Millones de euros para 'separar' Cataluña: "Los machacaremos con una serie de campañas"

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha resuelto no conceder la amnistía a los delitos derivados de las investigaciones sobre subvenciones a las entidades Catmon e Igman, de la órbita de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Ambas estaban controladas por Francesc Dalmases, actual diputado de Junts per Catalunya (JxCAT), y por Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC. La Fundación Catmon y la Asociación Igman recibieron, según el sumario, millones de euros en subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona, de Presidencia de la Generalitat, de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y del Ayuntamiento de Barcelona.

La investigación de estas subvenciones iniciales llevó, posteriormente, a descubrir la trama rusa y desencadenó la detención de una veintena de altos cargos políticos y de activistas independentistas en la llamada operación Voloh. Esa deriva se precipitó debido a la abundante documentación aprehendida que no estaba relacionada con la concesión de subvenciones, sino con otras actividades.

“Estas otras actividades —dice un auto del magistrado Aguirre que lleva fecha de este lunes 8 de julio—, que podrían haberse financiado utilizando fondos públicos, estarían relacionadas con el desarrollo de relaciones internacionales que tendrían la finalidad de obtener apoyo internacional, ayuda económica, reconocimiento internacional y soporte financiero de los gobiernos de China y Rusia para una supuesta República Catalana escindida del Reino de España y, con ello, facilitar la injerencia de país extranjero en territorio español y la utilización de fondos públicos destinados a financiar dichas actividades”.

Por tanto, parte de los fondos con que se financiaron las actividades del procés podrían provenir de las subvenciones irregulares, pero el magistrado sostiene que otra parte podría provenir de las partidas asignadas a la acción exterior de la Generalitat, que sumaban 416.844.599 euros. La empresa pública Acció utilizó, por ejemplo, “más de 130.000 euros, no estando lo suficientemente justificado el empleo de estas cantidades”.

Un documento revelador

El análisis de toda la documentación encontrada llevo al juez a abrir una pieza separada el pasado 21 de junio, dedicada exclusivamente a la trama rusa del procés, que esta misma semana ha enviado al Supremo. En esta pieza, imputa a Carles Puigdemont, Artur Mas, Francesc Dalmases, Víctor Terradellas, Gonzalo Boye, Josep Lluís Alay y Elsa Artadi, entre otros, por traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. Todos ellos son delitos que no entran en la Ley de Amnistía.

En el auto aludido de no amnistiabilidad de los hechos, el magistrado relata que se encontró un documento en poder de Terradellas titulado ‘El camino hacia la República’. En él, se explicitan 9 apartados en los que se prevé incluso la renuncia de Carles Puigdemont en octubre de 2017 y el establecimiento de un gobierno provisional en el que entrasen los republicanos Xavier Vendrell (uno de los detenidos en la operación Voloh y exconsejero de ERC, además de jefe operativo de Tsunami Democràtic) y el exconseller y expresidente de ERC Joan Puigcercós.

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También propone en otro punto, tras una hipotética victoria de la república, “aplicar la estrategia empleada por Brzezinski a escala global y la trasladaremos a la península hasta el hundimiento del Estado español. Los machacaremos con una serie de campañas (sociales, políticas, ambientales, económicas, infraestructuras…) ofreciendo, de cada a la opinión pública y publicada, negociación sin parar las campañas de confrontación. También de forma constante haremos movilizaciones pacíficas y controladas de desgaste mediante los comités de defensa de la República (CDR). A los 100 días de la formación del Gobierno de la Generalitat, aprovechando alguna celebración con concentración, y de forma coordinada con las organizaciones políticas y sociales pertinente, el nuevo president interviene desde el Palau, reiterando la independencia y proclamando de forma irreversible la República de Cataluña”.

Los mayores, en primera fila

El documento preveía que el pueblo debería defender la república. “Este periodo de defensa podrá ser de tres meses (habiendo visto lo ocurrido el 1-O, que con medio día de agresiones se tuvieron que retirar, aquí en una semana o diez días creemos que será el tiempo de resistencia)”. Los independentistas estaban convencidos de que la llamada a la resistencia bloquearía el Palau de la Generalitat al tiempo que los Mossos y los CDR se sumarían a la sublevación, controlando puertos y aeropuertos. “Se llama, sobre todo, a la gente mayor a ocupar las primeras filas. Se genera, también, una atención inmediata de la prensa y de la comunidad internacional”.

La culminación del proyecto era la proclamación de Puigdemont como president (sin elecciones de por medio, ya que era el que había sido elegido en 2016): “Entendemos que la máxima presión y el paralelo ejercicio de la violencia contra la población puede ser de 7/15 días. En ese periodo, la comunidad internacional obligará a parar la violencia española. Comienza el retorno de presos y exiliados, acaba el 155 y la mesa de negociación bilateral o con ámbito internacional. Retorno del Molt Honorable President Puigdemont para iniciar las negociaciones”. El último punto trata sobre los ‘colaterales’ y especifica: “Los no amigos. Empresas como las que todos sabemos y tenemos en la cabeza que han de ser revisadas”.

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Para llevar a cabo este calendario, diversos dirigentes soberanistas, como Puigdemont, Terradellas o Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina de Puigdemont, contactaron con supuestos agentes de los servicios de espionaje rusos para obtener apoyo económico y logístico del Kremlin. “El exdiplomático ruso Nikolai Sadovnikov se reunió con el entonces dirigente separatista Carles Puigdemont en Barcelona, en vísperas del referéndum ilegal de Cataluña, en octubre de 2017”. Subraya a continuación que, “a través de sus contactos y relaciones, Rusia pretende crear una influencia política y económica para desestabilizar la democracia en la UE”.

Esta injerencia en los asuntos de la independencia de Cataluña coincide en el tiempo con una estrategia de injerencia de Rusia en toda Europa a través de eurodiputados y políticos, especialmente los de extrema derecha. Así, el magistrado apela a una nota del Parlamento Europeo del pasado 25 de abril, que denuncia “los supuestos contactos intensos y el número de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa en un grupo secesionista catalán. El texto sugiere investigar todas las conexiones de eurodiputados supuestamente relacionados con el Kremlin.

Sí hubo una amenaza

Por tanto, para el juez Aguirre, “aparte de la legítima opinión subjetiva de este magistrado como instructor de las presentes diligencias previas sobre la injerencia rusa, también contamos con la autorizada opinión del Parlamento Europeo, expresada tras oír numerosas declaraciones. No está de más añadir que la amenaza rusa a los valores democráticos de la UE no está centrada exclusivamente en Cataluña, sino que afecta a otros países, como Alemania, Francia, Italia o Letonia. Por tanto, este magistrado considera que sí hubo una amenaza (en el sentido de ‘peligro’) real y efectiva de que una potencia extranjera (Rusia) ejecutara actos perjudiciales para la integridad territorial de España”.

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Tantas idas y venidas, sostiene el juez, tuvieron un coste, que no salió del bolsillo de los imputados, sino del bolsillo de todos los ciudadanos. Por ello, aparte de la supuesta traición que se deduce de sus actos, se produce un supuesto delito de malversación de fondos públicos, que el magistrado se niega a amnistiar, conforme la resolución de la Sala Segunda del Supremo en un auto del pasado 1 de julio.