ERC obligó a Sánchez a viajar a Barcelona como 'gesto' pero mantiene el ultimátum del 31 de julio

ERC forzó la visita de Pedro Sánchez a Pere Aragonès en Barcelona como un "gesto" de buena voluntad. Fuentes republicanas señalaron a El Confidencial que “fue una petición que se le hizo porque había que cumplir lo que se había acordado y tocaba esto”. Fuentes socialistas admiten, asimismo, que el viaje de Sánchez a Barcelona se hizo “a petición de Esquerra y fue una condición que pusieron para escenificar que se trabaja en el entendimiento y visualizar que se llega a acuerdos”. Otra fuente socialista detalla que el buen ambiente de las negociaciones “pasa por un gesto de Sánchez de venir a Barcelona”.

Al parecer, la visita se adelantó tras el ultimátum de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de que había que llegar a un acuerdo antes del 31 de julio. El tema ha soliviantado a los de Puigdemont, que de momento han dejado en vía muerta los presupuestos de 2025 y la propia estabilidad del Gobierno español. “Ya teníamos todo pactado con Junts y en cuanto se hizo pública la reunión de Sánchez y Aragonès este miércoles, se echaron atrás y, además, sin argumentos. Lo que tuvieron, en otras palabras, fue un ataque de cuernos”, dicen fuentes socialistas.

La reunión de Aragonès y Sánchez en Barcelona hizo sonar todas alarmas en Junts y en Waterloo, porque eso podría significar el principio de la recta final del acuerdo de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. En una nota oficial tras el encuentro se subraya el “clima cordial y de normalidad institucional” del encuentro, en el que “se ha hecho un repaso de la relación entre los dos gobiernos después de la firma, esta última semana, de varios acuerdos que concretan y calendarizan diferentes transferencias y acuerdos pendientes”. Entre estos asuntos desencallados están el traspaso de Cercanías, el de las becas y ayudas a estudios y el de las iniciativas de investigación y desarrollo.

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El último tramo de la reunión sirvió para ultimar el traspaso del Ingreso Mínimo vital (IMV), que luego presentaron en rueda de prensa la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, y que se materializarán en 9 meses.

ERC enfría la euforia

Pero el interés soterrado del encuentro es el de la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Fuentes de ERC y del PSC explican que no se pactó nada sobre la investidura. Ambos partidos coinciden en señalar que “Aragonès no es quién para pactar el tema de la investidura, ya que eso le corresponde a Marta Rovira”. Pero lo cierto es que la reunión sirvió para templar la situación y ver la predisposición de ambas formaciones a "materializar un acuerdo que evite la repetición de elecciones autonómicas”.

El estado de las conversaciones difiere según quién lo examine. Para los socialistas, “las negociaciones van por buen camino. En 48 horas, se puede desencallar todo. De hecho, está todo hablado y sólo hace falta cerrar algunos flecos”. En cambio, los republicanos enfrían el optimismo de los socialistas: “No hay nada cerrado. Quien diga eso, miente. Y a estas alturas nadie puede garantizar que vaya a haber acuerdo”.

Los republicanos han previsto una consulta interna a sus bases el próximo 1 de agosto si hay acuerdo con los socialistas antes

Añaden los republicanos que los grupos negociadores trabajan paralelamente en cuatro carpetas: una sobre los acuerdos de la mesa y el pacto político entre ERC y PSOE; otra, sobre lengua y cultura; una tercera sobre el bienestar en Cataluña, que es donde entra la “financiación singular”; y una cuarta con temas varios. “De momento -añaden las fuentes-, la más avanzada es la del blindaje del catalán, es decir, la de la lengua. Sobre las demás no hay aún grandes avances”.

Los socialistas explican que el tema de la financiación es uno de los puntos delicados de la negociación. El PSC quiere venderlo como un acuerdo constitucional y estatutario, mientras que el interés de los republicanos es presentarse ante su parroquia afirmando que se han salido de la financiación común y que Cataluña ha logrado un ‘cupo catalán’ específico por encima de las restantes comunidades autónomas. Ambas posturas son antagónicas. “Hemos de hacer encaje de bolillos para que las demás comunidades no se nos echen encima. Pero lo que pactamos entra dentro de la legalidad y está previsto en el Estatut”.

Consulta el 1 de agosto

La fórmula que se estudia es la constitución de un Consorcio en el que entre la Hacienda española y la Agencia Tributaria Catalana (ATC) al 50%, que recauda el 100% de los impuestos. Los socialistas incluso transigen en que ese Consorcio esté controlado por el Govern, por lo que sería la Generalitat quien tendría el grifo del dinero. Pero falta por saber qué se hace luego con el dinero recaudado y el porcentaje que se queda Cataluña, el que paga al Estado por los servicios prestados y el que envía a la caja de solidaridad interterritorial. “El artículo que hace referencia a la recaudación de impuestos en Cataluña a través de un Consorcio no fue derogado por el Tribunal Constitucional, por lo que es perfectamente legal”, subrayan fuentes socialistas.

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Desde ERC se señala que el acuerdo aún está lejos. “Evidentemente, pediremos garantías, pero en estos momentos no es que falten garantías de que ejecutarán lo pactado, sino que no se ha hablado de eso. Antes hemos de saber exactamente lo que pactamos”. Los republicanos han previsto una consulta interna a sus bases el próximo 1 de agosto si hay acuerdo con los socialistas antes. “El miércoles de la semana que viene es la fecha tope para alcanzar acuerdos. Si hay pacto, lo presentaremos al día siguiente a las bases, pero si no hay acuerdo, no habrá consulta interna”, dicen las fuentes consultadas. A partir de ahí, siempre si hay acuerdo y éste sale adelante, el pleno de la investidura podría convocarse para la segunda semana de agosto.