años atrás. Entre otras cosas, con el material incautado en la operación de este miércoles, se intentará establecer si hubo no sólo fraccionamiento de contratos, sino también sobornos a funcionarios o pagos duplicados por los mismos trabajos: hay indicios de que se abonaban simultáneamente facturas a la Taula del Tercer Sector y a la cooperativa que controlaba Juan Carlos Nicolás. Curiosamente, la entidad subvencionada generosamente tiene la sede social en el mismo edificio de la concejalía

Malestar en el sector

En el punto de mira de los investigadores están también las ayudas a fondo perdido a la Taula del Tercer Sector d’Acció Social de Sitges-Garraf, que ha recibido anualmente subvenciones de 45.000 euros. La constitución de esta entidad creó malestar en el sector de los servicios sociales: en 2012, se habían reunido 13 entidades para crear una Taula del Tercer Sector: ahí estaban Creu roja de Sitges, Fundació Ave Maria, Fundació Hospital Sant Joan Baptista, ONCE Garraf, Gay Sitges Link, Fundació Vida Útil o Càritas Ajuda Fraterna, entre otras. Tras formalizar la creación de la Taula, ésta comenzó a operar el 1 de enero de 2013. Al año siguiente, apareció la Taula del Tercer Sector d’Acció Social de Sitges-Garraf, por lo que la entidad ‘seria’ alertó este miércoles que no sabe de dónde ha salido esa entidad y subraya que nunca ha formado parte de su red. La familia que la gestionaba, al parecer, aprovechaba la similitud de los nombres para presentarse ante la opinión pública y las instituciones como una organización solvente.

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La copia de dos de los contratos de subvenciones, en poder de El Confidencial, detalla que la finalidad de las subvenciones era "desarrollar los diferentes proyectos de mejora de la calidad de vida y la inclusión social en la comunidad del colectivo de personas vulnerables". Detallaba que las acciones concretas a desarrollar era facilitar ayudas y trabajos comunitarios a enfermos dependientes o a personas sin hogar, facilitar el acompañamiento a personas que lo requieren para tramitar documentación o estancias en el hospital, participar en campañas e intercambio de juguetes, alimentos, ropa o electrodomésticos, orecer servicio de transporte de emergencias diversas, promover charlas y cursillos de aprendizaje básicos e impulsar "huertos emocionales". En todas estas actividades, las entidades se comprometían a utilizar lenguaje inclusivo y fomentar valores de igualdad y diversidad.

Gastos incontrolados

Los principios éticos por los que se regía el convenio anual eran tres: el principio de legalidad, el de satisfacción del interés públicos y el de eficacia y eficiencia. Aunque en el propio contrato firmado entre la Taula y el Ayuntamiento se prevén sanciones si se incumplen las cláusulas y dice que se han de justificar todos y cada uno de los gastos de la entidad (obligando a presentar "una memoria de actuación justificativa de las actividades realizadas y objetivos obtenidos, con el número de personas atendidas"), en la práctica se hacía la vista gorda sobre estos extremos y no se justificaron en ningún momento los gastos.

Las acusaciones que pesan sobre los detenidos son, de momento, de prevaricación, malversación y falsedad documental. El escándalo salpicará también al anterior alcalde entre 2015 y 2019, Miquel Forns, de CiU.

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Agencias

Según un escueto comunicado de ERC, este partido "está recopilando toda la información necesaria para oponerla a disposición de los canales éticos correspondientes". Según la formación, la alcaldesa detenida ya advirtió a los equipos jurídicos los hechos objeto de investigación, al detectar presuntas irregularidades y llegando a parar las subvenciones a la entidad en cuestión, iniciando expedientes para reclamar las subvenciones no justificadas".

El Ayuntamiento también emitió un comunicado en el que disculpa a los altos cargos implicados y en el que dice que el consistorio "dispone de informes que aseguran la ausencia de responsabilidades administrativas, y menos aún penales, y que demuestran la diligencia del Ayuntamiento de Sitges". Asegura también que antes de la operación policial, ya se tenía conocimiento de las irregularidades. "Una vez detectadas posibles irregularidades externas, se encargó a profesionales jurídicos el esclarecimiento de los hechos, parando las subvencionesl revisando los expedientes e iniciando el proceso para la devolución de las subvenciones que no estaban plenamente justificadas". El Ayuntamiento no ofreció a El Confidencial su versión sobre el escándalo, a pesar de las reiteradas llamadas de este medio.