Ignacio Garriga (Vox) cobró su sobresueldo del Parlament como "servicios de despacho"

El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, justificó su sobresueldo a costa del grupo parlamentario como "pago de los servicios de despacho y atención en sede", según consta en los recibís con forma de factura que el diputado emitía cada mes y a los que ha accedido El Confidencial. En una investigación interna de la Oidora de Cuentas del Parlament, el equivalente a un servicio de auditoría interna, se fija que Garriga acumuló en dos años un total 39.361 euros de gastos irregulares por diversas vías.

Portavoces de Vox han declinado explicar a qué se refiere el concepto de "servicios de despacho". Pero sí han asegurado que la Oidora de Cuentas solo pidió que se notificara y explicara la actividad económica y declaración de bienes de Garriga. En ningún momento ha dicho que sea ilegal o irregular. Ante su petición de información, se registró la semana pasada la actividad económica y declaración de bienes de Garriga y se hará pública en la web próximamente.

El Confidencial ha accedido a las facturas de mayo, junio y julio de 2021, las tres de 1.538,46 euros brutos cada una, en las cuales el vicepresidente de Vox retenía un 35% de IRPF, 538,46 euros en cada recibí.

La exdiputada de Vox, Isabel Lázaro, presentó una denuncia ante la Oficina Antifraude por esta actuación de Garriga. Pero ante el estatus especial del Parlament, Antifraude ha pedido a la Mesa del Parlament que actúe contra Garriga y se ha lavado las manos. Y de ahí el informe de la Oidora de Cuentas al que también ha accedido El Confidencial.

En este nuevo informe se separan dos tipos de gastos: los que Garriga pasó en cuestiones personales con la tarjeta del grupo parlamentario y, otros, las facturas que emitía cada mes. En los primeros hay gastos de tintorería, ocio, peluquería, Glovo (603,35 euros) y hasta el AMPA del colegio de los hijos de Garriga, entre otros. Pero la parte del león son las facturas: 38.496,59 euros entre 2021 y 2022, según este informe.

El informe detalla que Garriga percibió por esa vía de las facturas en 2021 un total de 12.307,68 euros. Fuentes parlamentarias explicaron que la Oidora de Cuentas preguntó en su día al grupo parlamentario de Vox si el Ignacio Garriga Vaz de Concicao que emitía las facturas y el Ignacio Garriga presidente del grupo parlamentario eran la misma persona. Garriga llegó a ser apercibido por el secretario general del Parlament porque se negaba a aumentar la cifra que, según Transparencia, recibía del Parlament, fijada en 2023 en un total de 88.973,60 euros brutos anuales.

Garriga ha argumentado ante su grupo parlamentario que se trataba de un sobresueldo aprobado desde la dirección de Vox y que era para compensar la pérdida de ingresos que le había supuesto dejar su profesión de dentista por la política, según fuentes de la formación. Pero parece difícil de justificar ese razonamiento cuando su declaración de bienes cuando llegó al Parlament era de 55.000 euros brutos, muchos menos que la que percibía después como diputado. Por tanto, no había menoscabo para su nivel de rentas.

Reto para la Mesa

En el informe para la Mesa se especifica que "la Mesa puede pedir aclaraciones a su grupo parlamentario, en relación con el tipo de actividad profesional que ha ejercido el diputado y por la que ha cobrado 38.496,59 euros. El apartado 4.2 de la instrucción habilita a la Mesa a solicitar información adicional sobre los aspectos que estime adecuados. El grupo parlamentario no está obligado a presentar sus facturas; solo de forma voluntaria". Esta es una de las patatas calientes con la que ha de lidiar el nuevo presidente del Parlament, Josep Rull.

En su informe, el Parlament evita entrar en si lo que ha hecho Garriga es delito pero propone mejorar los mecanismo de control de los gastos

El informe en ningún momento propone que la Mesa pida a Ignacio Garriga que devuelva el dinero. Tampoco entra a valorar si lo acontecido es delito. Sí que lanza la idea de que se cambie la norma para ejercer un mayor control sobre el dinero de los Grupos Parlamentarios, que provienen de una subvención pública.

Más control financiero

"Dado que las subvenciones son entregas de fondos públicos, de cara a futuros ejercicios, se recomienda modificar la normativa actual para ampliar el alcance del control; en concreto, se propone aplicar la modalidad de control financiero", propone como idea la Oidora.

Según la auditora interna, "esta modalidad permitiría comprobar que los fondos se aplican a las finalidades establecidas y que están vinculados al cumplimiento de las funciones de los grupos y subgrupos parlamentarios, mediante la revisión de la documentación de los gastos efectuados con cargo a la subvención —facturas, justificantes de pago, documentación acreditativa de la prestación o entrega del bien o servicio, contratos, informes, estudios y dictámenes, extractos bancarios, etc.—". Dicho de otra manera. En este momento no hay ningún tipo de control, en una Cámara que lleva 15 legislaturas de vida.