El PSC presiona a Aragonès y pregunta por los contratos con la empresa de Tsunami

El diputado del PSC David Pérez interpuso el pasado 6 de febrero una batería de preguntas al Govern, a través del Parlament, interesándose por los contratos de la Administración catalana con la empresa Iniciatives Events. Esta compañía está involucrada en varios procedimientos judiciales por presunto amaño de contratos, falsificación de documentos y posible fraude. También comienzan a aflorar nuevas sospechas en el ámbito del deporte. Durante los últimos años, la entidad ha estado embolsándose suculentas adjudicaciones con la Federació Catalana d’Esports d’Hivern y, conforme avanza la investigación, van descubriéndose supuestos casos de irregularidades.

Los dos socios de Iniciatives Events, Toni Fusté y Roc Aguilera, fueron detenidos en octubre de 2020 por el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que dirigió la llamada operación Voloh. La paradoja es que mientras la Administración llenaba las cuentas corrientes de los socios de Iniciatives Events con millones de euros públicos, esta empresa era casi la única que contrataban para realizar los eventos políticos tanto el Govern como los principales partidos políticos (ERC y Junts), así como entidades como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural e incluso la plataforma Tsunami Democràtic, investigada por terrorismo. Esta vinculación, precisamente, es una de las ramas de investigación que permitieron abrir una pieza secreta.

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Iniciatives Events fue la empresa que proporcionó el material para montar un escenario en plena autopista AP-7 para cortar esta vía a la altura de la fronteriza población de La Junquera. También el 9 de noviembre de 2019, en plena jornada de reflexión de las elecciones generales, montó otro escenario en Gran Vía, en el centro de Barcelona, para dar mítines, contraviniendo así la ley electoral, que prohíbe hacer campaña la víspera de los comicios.

La compañía diseñó, fabricó y transportó un retrato gigante de Felipe VI para que la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, pudiera prenderle fuego en una céntrica calle barcelonesa en protesta por la visita del monarca a la capital catalana. La empresa era la organizadora de la mayoría de los actos de protesta durante los años del procés, convirtiéndose en un referente poco menos que de obligada contratación.

Contratos amañados de Torra

Las investigaciones permitieron sospechar que Iniciatives Events era algo más que una simple empresa mercantil. Era, en realidad, un conglomerado que mueve decenas de millones de euros provenientes de fondos públicos. Una resolución del Tribunal Catalán de la Competencia prohibió en septiembre de 2022 contratar con Presidencia de la Generalitat, dado que se había confirmado que amañó los contratos que había conseguido durante la presidencia de Quim Torra. La resolución dictaba que no podría haber ninguna relación durante dos años, además de imponerle una sanción de más de 360.000 euros.

Ajeno a esta resolución, el Govern ha seguido proporcionando contratos a Iniciatives Events. Solo Presidencia le dio más de tres millones de euros en 2023, mientras que de toda la estructura de la Generalitat se llevó en ese ejercicio 10 millones.

El PSC había presentado una batería de preguntas el pasado 3 de enero interesándose por los contratos que habían tenido no solo Iniciatives Events, sino las empresas relacionadas con los mismos accionistas, tanto del Govern como de sus organismos autónomos. En ese grupo figuran también Iniciatives Barcelona Sports Consulting, Sala Igualada, Abril & Toni Inmuebles, Art de la Llum, Espai Difusió, Cenesepro y Arcoiris Lighting Systems.

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Después de que El Confidencial develara la semana pasada los suculentos contratos del último año de Iniciatives Events, el diputado socialista David Pérez ha vuelto a presentar otra batería de preguntas sobre los contratos otorgados a la compañía por parte de Presidencia así como los contratos obtenidos de otros organismos públicos. De la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), de la Agencia de la Competitividad, de la Universitat Oberta de Catalunya o de la empresa pública Circuits de Catalunya.

Pérez pregunta al Govern si sabía que la empresa había sido sancionada por el Tribunal catalán de Defensa de la Competencia y se le prohibía contratar con Presidencia y se interesa por si Pere Aragonès va a seguir dando contratos a la compañía sancionada.

La trampa utilizada

En uno de sus últimos informes judiciales, la Guardia Civil explica que "el grupo de empresas controlado por Toni Fusté y Roc Aguilera es uno de los grandes beneficiados por los contratos públicos vinculados al proyecto olímpico". De hecho, Gerard Figueras (exsecretario de Deportes de la Generalitat) intentó adjudicarles un contrato de servicios relacionado con actos de difusión de la candidatura, para lo que era necesaria una modificación presupuestaria por valor de 226.894,59 euros, informando Gerard Figueras a Fusté que presentarían alegaciones a la resolución de Vicepresidencia por la que se denegaban excepcionalidades a ciertos gastos urgentes e inaplazables.

Finalmente, el expediente de modificación presupuestaria prosperó, lo que permitió adjudicar una serie de contratos a Cenesepro, Iniciatives Events y Espai Difusió. Los investigadores califican esta circunstancia como “trato de favor”. La Guardia Civil también descubrió que la Federació Catalana d’Esports d’Hivern pagó varias facturas a la sociedad que, en principio, eran independientes entre sí. Pero luego se encontraron contrafacturas de Espai Difusió “por exactamente los mismos importes, de manera que aquellos trabajos que pudiera pensarse que habían sido efectuados por empresas ajenas a Events acabaron revirtiendo en ingresos para este grupo empresarial”. En total, se encontraron desvíos de fondos de 68.000 euros.

“Los servicios que facturaron las mercantiles Sounder’s, l’Art de la Llum, Barcelona Integració Industrials, ELM, Tintaprint y Arcoiris fueron contrafacturados, y finalmente cobrados, por Espai Difusión, entendiendo que este hecho constituye una flagrante irregularidad y, posiblemente, un fraude en la subvención, toda vez que la Federació Catalana d’Esports d’Hivern es una entidad que se nutre de subvenciones de la Secretaría General de Deportes”.

El informe de la Guardia Civil afirma que “este es el modus operandi habitual y recurrente utilizado por Roc Aguilera y Toni Fusté para hacerse con contratos públicos bien directamente adjudicados por la Administración, bien adjudicados por entidades beneficiarias de subvenciones públicas con cargo a las cuales se sufragan los servicios de Events. De esta manera, se interponen diferentes sociedades mercantiles, en apariencia independientes entre sí, con las que presentan distintos presupuestos, haciendo ver que se trata de ofertas objetivas no relacionadas, cuando, en realidad, se trata de entidades controladas por los investigados y utilizadas para lograr la adjudicación final. Este hecho se considera absolutamente irregular y un elemento que corrompe las reglas del libre mercado”.

La investigación apunta a que los dueños de Iniciatives Events jugaban siempre a caballo ganador. Elaboraban varios presupuestos a nombre de diferentes empresas para que, ganase la que ganase, se llevasen ellos el dinero. “Los distintos presupuestos para obtener esos contratos fueron elaborados por Roc Aguilera, tanto los que ganasen como los que perdiesen. De esa manera, presuntamente Aguilera garantizaba que sus empresas serían las adjudicatarias de los contratos; contratos que se pagarían con el dinero procedente de la subvención otorgada a la Plataforma Pro Seleccions Catalanes. Este hecho podría catalogarse como falsedad en documento mercantil con el objetivo de obtener contratos sufragados con subvenciones públicas”, termina diciendo el informe de la Guardia Civil.