Fallo del Supremo: el alto tribunal amenaza con un embargo por una deuda ya saldada

El Tribunal Supremo ha tenido un fallo. Pero un fallo de verdad, no una sentencia: el pasado noviembre dictó un auto reclamando al Consejo de Cámaras de Cataluña un total de 2.420 euros de principal más 726 euros "fijados provisionalmente para costas e intereses de la ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación". En total, pues, 3.140 euros por no pagar a tiempo. La supuesta deuda, confirmada por un auto del pasado mes de noviembre, hacía referencia a las costas de un juicio que el Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña había perdido.

Pero la deuda no era tal. El Tribunal Supremo pasó por alto que la cantidad de 2.420 euros ya había sido abonada. En concreto, según fuentes del Consejo, este organismo tiene constancia de que se realizó una transferencia por ese importe el 25 de febrero de 2022, es decir, más de año y medio antes de que el Supremo dictase el auto de referencia. En el concepto del pago figura el concepto de "costas procesales Staff Pavillon", de ahí que desde el Consejo General de Cámaras se muestre estupor ante el fallo del Tribunal Supremo.

El pleito que dio origen a esta situación fue la denuncia presentada ante los juzgados de Barcelona por parte de la empresa Staff Pavillon tras las elecciones a las Cámaras de comercio catalanas en el mes de mayo de 2019. En esas elecciones, ganó, contra todo pronóstico, la candidatura Eines de País, auspiciada y apoyada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), decidida a controlar todas las instituciones de Cataluña para provocar un conflicto masivo institucional con las instituciones del Estado.

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Varios juzgados de lo contencioso-administrativo acabaron dictaminando que el decreto que convocada esas elecciones era irregular, por lo que, de partida, las convertía en ilegales. En aquel momento, presidía el Govern Quim Torra, más tarde inhabilitado por desobediencia a los tribunales. El papel de la Administración catalana en el amaño de las elecciones de las Cámaras (en Cataluña hay un total de 13 cámaras de comercio) fue crucial, puesto que favoreció descaradamente a una opción política para controlar las instituciones administrativas. Un informe de Fiscalía acusaba que la Generalitat había nombrado a una junta electoral independentista que tendría una participación crucial en el proceso y que fue la encargada de dar carta de naturaleza a las trampas en las elecciones.

Pucherazo

Pero, además, varios juzgados dictaminaron que hubo pucherazo, es decir, que los independentistas habían amañado las elecciones para que ganase su candidatura. Esa trampa electoral se produjo mediante la anulación de votos de las candidaturas oponentes que no eran independentistas, a las que se privó de la victoria con trampas ante las que la Administración catalana cerró los ojos. El informe de Fiscalía aludido explica que la junta electoral independentista fue la responsable de validar la anulación de sufragios. "Esta falta de garantías es inaudita en un sistema que pretende ser democrático", acusó el Ministerio Público.

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Con la triquiñuela ilegal de anulación de votos válidos, Eines de País pudo hacerse con el control de la Cámara de Comercio de Barcelona (la más potente de Cataluña) y proclamar presidente a Joan Canadell, que dos años más tarde dejó su cargo para presentarse como candidato en las listas de Junts per Catalunya (JxCat) en las elecciones autonómicas del 14 de febrero de 202. Canadell concurrió en el número 3 de la lista de Barcelona, tras Carles Puigdemont y Laura Borràs, y ha sido diputado hasta ahora.

Pero el conflicto que Canadell dejó en la Cámara de Comercio de Barcelona quedó abierto y se ha ido dirimiendo en su contra en los tribunales durante los últimos años. La empresa Staff Pavillon, que denunció las trampas en los comicios, ganó en todas las instancias y tanto la Generalitat como el Consejo General de Cámaras fueron obligadas a pagar las costas procesales de los pleitos. En noviembre de 2022, un auto ordenaba que el Govern pagase sus 2.420 euros de costas bajo amenaza de embargarle las cuentas. La administración catalana acordó entonces pagar y evitar el embargo y el subsiguiente descrédito.

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En julio de 2022, una nueva diligencia acordaba transferir los 2.420 euros de las cuentas del Consejo General de Cámaras al juzgado, para que éste lo abonase a Staff Pavillon. Como quiera que esa operación no se llegó a hacer finalmente (en realidad, ya estaba pagado desde cinco meses antes), el Supremo dictaminó finalmente en noviembre de 2023 el embargo, instado por Staff Pavillon, a la que nunca había llegado el dinero.

En el Consejo General de Cámaras, explicaron a El Confidencial que no les constaba hasta ahora ninguna deuda por costas procesales. Además, subrayaron que el Supremo nunca hizo llegar el auto que amenazaba con el embargo de la deuda más los 726 euros de intereses y liquidación. “Creemos que ha sido saldada toda deuda”, incidieron las fuentes. Finalmente, la institución catalana halló la transferencia realizada al juzgado, donde, al parecer, se le perdió el rastro. El Supremo dictó un auténtico fallo (y no sólo en el sentido jurídico del término) reclamando esa deuda.