Junts provoca a Moncloa en plena negociación de la amnistía al apoyar una iniciativa para declarar la independencia

Nueva provocación de Junts a la Moncloa. En plena negociación de la ley de amnistía, el grupo de Carles Puigdemont ha apoyado en la Mesa de Parlament una Iniciativa Legislativa Popular para declarar la independencia de Cataluña. La Cámara ha dado luz verde a este texto, que retrotrae la política catalana al año 2017, gracias a los votos de JxCAT y la CUP, entre ellos el voto a favor de la presidenta del Parlament, Anna Erra.

Se trata de una propuesta presentada por el partido extraparlamentario Solidaritat Catalana per la Independència que, de hecho, se basa en el mismo texto de una proposición de ley de Solidaritat, el partido que entonces lideraba Joan Laporta, que ya se debatió en la Cámara en 2011. El informe de un letrado ha determinado que la iniciativa "no cumple condiciones" exigidas por la ley, aunque su criterio no es vinculante.

ERC se ha abstenido, pero tampoco podía frenar la iniciativa, ya que solo tiene un voto, al haberse marchado uno de sus miembros, el diputado Ruben Wagensberg, a Suiza. El PSC ha votado en contra, aunque ha perdido la minoría de bloqueo que mantenía desde la marcha de Wagensberg al votar a distancia la diputada de JxCAT, Aurora Madaula, de baja por depresión.

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Pablo Gabilondo

La Mesa, además, desafía a los letrados del Parlament, que se han pronunciado en contra de que se tramite esta ILP. “La solicitud a la que se refiere este informe no cumple las condiciones que establece la Ley 1/2006 para que la Mesa del Parlamento la pueda admitir a trámite". Por otra parte, se considera que las causas de inadmisibilidad de carácter material observadas no pueden considerarse como una irregularidad susceptible de ser enmendada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.4 LILP, dado que afectan a los elementos nucleares y esenciales de la proposición”, concluye el informe de los letrados de la Cámara catalana.

El informe argumenta que esta iniciativa popular no encaja ni en "el ámbito estricto de las competencias de la Generalitat" ni se apoya en la Constitución española ni tampoco en el Estatut de Cataluña.

Una vez que la ILP consigue el visto buen de la Mesa del Parlament, tiene que comenzar la recogida de firmas imprescindible para que la iniciativa pueda debatirse políticamente en el pleno. Deben recoger un mínimo de 50.000 que deben autenticarse y validarse de acuerdo con el procedimiento que regula la ley catalana de la iniciativa legislativa popular.

Interferencia en la amnistía

Con este voto, JxCAT enmaraña las negociaciones que mantiene en paralelo con la Moncloa y el PSOE para pactar la ley de amnistía, que Puigdemont ordenó tumbar en la votación en pleno porque no se aceptaron todas sus exigencias. Lo que queda públicamente es que el expresidente estaría negociando cambios en la amnistía con una mano y preparando otra declaración de independencia con otra, ya que Anna Erra, la presidenta del Parlament, es una persona muy próxima a él.

"En el Parlament hay posiciones maximalistas que después no tienen traducción"

El Gobierno ha esquivado este martes pronunciarse sobre este tema con el argumento de que carecían de información. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, no ha querido realizar alguna valoración, y la postura de la Moncloa es restarle toda la trascendencia. Fuentes gubernamentales destacan que "en el Parlament hay posiciones maximalistas que después no tienen traducción". Y otras fuentes del Gobierno añaden que "ya lo han hecho otras veces", en referencia a las continuas iniciativas en defensa de la independencia.

Pero Alegría sí ha querido mandar un mensaje a Puigdemont, justo el día en que la Mesa del Congreso ha ampliado el plazo de la comisión de Justicia para dar más tiempo a un acuerdo sobre la ley de amnistía. La portavoz y ministra de Educación aseguró que sería "deseable" que se aprobase "lo antes posible". Porque, añadió, "nadie en Cataluña entendería que no se aprobase".

De hecho, en la Moncloa y en Ferraz se agarran a la presión de todos los posibles amnistiados sobre Puigdemont como un elemento decisivo para que el líder de Junts termine dando su respaldo a la ley. Una decisión que, como tope, se debe producir el próximo 7 de marzo.

Pero el pacto no es fácil porque Puigemont insiste en que ni los delitos de terrorismo ni los de alta traición queden fuera de la amnistía, precisamente porque tanto él como personas de su entorno tienen investigaciones judiciales abiertas por acusaciones de esta índole. En el Ejecutivo reiteran que ellos "no se mueven" y que no aceptarán estas pretensiones porque hacerlo, han repetido en distintas ocasiones, podría convertir la ley en inconstitucional.

La Moncloa: "Suiza es una de las democracias más consolidadas del mundo"

En cualquier caso, en la comparecencia de la portavoz se produjo un nuevo guiñol, que se añade al de restar importancia a la tramitación de la ILP. La ministra no quiso decir nada sobre la actitud de la Oficina Federal de Justicia de Suiza, que no se ha mostrado colaboradora con el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, para localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, hasta resolver si no concurre una motivación política en su demanda.

García-Castellón acusa tanto a Rovira como a Puigdemont de un posible delito de terrorismo por considerar que estuvieron detrás de los desórdenes de la organización Tsunami Democràtic en el aeropuerto de El Prat, tras la sentencia del procés. Pero sí dijo una frase con bastante fondo: "Suiza es una de las democracias más consolidadas del mundo". El Gobierno, que públicamente sostiene que los independentistas no son terroristas, precisó que a quien le corresponde contestar ahora a las dudas de Suiza es al juez.