El veto Collboni a Airbnb genera dudas en los vecinos: "Es una buena noticia, ahora falta que cumpla"

Dudas, muchas dudas es lo que ha generado el anuncio del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de que eliminará los pisos turísticos en la ciudad condal. Dudas porque, de producirse, se producirá en 2029 y puede que por aquel entonces Collboni ya no sea alcalde. Dudas porque nadie sabe si el anuncio es voluntad del alcalde socialista o de su nuevo socio de gobierno en la alcaldía: ERC. Los republicanos, tras la debacle en las elecciones autonómicas y europeas, buscan crear perfil propio y el veto a Airbnb es una buena manera de lograrlo.

Gran parte de la ciudadanía de Barcelona lleva años quejándose del aumento del turismo hasta un punto insostenible. Esas mismas personas ahora, después de que Collboni anunciase una de las medidas más importantes para poner coto a los turistas, desconfían de su alcalde.

Según ha anunciado el alcalde, el ayuntamiento no renovará la licencia de los 10.000 pisos turísticos cuando expiren en noviembre de 2028. De esta manera, en diferido, Collboni saca pecho y se coloca como abanderado del acceso a la vivienda para evitar que los vecinos no tengan que irse de la ciudad. Sin embargo, la realidad es que el alcalde se limita a cumplir un decreto ley que aprobó la Generalitat de Cataluña en noviembre de 2023, bajo el mandato presidencial del republicano Pere Aragonès, lo que es un indicio suficiente para sospechar que ERC ha tenido mucho que ver con lo que ha ocurrido.

Son muchos los que miran esta noticia con recelo. "Es una gran noticia, ahora falta que cumpla", comenta un usuario de X. Las asociaciones de vecinos, que llevan años quejándose de los pisos turísticos, prefieren mantener el silencio hasta leer el texto completo. Han sido las voces ciudadanas, y los jóvenes especialmente, las que han reaccionado de forma inmediata ante el enorme problema que supone el acceso a la vivida en Barcelona, similar al de otras capitales europeas o incluso en Nueva York, donde desde 2023 los pisos turísticos de menos de 30 días están prohibidos.

El fantasma de un 'mercado negro' ante una medida populista

Quien sí manifiesta su opinión es la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apatur), que cree que esta medida es un llamamiento a la aparición de más pisos ilegales. Y la opinión popular no les da la espalda.

"¿Eliminar el Airbnb de Barcelona? Habrá ilegales y será peor". Así de contundente explica María V. su posición ante el anuncio del alcalde de la ciudad en la que reside desde hace más de 30 años. "Cuando se prohíben las cosas, sobre todo fenómenos muy establecidos en el resto del mundo y muy habituales, la situación tiende a empeorar". En su opinión, las licencias actuales, pese a tener mucho a mejorar, ofrecen cierto control sobre este tipo de alquileres, mientras que la prohibición puede desatar un auténtico caos en la ciudad.

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Durante los últimos años, María V. ha sufrido el ruido de un apartamento de su mismo bloque al que se le está dando uso turístico: "hay que poner unos estándares o reglas que te permitan que si no los cumplen te retiren la licencia", y añade que "el poco control y las prohibiciones siempre llevan a la economía sumergida".

Otros han tachado de "medida populista" la idea de Collboni. Bruno Sánchez estudia un máster en Barcelona: "Aunque se haga — duda-, no tendrá un impacto real en la economía porque solo hay 10.000 con licencia, es irrelevante, los demás son ilegales". Aunque los portales de alojamiento requieran licencia, luego hay anuncios en X o Instagram, o incluso grupos de Facebook en los que la gente oferta habitaciones a precios desorbitados. Además, añade Bruno, "los pisos que sí que tienen licencia son aquellos que están en zonas turísticas y más bien de lujo, por lo que si esas viviendas vuelven al mercado van a estar fuera del alcance de los que somos jóvenes".

La ciudad, al límite y llena de expats

En Barcelona hay 10.000 pisos turísticos, que en cifras de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona apenas suponen el 0,77% de la vivienda de la ciudad. "El problema de Barcelona no son los pisos turísticos, son los expats", término que se ha popularizado en Barcelona para referirse a los expatriados. Bernat Comí tiene 26 años, vive en un piso compartido en Barcelona en unas condiciones mejorables, pero, como él dice, "no se la puede jugar a encontrar algo mejor".

Alquilar siendo joven en la capital catalana es una auténtica lotería, por lo que renunciar a un piso, por muy mal que esté, está considerado una auténtica locura. "El centro es caro porque no viven los catalanes con sueldos de 1.500 euros, viven expatriados que trabajan en tecnológicas y multinacionales que cobran sueldos altísimos de 7.000, 10.000, 15.000 euros, acordes con sus países de origen, que generan una demanda de alquiler con precios muy elevados, fuera del alcance de los que somos de aquí", explica Bernat.

Un caso similar es el de Pau Gil, que ha vivido toda su vida en Gràcia, un barrio de la capital catalana, y que, según dice, ha visto cómo poco a poco se iba difuminando con la llegada masiva de turistas. "Si Collboni cumple, por fin podremos quedarnos en nuestro barrio y no tener que irnos fuera de la ciudad a sitios gentrificados, porque esto rompe la cultura del barrio". Desde hace meses, Pau intenta independizarse en la misma zona en la que ha crecido, pero los precios prohibitivos y la baja oferta le están privando de poder acceder a su primera vivienda: "Mi padre y mi abuelo vivieron en la misma calle y yo ahora no puedo, como cerca, podré vivir en Granollers".

Los inquilinos tampoco se fían

Mucha desconfianza también entre los barceloneses que creen que esta limitación llevará al aumento de alquileres temporales y no de larga duración, como dice Collboni. A esta reivindicación se ha sumado el Sindicat de Llogaters que insiste en que la crisis de la vivienda en Barcelona se cimienta en la falta de regulación de los alquileres temporales, que son la "grieta principal de los especuladores" para desviar pisos a "usos lucrativos", y no los alquileres turísticos.

Asimismo, el sindicato se ha mostrado muy reacio al anuncio del socialista Collboni en un comunicado en el que señalan que la medida no tendrá "ningún efecto práctico" hasta dentro de cuatro años y medio. Y precisamente por el largo período de tiempo hasta que la prohibición se haga efectiva, el sindicato señala que el contexto político de entonces es incierto, por lo que es probable que la medida nunca se llegue a aplicar y acabe "convertida en humo".