Investigan por traición a Carles Puigdemont, Artur Mas y Gonzalo Boye en el caso de la trama rusa

El abogado Gonzalo Boye, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exconsejera de Presidencia Elsa Artadi, el exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, y el jefe de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, se encuentran investigados por traición debido a sus acciones supuestamente negociando con espías rusos y buscando financiación exterior para conseguir la independencia de Cataluña. Así consta en un auto del magistrado Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que investiga la trama rusa, el desvío de subvenciones públicas y otros delitos. El expresident Carles Puigdemont y el diputado de Junts Francesc Dalmases también se encuentran en el punto de mira de las investigaciones, pero como son diputados electos, y, por tanto, aforados, el juez ha decidido elevar “exposición razonada al órgano superior competente”.

El magistrado ha acordado abrir una pieza separada en el sumario del caso Voloh para dirimir responsabilidades exclusivamente respecto de la trama rusa. En esta pieza también se investiga por el mismo delito a Jordi Sardà, uno de los intermediarios que el independentismo catalán utilizó para llegar a contactar con espías rusos, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta y el empresario ruso Alexander Dmitrenko.

En el auto, el magistrado razona que “Artur Mas eligió la reivindicación identitaria catalana como medio para propulsar su permanencia en el poder, creando una conciencia excluyente de colectividad propia diferenciada de la del resto de España, si bien susceptible de amistad fraternal con otras colectividades semejantes a la suya, como el País Vasco, siendo el enemigo de la colectividad catalana España. Así, se extendió el relato del ‘mandato democrático’, originado en la supuesta voluntad popular expresada democráticamente cada cierto tiempo en urnas”.

En esta pieza también se investiga a Jordi Sardà, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta y Alexander Dmitrenko

Entre los documentos que incriminan al expresident figura un acta de la “trascendental” reunión del comité nacional del PDeCAT del 2 de octubre de 2017 (un día después del referéndum ilegal) que terminó con una intervención de Mas en la que defendía declarar la declaración unilateral de independencia (DUI). En esa reunión, Puigdemont planteó que la declaración debía hacerse en 48 horas y Marta Pascal, entonces al frente del PDeCAT, “resaltó la necesidad del control del territorio y control de las finanzas”.

"Una comunidad de intereses"

Respecto a Gonzalo Boye, el escrito señala que junto a Josep Lluís Alay y a Dmitrenko “formó una comunidad de intereses” que perseguía “dar con la pieza clave que les abriese las puertas de la Administración rusa”. Así, Boye y Alay “buscaban recabar apoyo económico y político para la independencia de Cataluña, mientas que a Dmitrenko le impulsaba el móvil empresarial y sus consiguientes beneficios económicos”. Como el roce hace el cariño, la relación acabó derivando en amistad. “Dmitrenko se integró como uno más en el círculo cercano a Puigdemont, con quien mantuvo al menos un encuentro en Ginebra. El expresidente de la Generalitat aprobó y celebró cada uno de los logros que se obtuvieron gracias a la influencia de Dmitrenko. Son numerosas las conversaciones analizadas en las que Alay informa a Puigdemont de los avances en su estrategia de aproximación a la Federación de Rusia, aprovechando los contactos de Dmitrenko”.

El joven empresario, dice el auto, “fue quien adentró a Alay en el entorno político y administrativo de Rusia, facilitándole los contactos de los dos exmiembros de los servicios de inteligencia rusos, Elena Stanislavovna Vavilova y Andrei Olegevich Bezrukov. Además, acompañó a Alay en algunos de los viajes que realizó a Moscú, donde mantuvo encuentros con Y. Primakov, jefe de la Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes del Gobierno de Rusia”. También le facilitó contactos con Artem Lukoyanov, de quien era socio en la empresa AA Plus Wealth Management. Lukoyanov “es hijo adoptivo de Vladislav Surkov, conocido como el ‘cardenal gris’ o el ‘Rasputín de Putin’. Fue vicepresidente de la Administración presidencial, jefe de gabinete del Gobierno y asesor personal de Vladímir Putin sobre las relaciones con Abjasia, Osetia del Sur y Ucrania”.

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En las notas del teléfono de Alay se encontraron varios pasajes donde aparecía citado el hijo de Surkov, lo que podría suponer “una posible para obtener conexiones de mayor calado, dado el puesto que en esa época ocupaba su padre como asesor de Putin”. El auto subraya que tanto Alay como Boye convencieron al entonces presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell (luego diputado de Junts) de que nombrase a Dmitrenko “embajador de la Cámara en Rusia, como finalmente sucedió”. Tras conocerse algunas interioridades del caso, la Cámara tuvo que rectificar, según desvela el auto.

