Lío en Waterloo por el plan de Puigdemont de llevarse a Cataluña su actividad, el dinero y las nóminas

Polémica interna en el mundillo de Waterloo por el plan de Carles Puigdemont de trasladar a Cataluña su actividad en Bélgica, la que desempeñaban sus entidades belgas –CATGlobal ASBL y CATCiP AISBL– que le daban cobertura legal y financiera, y que con la amnistía quiere llevar a Cataluña. De hecho, estos meses eran para cerrar Waterloo a la espera de que la amnistía resultase efectiva. Pero las maneras de aplicar este traslado han provocado que los gestores de estas entidades se hayan rebelado contra Toni Comín, el número dos de Puigdemont.

Según desveló el digital catalán El Món, los gestores de estas entidades enviaron una carta a todos los miembros del Consell de la República para protestar por cómo se estaba llevando a cabo esta migración de los servicios y dejando en evidencia a Toni Comín, recientemente reelegido como eurodiputado por JxCAT.

En la carta se pone de manifiesto que Puigdemont quería llevarse las cuentas, el dinero, la actividad de los socios, las donaciones y la plantilla de trabajadores a una entidad con sede en Cataluña, la Associació Cultural de la República Global, con sede en Sitges (Barcelona) y que opera como uno de los consejos locales, en concreto el de esta localidad del Garraf. Toda esta actuación permite que el Consell de la República esté activo, aunque legalmente no existe. Este es uno de los problemas de fondo: Comín es el número dos del Consell, pero aspiraba a tomar las decisiones de manera unilateral en dos entidades en las cuales carece de cualquier representación.

“RepGlobal –la asociación española– ha puesto en nómina a los trabajadores del equipo técnico que antes estaban en nómina en CatG –la abreviatura de la belga CATGlobal–. Esto permite a RepGlobal operar de forma autónoma, sin estar bajo la supervisión directa de CatG, lo que no sería problemático si no fuera porque RepGlobal recibe su financiación exclusivamente de CatG”, lamentan en su carta que firman el presidente de CATGlobal, Jaume Bernis Calatayud; el secretario Piet Van den Bergh, el tesorero Pere-Jordi Junqué de Fortuny y el delegado para el día a día, Josep Monrabà.

Además, las nóminas iban a pasar de ser belgas a ser españolas. Pero los salarios iban a recortarse, ya que, tal y como señala la misiva, “es evidente que la decisión de transferir las nóminas a Cataluña de quienes trabajan en CatG es ventajosa, pues el coste de estas es mucho más bajo en Cataluña que en Bélgica, pero simplemente creemos que es necesario respetar las normas de buena gobernanza y que la forma en que la decisión se ha ejecutado ha roto con las más elementales medidas de seguridad que se habían establecido desde el inicio del exilio”.

Reunión pacificadora

Fuentes del entorno de Waterloo explican que este martes está prevista una reunión entre los administradores de las entidades y los responsables del Consell para llegar a un acuerdo y continuar con la migración de servicios y actividad a España.

En teoría, el Consell cuenta con 100.000 socios que pagan cuotas anuales, pero como recuerdan en su carta los administradores, “CatG se financia a través de donaciones. En principio, corresponde al Consell de la República garantizar –con sus actividades políticas y técnicas– las donaciones, pero hemos constatado una disminución muy importante de estas. Esto será probablemente el resultado de que el trabajo de búsqueda de donaciones a través del equipo técnico de CatG, de los Consejos Locales, del voluntariado y de las empresas de telemarketing se ha detenido parcial o totalmente”.

Las donaciones a Puigdemont han caído en picado, según los gestores de entes belgas

Y las donaciones son foco de más conflicto entre las entidades y Toni Comín, ya que según los autores de la misiva, “esta asociación recibe donaciones de la ciudadanía y las destina a un uso lógicamente con carácter político, siendo el representante del Consell de la República frente a CatG quien indica estos destinos; sin embargo, el representante debe asegurarse de que estos destinos siempre sean compatibles con la legalidad y con el principio de buena administración. Hemos constatado que esto no ha sido así, pues el representante, sobrepasando sus prerrogativas, también ha dirigido la gestión ordinaria de CatG”.

Oleada de críticas

Muchos de los problemas reflejan una falta endémica de dinero, como cuando los autores denuncian sobre la gestión diaria de CATGlobal ASBL que “hemos constatado que se ha pagado a algunos proveedores, pero no a otros, sin que se haya seguido ningún criterio contrastable. Además, se ha pagado a algunos proveedores antes de pagar las nóminas de CatG, lo que ha conducido a importantes retrasos en el pago de sueldos a los trabajadores”.

Muchas de las críticas de los gestores reflejan la falta de dinero que sufre Waterloo

Otro ejemplo de la agonía financiera: los autores explican en su carta que “en octubre de 2023 se firmó un acuerdo entre CatG y CatCIP para distribuir las donaciones recibidas entre ambas asociaciones. A pesar de este acuerdo, la gestión de CatG nunca pagó el dinero que correspondía a CatCIP en virtud del acuerdo. CatCIP informó al consejo de administración de CatG de esta situación. Con el acuerdo de CatG, desde el pasado mes de mayo y como medida temporal de prudencia, CatCIP recibe todas las donaciones”.

En su carta, los administradores temen que por culpa de la dirección política del Consell de la República se hayan cometido ilegalidades, ya que a su juicio “a nivel de (sic) gestión de CatG hemos detectado una retahíla de incidencias relativas a la contabilidad, fiscalidad, legalidad y en general a la gestión financiera que, además de poner de manifiesto una clara inoperancia, a menudo no se han hecho de acuerdo con la legalidad belga”. Una patata caliente para rematar esta mudanza de actividad del entramado legal de Waterloo de Bélgica a Cataluña.