Golpe judicial: la Generalitat ha adjudicado más de tres millones en contratos irregulares

ERC va de disgusto en disgusto. La apuesta por el frentismo en el Parlament y el temido bloque de la investidura del socialista Salvador Illa, que ganó las elecciones autonómicas del 12-M, han propiciado un giro de 180 grados en la política que hasta ahora había desarrollado la cúpula de Esquerra. El último varapalo al Gobierno de ERC se lo han dado los jueces, que han anulado dos importantes concursos en lo que va de año.

El primero de ellos es la gestión de los contenidos del canal de TikTok de la Generalitat. El contrato fue adjudicado el pasado 4 de abril a la empresa Giny Comunicació, propiedad del empresario Guillem Carol, y ascendía a 471.972 euros, con un plazo de ejecución de 3 años, a razón de 157.324,20 euros por año. Su cometido debía ser asesorar en la creación de contenidos multimedia para la página de TikTok de la Generalitat con el fin de que los mensajes del Govern llegasen "al público más joven".

Una de las empresas licitantes, Both People & Comms, no obstante, denunció la adjudicación ante el Tribunal Catalán de Contratos Públicos debido a la "precipitada resolución de adjudicación". En ese momento, faltaba menos de un mes para las elecciones autonómicas y una vez entrados en campaña electoral, sería muy poco estético que el Govern licitase un concurso de estas características. De ahí las prisas de los responsables municipales por cerrar el tema cuanto antes: el contrato se convocó, se licitó y se adjudicó en cuestión de semanas. La recurrente, además, denunció graves irregularidades en las valoraciones que se hicieron de las propuestas de las 4 empresas licitantes.

Un empresario independentista

El tribunal sentenció que las valoraciones efectuadas por los responsables del Govern sobre las propuestas de las empresas eran "Incongruentes" de tal modo que se llegaron a puntuar igual, propuestas que eran contradictorias. "También se aprecia una falta de esfuerzo argumental que impide conocer cuáles son las características favorables —o menos favorables— de las ofertas comparadas que las hacen merecedoras, en cada caso, de la calificación valorativa correspondiente y la puntuación individualizada". Señala también la resolución que "se echan a faltar razones por las que las propuestas se consideran óptimas en idéntico grado". Y acaba diciendo que se ha de anular "no solo la adjudicación y el informe técnico de valoración, sino también todo el procedimiento de licitación, tal y como se solicita en el recurso". El Govern, de momento, ha dejado en suspenso la adjudicación desde el 6 de junio, fecha de la resolución judicial.

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Se da la circunstancia de que el empresario beneficiado, Guillem Carol, es un hombre considerado cercano a ERC. Entre otras cosas, también fue miembro de la junta de Òmnium Cultural del Alt Penedès, y había sido administrador de esta entidad en la comarca, donde también tiene unas conocidas bodegas.

La empresa Giny Comunicació está dentro del grupo de comunicación Mus Media Group, considerado "un grupo de comunicación nacional". Catalán, se sobreentiende, lo que le da una pátina de autenticidad y patriotismo. En 2015, Carol se mostró contrario a que el partido republicano entrase en un Gobierno independentista presidido por Artur Mas. "Corremos el riesgo de edificar un segundo tripartito CDC-UDC-ERC. Los independentistas no nos podemos permitir desprestigiar nuestra imagen. Hemos de evitar las confrontaciones estériles y los debates improductivos. Una ERC en la oposición puede continuar dando apoyo al Govern, pero manteniendo su lógica distancia", escribió en aquel momento. Su tesis era que ERC debería hacer como en los años 80, cuando apoyó a Jordi Pujol: hacerse con la presidencia del Parlament, pero no entrar en el Gobierno de la Generalitat independentista, sino apoyándolo desde fuera para desgastar la labor de oposición del PSC. No es el único traspié judicial del Govern: otro

Millonario concurso del ICS

No es el único traspié judicial del Govern: otro contrato del Institut Català de la Salut (ICS) acaba de ser anulado también por graves irregularidades en la licitación. En este caso, se trata de uno de los quince lotes para suministrar material de ventilación y respiración, lo que se traduce en un contrato de valor estimado de más de 2,8 millones de euros. El concurso preveía un plazo de presentación de ofertas hasta el 9 de abril pasado. Ese día, la empresa Fermon-Indis denunció ante los tribunales la vulneración de las normas legales en los pliegos del concurso.

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EFE

Como la empresa ya había presentado un recurso ante la Administración, el ICS modificó las cláusulas y alargó el plazo de presentación de ofertas hasta el 2 de mayo. Así, el 10 de mayo, la empresa presentó un nuevo recurso, ya que la resolución del director gerente del ICS, en realidad, variaba las condiciones del concurso. En concreto, la recurrente denunció que con las modificaciones efectuadas se producen "unas nuevas condiciones de la licitación del lote impugnado, que son posteriores al momento en que han de situarse las actuaciones a raíz de los pronunciamientos contenidos en esta resolución”, según se observa en el fallo del tribunal.

La empresa también se quejaba de que los precios básicos de licitación (PBL) eran aleatorios. Es más: no quedaba ni siquiera justificado que esos precios estuviesen adecuados a precios de mercado. El tribunal admite las alegaciones de Fermon-Indis y anula el concurso, que debería estar vigente por tres años, atendiendo a la posible prórroga.

Al partido republicano, pues, se le acumulan los reveses: además de los malos resultados electorales, ERC se encuentra en una delicada situación interna, ha de encarar ahora un tenso periodo hasta el mes de noviembre, cuando celebre un congreso extraordinario para elegir nueva dirección. Y, para colmo, la justicia la abofetea por su gestión al frente del Govern después de que el aún presidente, Pere Aragonès, hubiera hecho oídos sordos a los tribunales contratando para organizar todos sus actos y los del departamento de la Presidencia a Iniciatives Events, una empresa condenada por corrupción y que tenía prohibido contratar con el Govern.