El Parlament cambiará la norma para que los diputados no puedan facturar a sus grupos

El Parlament está trabajando en cambiar su normativa interna de manera que los diputados ya no puedan facturar a su propio grupo parlamentario para garantizarse un sobresueldo por esta vía, según explican fuentes de la Cámara catalana. Esta modificación se incluiría en el paquete de un nuevo marco para la institución que se quiere impulsar para esta legislatura y que incluye un cambio del Reglamento para que voten a distancia los diputados, igual que pasa en el Congreso, algo que facilitaría los votos de Carles Puigdemont, Lluís Puig (ambos de Junts) y Ruben Wagensber (ERC).

Esta decisión sobre la normativa interna se toma porque la crisis por los sobresueldos en Vox a costa del grupo parlamentario se está desmadrando. Ayer el grupo Comuns solicitó al Parlament que estudiase sanciones contra el grupo de Ignacio Garriga por esta cuestión.

Comuns han desvelado que en 2023 ya no fue solo Ignacio Garriga, sino también otros tres diputados de Vox los que habrían facturado servicios externos al grupo parlamentario. Según la carta de los comunes, los tres diputados que se suman a esta modalidad serían el primo de Ignacio Garriga, Joan Garriga, portavoz del grupo; y los diputados Sergio Macián y Manuel Acosta. Los comunes denuncian en su solicitud a la Mesa del Parlament que se trataría de “sobresueldos por tareas de dirección de su propio grupo parlamentario”.

La práctica de Ignacio Garriga de atribuirse un sobresueldo justificado como “servicios de despacho” que se inició en 2021 se ha ido extendiendo en el grupo parlamentario de la ultraderecha y ahora desde el Parlament que preside Josep Rull quieren ponerle coto con la modificación de la normativa.

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Sin embargo, la situación ya es de guerra abierta entre los grupos parlamentarios. Vox ha pedido las cuentas de todos los grupos y se las está mirando con lupa para iniciar su propia denuncia sobre prácticas contables dudosas, según apuntan fuentes parlamentarias catalanas.

Así que desde la presidencia del Parlament se quiere atajar la crisis. Cortar la vía de los sobresueldos de manera que no se extienda por la Cámara catalana y evitar que la situación política, ya muy tensa de salida, se polarice todavía más por cómo se administran las subvenciones con las que se alimentan los respectivos grupos parlamentarios.

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El actual secretario general, Albert Capelleres, defiende en clave interna que la práctica de Ignacio Garriga no es ilegal, ateniéndose a que los fondos públicos que reciben los grupos parlamentarios están sujetos a la ley de Financiación de Partidos Políticos española. Su batalla, según explican fuentes parlamentarias, siempre ha sido que el problema radica en que Ignacio Garriga estuvo casi tres años sin declarar a los servicios de transparencia de la Cámara catalana estos ingresos extra, algo que se le había pedido en repetidas ocasiones.

Sin capacidad sancionadora

Fuentes del Parlament explican que la Mesa carece de capacidad sancionadora para este tipo de actuaciones. Por lo que la pretensión de los comunes contra Vox no acabaría de gozar de encaje legal alguno. Otra cuestión es la imagen que se ofrezca ante los votantes de unos diputados que ya perciben salarios elevados, sobre los 80.000 euros brutos anuales, y que luego vuelven a facturar más.

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De hecho, ni la Oidora de Cuentas ni la Oficina Antifraude han querido asumir la responsabilidad de tutelar o pronunciarse sobre los gastos que Ignacio Garriga facturó como servicios profesionales y que, en dos años, sumaron 39.361 euros, durante los ejercicios de 2021 y 2022.

Mayor control financiero

El problema es la falta de control financiero, que la propia Oidora de Cuentas reconoce en su informe pidiendo más medidas para controlar a los grupos parlamentarios catalanes. Ahora Ignacio Garriga ya no es una excepción, sino que otros diputados electos despliegan la misma estrategia para disponer de ingresos añadidos.

La situación creada tras la denuncia de la exdiputada de Vox Ana Lázaro el pasado mes de abril se está saliendo de madre. Y la manera de devolver las aguas a su cauce es acabar con el vacío legal que hasta ahora permitía un tipo de práctica difícil de justificar ante la opinión pública.