El Parlament cambió las normas para eludir su responsabilidad en los gastos de Garriga

El Parlament cambió las normas para eludir la responsabilidad del máximo órgano rector de la Cámara catalana, la Mesa, en el caso Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña. La Mesa debería haber cortado por lo sano los gastos dudosos en el grupo parlamentario de la formación de ultraderecha y tenía potestad para ello. Pero la situación de inestabilidad política en Cataluña, que también sacudió al Parlament con tres presidentas durante ese período, y la desidia de la institución para imponer controles a menos que salte un escándalo público hicieron el resto.

Cuando la culpa es de muchos, la responsabilidad no es de nadie. Y hasta tres personalidades del independentismo salen malparadas: la expresidenta del Parlament Laura Borràs de JxCAT, que tuvo que dejar el cargo tras ser condenada por prevaricación: la presidenta en funciones Alba Vergés (ERC) y la última presidenta hasta el final de la legislatura Anna Erra, otra vez de Junts. Ninguna de ellas hizo nada para acotar la actuación de Garriga, aunque disponían de margen legal para ello.

El reglamento interno del Parlament establecía, según el punto 4.2, que "en función del informe emitido por la Oidoría de Cuentas, la Mesa podrá requerir a los grupos y subgrupos parlamentarios documentación adicional a la establecida en el anterior apartado 3.2 de esta instrucción y encargar, en su caso, un informe complementario sobre los mismos aspectos que estime adecuados para garantizar la adecuada rendición de las cuentas". En el caso de Garriga, aunque se había detectado lo sorprendente de las facturas a su propio grupo parlamentario, la Mesa nunca ejerció esta potestad, esta responsabilidad "in vigilando".

El grupo parlamentario de Vox en Cataluña presenta las primeras cuentas de su grupo parlamentario con las polémicas facturas el 30 de junio de 2022. Son las cuentas que corresponden a 2021. En ellas, la Oidora de Cuentas ha detectado facturas de Garriga por un total de 12.307,68 euros. Pero la Mesa no hace nada. La presidenta es todavía Laura Borràs, que tiene sus propios problemas. Un mes después es cesada en el cargo tras ser condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por prevaricación. En ese momento el debate en Cataluña es si Borràs ha de pagar por sus responsabilidades legales o si se trata de una persecución jurídica por su condición de líder del independentismo. Para nada se van a centrar en la buena gestión pública.

Asume entonces la presidencia del Parlament de manera interina Alba Vergés, de ERC. La ex consellera de Salut pasa por el cargo sin pena ni gloria, apostando por la inacción para que desde Junts no se le acuse de traidora.

El problema se hace grande

Llega el 30 de junio de 2023. El grupo parlamentario de Vox presenta las cuentas del ejercicio 2022, esta vez con facturas de Garriga que suman otros 26.188,91, según el informe de la Oidora.

La tercera presidenta del Parlament en ese período era Anna Erra (de Junts), que había sido nombrada el 9 de junio de 2023. De nuevo, la Mesa que presidía no ejerció su potestad ni su labor de control. El tema de las facturas de Garriga se siguió pudriendo hasta que la exdiputada de Vox Isabel Lázaro recurrió a la Oficina Antifraude el pasado 8 de abril para denunciar los ingresos extraordinarios de Garriga. Anna Erra llevaba casi un año en el cargo. Pere Aragonès ya había disuelto el Parlament para convocar elecciones. La Diputación Permanente de la Cámara alegó que no tenía poder para hacer nada por su situación de interinidad.

La inestabilidad política impacta de manera directa en el control del gasto público

Cuando la Oficina Antifraude les vuelve a pasar el marrón al propio Parlament, es el 25 de abril de este año. De repente, el 28 de mayo la interinidad ya no es tan importante y la Mesa de la Diputación permanente, encabezada por la propia Anna Erra, aprueba una nueva "instrucción sobre las subvenciones a los grupos parlamentarios", en la que de manera mágica desaparece el punto 4.2. La Mesa ya no es responsable en primera instancia.

Más poder para la Oidora

El Parlament lo justifica porque se ha dado más poder a la Oidora para, según el nuevo punto 4.2, que "la Oidora debe elaborar un informe provisional que incluya los hechos puestos de manifiesto en el control y las conclusiones correspondientes, el cual debe enviar a los grupos y subgrupos parlamentarios para que puedan formular alegaciones en el plazo de veinte días. Una vez recibidas las alegaciones, la Oidora debe elevar el informe provisional a definitivo. Este informe debe contener, además de la información del informe provisional, las alegaciones recibidas, las conclusiones y las recomendaciones”.

Solo entonces la Mesa puede "requerir a los grupos y subgrupos parlamentarios documentación adicional a la establecida en el apartado 3.2 de esta instrucción y encargar, en su caso, informe complementario sobre los aspectos que considere pertinente para garantizar la adecuada rendición de cuentas". Por ahora en su informe sobre el grupo parlamentario de Vox la Oidora sólo dice que dicho grupo no está obligado a entregarle más documentación y pide mayores medidas de control financiero, reconociendo que con las actuales los grupos parlamentarios pueden seguir campando a sus anchas a costa del dinero público.