La Audiencia de Barcelona frena la investigación sobre la conexión de Rusia y el 'procés'

La Audiencia de Barcelona ha impedido al juez del caso Volhov seguir investigando las supuestas conexiones del independentismo en Rusia en busca de apoyos para el 'procés', una causa que apunta al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de alta traición.

En un auto, la sección 21 ª de la Audiencia de Barcelona anula la prórroga de la investigación que el juez Joaquín Aguirre acordó en agosto de 2023 y le ordena que envíe el caso a juicio, con los indicios recabados hasta esa fecha, o bien que lo archive.

La resolución comporta la nulidad de las diligencias que el juez ha practicado desde agosto de 2023 para esclarecer la supuesta injerencia rusa en el 'procés', una investigación que volvió a prorrogar por otros seis meses el pasado mes de enero y que, posteriormente, declaró secreta.

En otro auto, la sección 21 ª de la Audiencia de Barcelona ha descartado apartar del caso Volhov al juez Aguirre, que fue recusado por Gonzalo Boye (abogado de Puigdemont y de su asesor Josep Lluís Alay) por una entrevista con una televisión alemana en la que el juez hablaba de la supuesta injerencia rusa en el 'procés'.

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Con la negociación para aprobar la ley de amnistía en marcha, el magistrado reactivó el pasado mes de enero la investigación sobre las supuestas conexiones con el Kremlin, en un contundente auto en el que apuntaba que Puigdemont y su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña.

Dos meses después, encargaba nuevas diligencias y declaraba el secreto de la causa, que se abrió hace cuatro años a raíz de una conversación intervenida en el teléfono del excargo de CDC Víctor Terradellas en el que este aludía a un supuesto apoyo de Rusia al 'procés', mediante criptomonedas y "10.000 soldados".

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La resolución de la Audiencia obliga ahora al juez a decidir si archiva la causa o la envía a juicio, sin que se pueda descartar que remita al Tribunal Supremo una exposición razonada con los supuestos indicios de delito sobre Carles Puigdemont. Eso sí, solo los que figuraran en la causa antes de agosto de 2023.

La sala considera que Aguirre ha tenido "tiempo suficiente" para el estudio de la causa y recalca que desde la anterior prórroga, en enero de 2023, hasta la que acordó en agosto de 2023, no consta la práctica de diligencias ni que la Fiscalía o el resto de acusaciones hayan solicitado ninguna: "Es decir, seis meses de completa inactividad".

En su auto, la sala afea al juez que justifique la prórroga de la investigación en el hecho de que se trata de una pieza "instrumental" y de extrema complejidad, sin concretar las diligencias que están pendientes de practicar ni su relevancia para las pesquisas.

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Más allá de "alusiones genéricas", el juez no explicita los motivos que le han impedido finalizar la instrucción en los plazos legalmente establecidos, sostiene la sala, que recuerda que las personas investigadas en la misma "tienen derecho a que su procedimiento penal se instruya sin dilaciones indebidas".

La Audiencia reprocha al instructor que se escude en la complejidad de la causa como un motivo "estereotipado", sin concretar las circunstancias de la pieza que investiga ni hacer referencia a informes policiales sobre el contenido de los teléfonos y dispositivos informáticos intervenidos pendientes de recibir.

Tampoco concreta, según la sala, la "necesidad" de analizar esos dispositivos, lo que "deviene en todo caso imprescindible tras casi tres años" desde su intervención, sin que la "complejidad" de la causa pueda servir de "excusa" para prorrogar la investigación.

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De hecho, considera el tribunal que si bien la causa entraña "cierta complejidad", no puede afirmarse que "su estudio sea inabordable en el período transcurrido", casi cuatro años desde que se abrió la pieza separada y tres desde que se llevaron a cabo las entradas y registros.

"Los últimos informes policiales se recibieron entre julio de 2022 y enero de 2033", insiste la sala, que cree que, por lo tanto, ha transcurrido "tiempo suficiente para su estudio".