El plan de las criptomonedas

El auto recuerda que en una conversación telefónica del 16 de mayo de 2018, Víctor Terradellas comentaba a Xavier Vendrell (exsecretario de Organización de ERC y exconsejero de Gobernación) que “esta gente [los rusos] está muy interesada en poder participar [en el montaje de un gran grupo de comunicación que les apoyase], pero… poder participar de primer nivel y poner ahí una persona también pues… cuando te hablo de primer nivel, te estoy hablando que hay que poner 100, 200 o 300 millones de dólares o de euros. Están dispuestos, no es un problema”.

En el tema económico, el auto detalla el plan para financiar actividades separatistas mediante criptomonedas. En un documento incautado en la sede de la Fundación Catmon, que controlaban Terradellas y el diputado Francesc Dalmases, se encontró un documento en el que aparecía la palabra Putin, Consejo de la ONU junto a los comentarios de ‘política’ y ‘financiación’. Había también referencias a bitcoin y legislación. Los investigadores sospechan que podía ser un plan para convertir a Cataluña en un paraíso de las criptomonedas al servicio de Rusia.

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En ese ambiente, aparece el empresario Zeus Borrell, introducido en el plan “por su competencia técnica y experiencia en el ámbito de las criptomonedas”. Borrell llegó de la mano de Jordi Sardà, que años antes había estado involucrado en una estafa monumental cuando se hizo pasar por alto directivo de Gas Natural y llegó a firmar un convenio con el Gobierno de Ucrania. A través de Sardà, visitaron Cataluña Sergei Motin, que llegó a entrevistarse con Puigdemont en el Palau de la Generalitat, y Nikolay Sadonikov, otro presunto agente de los servicios de inteligencia rusos, que también se reunió con el president en su despacho oficial.

Puigdemont, al corriente

Puigdemont estaba al corriente de todas las iniciativas que se tomaban, entre ellas un ensayo de inversión en criptomonedas materializado desde Dubai. “La secuencia producida desde la reunión de Casa dels Canonges [residencia oficial del Palau de la Generalitat] el 26 de octubre de 2017 hasta la conversión en euros de los bitcoins operada por Sardà, con la monitorización de Nikolay Sadovnikov permite inferir que, al menos parte del proyecto de las criptomonedas habría cristalizado y que además su destinatario era Puigdemont”, relata el auto.

Los contactos con el Kremlin no se quedaron ahí: Terradellas viajó el septiembre de 2017 a Moscú para entrevistarse con Sergei Markov, exdiputado en la Duma de Rusia Unida. Para ello, utilizó como intermediaria a Natalia Boronat, periodista afincada en Moscú. Markov reconoció posteriormente haberse reunido con el enviado catalán. El viaje fue gestionado por Francesc Dalmases, socio de Terradellas y actual diputado de Junts.

Puigdemont estaba al corriente de todas las iniciativas, entre ellas un ensayo de inversión en criptomonedas materializado desde Dubai

“De las novedades que Terradellas participa a Dalmases se intuye un protagonismo más amplio que el de mero socio que facilita los billetes y la logística en Rusia, ya que el día después de su llegada a Moscú, el 28 de septiembre de 2017, Terradellas escribió a Dalmases para darle feedback de la reunión mantenida e informarle de la buena sintonía que había tenido con el emisario del Kremlin y la celebración de una segunda reunión al día siguiente”. Por si fuera poco, Dalmases, “con el conocimiento de Puigdemont, también contactó con el experto mediador en resolución de conflictos, Jonathan Nicolas Powell”. Este último había sido jefe de gabinete de Tony Blair.

Asimismo, los independentistas intentaron hablar con dirigentes políticos de alto nivel de Alemania y Austria para que les ayudasen en una separación de España e incluso negociaron con el Gobierno de San Marino que se prestase este territorio a ser safe harbo’ para Cataluña. “Probablemente en lso próximos minutos el Ministro de Exteriores de San Marino ofrecerá ser un ‘puerto seguro’ para el Gobierno de Cataluña. Esto incluye ofrecerse para alojar negociaciones entre España y Cataluña y ofrecer a dar asilo a personalidades catalanas si fuera necesario”, escribía Terradellas a Puigdemont el 10 de octubre de 2017, tras el referéndum ilegal.

En resumen, se conformó una tupida red de intereses en la cúpula del independentismo destinada a recabar ayudas como fuese (e incluso de quien fuese) siempre y cuando ayudaran a la independencia de Cataluña. Eso es lo que se trasluce del relato de los hechos acaecidos durante la última década y que son desmenuzados por el auto en cuestión.