El PSOE defenderá su oferta a ERC como un nuevo 'Pacto del Majestic': "España no se va a romper"

El acuerdo con ERC en Cataluña aún está lejos, pero no es imposible. O al menos ese es el mensaje que transmite el PSOE, enfrascado como está en una intensa y discreta negociación que les permita ganar la investidura de su candidato, Salvador Illa, y evitar la repetición electoral que pueda dar más oxígeno a Carles Puigdemont. El plazo expira el 25 de agosto, aunque los dos partidos pretenden llegar a un pacto antes de que termine julio, que a su vez deberán aprobar las bases republicanas, lo que añade aún mayor incertidumbre. No hay nada hecho aún, aseguran las partes. Pero desde el Gobierno, implicado de lleno en este objetivo, llegan señales bastante más optimistas que la semana anterior. Illa será el próximo presidente, insisten en el núcleo duro de Pedro Sánchez. "Al 90% de probabilidad", apuestan los más osados.

Mientras tanto, en Ferraz preparan la defensa de la oferta formal que su secretario de Organización, Santos Cerdán —ausente el jueves en el Pleno del Congreso—, trasladará a ERC. "Vamos a hacer un nuevo Pacto del Majestic", aseguran a El Confidencial fuentes al tanto de la negociación. Reivindican así su derecho a intentarlo aunque ello exija concesiones políticas y económicas para Cataluña, tal y como hizo el PP con CiU en 1996 para lograr la investidura de José María Aznar.

La dirección federal es consciente de que les toca hacer una intensa labor de pedagogía, también dentro de su partido, para luchar contra la sensación generalizada de que el independentismo volverá a tener "privilegios" a cambio de sus votos, que es como se lee en el resto del país. Las CCAA del PP, pero también Castilla-La Mancha (PSOE) y Canarias han avisado de que irán a la guerra si esto ocurre. Ferraz tiene difícil darle la vuelta a la idea de que Cataluña tendrá una "financiación singular", como ha verbalizado el Gobierno, por más que sus portavoces hayan corregido luego que se reconocerán "singularidades", en plural, a todos los territorios.

"Si lo de Pujol y Aznar no fue un chantaje y España no se rompió, ahora tampoco se romperá", sostienen los socialistas, que enumeran de carrerilla las concesiones que el PP tuvo que hacer para lograr el apoyo de CiU: la competencia de Tráfico para los Mossos (Sánchez ha pactado lo propio con el PNV y Bildu para Navarra); la gestión de los puertos salvo los declarados de "interés general", como el de Barcelona; la cesión a las comunidades del 30% del impuesto del IRPF, así como los del patrimonio, transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones y juego. También se cerraron otros compromisos de mucha relevancia nacional, como la supresión del servicio militar obligatorio y de la figura del gobernador civil.

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Precisamente, Aznar reivindicó hace unos días en Barcelona lo firmado con CiU. Anticipándose al argumentario del PSOE, contrapuso el 'Pacto del Majestic' a los compromisos que Sánchez ha adquirido con ERC y Junts. "No fue ni un chantaje pasado a limpio ni una carta feudal para intercambiar mi investidura por impunidad y privilegio", aseveró en un acto de homenaje a su exministro Josep Piqué, fallecido el año pasado. "Ni rastro de supresiones a la carta de tipos delictivos, indultos arbitrarios, amnistías inconstitucionales ni financiaciones negociadas unilateralmente", insistió. Aznar se mostró orgulloso de que su pacto con Pujol puso las bases del modelo de financiación autonómica —se acordó ceder a las comunidades el 30% del IRPF— que luego "fue aprobado por todas las CCAA sin excepción. Y fue la última unanimidad".

Consorcio tributario

La intención del Gobierno es que su pacto bilateral con ERC también sea el punto de arranque para la reforma del sistema "multilateral" de financiación. De momento, como informó El Confidencial, se ha lanzado al aire una primera oferta fiscal, aunque ERC ya la ha despreciado. Se trata de crear un consorcio tributario, participado por el Estado y por el Govern, para la gestión de todos los impuestos que se generan en la comunidad. Se trata de una fórmula de cooperación tributaria contemplada en el artículo 204 del Estatuto de Cataluña —y en otros textos estatutarios posteriores, como el de Andalucía—, que está sin desarrollar, pero que ofrece una mayor competencia fiscal a las autonomías. Una suerte de federalización de la Agencia Tributaria del Estado —como desarrolló aquí Carlos Sánchez—, que se abre paso en el debate de la financiación y que genera inquietud entre los inspectores de Hacienda.

Sin embargo, ERC no ha tardado en rechazar esta fórmula de gestión compartida de los impuestos porque no considera que ganen "soberanía real" e insisten en que Cataluña debe aspirar un concierto económico similar al de Euskadi y Navarra —que reconoce la Constitución de 1978—. "Nos chirría", respondió el viernes Josep Maria Jové, hombre de confianza de Marta Rovira y uno de los principales negociadores con el PSC. Jové recordó que ya existe la Agencia Tributaria de Cataluña, y señaló que su objetivo es el traspaso completo para crear una Hacienda catalana. Esta es una de las obsesiones recurrentes del independentismo en su deseo infinito de crear estructuras de Estado.

"No cuela. Queremos una cesión de soberanía real. Si lo que quiere el Gobierno es profundizar en el esquema de financiación de 1983, que no cuenten con ERC. Planteamos un punto y aparte", zanjan los republicanos. A las fuentes consultadas por este periódico, alejadas del actual círculo de poder que asume Marta Rovira desde Suiza, no les suena mal la música del "Pacto del Majestic". "Exigimos un acuerdo mollar, concesiones de soberanía real como fue el Majestic", declaran. "Si no, cualquier cosa que aprobemos ahora será revolcada por las bases de ERC", auguran.

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En Moncloa insisten en que exploran "vías alternativas" y "fórmulas imaginativas" para garantizar a Cataluña una mejor financiación. Y están confiados en dar con la solución, a priori imposible, que contente a ERC sin provocar una rebelión del resto de España. El objetivo declarado es que todas las CCAA podrán beneficiarse de las mejores que logre Cataluña, aunque está por ver si el independentismo aceptará otra ronda de café autonómico para su asimilación. "El pacto será bueno para Cataluña y será bueno para España", repiten los socialistas, conscientes de que están ante una operación de alto riesgo.

"Se tiene que poder explicar y entender bien", asumen en Ferraz, donde dan por amortizado el desgaste de la amnistía, que provocó un desgarro interno, incluso en filas del PSC. Este semestre electoral así lo habría demostrado. Sin embargo, se admite que la oferta de financiación para Cataluña puede tener un impacto mucho más desastroso para sus intereses en el resto de España.

Las CCAA del PP se declaran en guerra desde que Sánchez se comprometió en su pacto de investidura con ERC a condonar el 20% de la deuda que Cataluña tiene contraída con el Estado (15.000 millones). También Castilla-La Mancha está vigilante. Por mucho que el Gobierno haya prometido que se hará extensible a otras comunidades que tuvieron que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), nadie se fía. El próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado el día 15 para aprobar el reparto del objetivo de déficit presupuestario, promete ser de alta tensión para la ministra de Hacienda.