Dominar las calles. Puigdemont se propone el control total de un nuevo 'procés'

El nuevo suflé independentista está a punto. La renovada ofensiva soberanista tiene tres ejes principales: un embate político de primer nivel desde las instituciones (JxCAT y la CUP, por ejemplo, plantean en sus programas adoptar la desobediencia institucional), el control de las plataformas cívicas, civiles, culturales y deportivas, y además, una guerra sin cuartel para dominar las movilizaciones en las calles y desestabilizar al Estado y a los rivales. Es una ofensiva institucional, cívica y social.

El Barça, el Ateneu, la Universidad de Barcelona, los colegios oficiales de Médicos, de Abogados, Economistas, Arquitectos, Psicólogos o de Informática son algunas de las entidades que el independentismo y sus tentáculos quieren agarrar. La coyuntura electoral actual inflama aún más este magma, porque los propios independentistas reconocen que o se moviliza al 100% su electorado o puede comenzar a cavarse la tumba política del separatismo si tras el 14-F no hay un frente soberanista en la Generalitat.

Los principales líderes independentistas añaden leña al fuego para contrarrestar el voto constitucionalista, que cada día que pasa se concentra más en el socialista Salvador Illa. Pero de entre esos líderes, sobresale Carles Puigdemont, pues se ha propuesto como objetivo dar de nuevo el 'sorpaso', como ya hizo en diciembre del 2017, y ganar en votos a su principal rival, ERC. La apuesta es tan brutal que dedica todo su 'tiempo libre' desde Waterloo a diseñar un gran plan de control de la calle, barriendo a organizaciones ya arraigadas como la ANC u Òmnium Cultural.

De hecho, el plan de Puigdemont es convertir su Consell per la República en una herramienta que tome el lugar de las organizaciones cívicas que han movido la calle hasta ahora. Este organismo áulico fue creado por el fugado, que lo vistió de patriotismo y creó una cúpula para dar entrada a pequeños grupos y plataformas soberanistas con el fin de darle una apariencia de transversalidad, aunque tanto ERC como la CUP subrayan que no es más que "otro chiringuito de Puigdemont". Pero la intención de Puigdemont es que controle la calle y que se le reconozca por una resolución parlamentaria "como Autoridad Nacional, apoderándolo para liderar el movimiento independentista en tanto que depositario del mandato del 1-O y representarlo internacionalmente".

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El líder de Junts reclama que, en la nueva etapa, todo el protagonismo recaiga en su Consell, que deberá controlar la calle en lugar de la ANC y de Òmnium, organizaciones más transversales y esquivas a someterse a un solo partido. Oficialmente, se trata de prepararse para una dura confrontación con el Estado español, porque para este "la vía de los votos y del diálogo, sin confrontación, no existe".

"La vía indolora, de buen grado, no existe. El Estado no la quiere. Seamos el 40% o seamos el 60 o el 70%. Al final, después de un embate institucional y popular gestionado con éxito, es posible que se abra una fase de negociación. Pero para llegar con éxito a una negociación necesitaremos poner en marcha y gestionar con inteligencia, persistencia y paciencia la fase de desbordamiento democrático". Así se recoge en un documento de 55 páginas elaborado por el propio Consell per la República bajo el lema 'Preparémonos'. El fin último es "revitalizar e intensificar la revuelta democrática iniciada el Primero de Octubre del 2017".

Liderar el movimiento

Este documento afirma contundentemente que el Consell "ha de liderar políticamente el movimiento independentista y asumir la preparación de estructuras para el nuevo Estado en un contexto seguro". Esta labor estará coordinada con la "resistencia institucional ante los ataques del Estado".

Luego, "las instituciones del país han de estar atentas a la movilización ciudadana impulsada por las entidades soberanistas y la labor del Consell per la República, a quien corresponde articular la fuerza del tejido social, cívico y económico del país, con unas estructuras políticas que, cuando haga falta, hagan la labor que no pueden llevar a cabo las instituciones estatutarias". Además, el Consell sería el encargado de sacar a la gente a la calle tras la activación de la "Declaración de Independencia". Se trataría de "movilizar al país para la defensa pacífica y democrática" de esa declaración y para "pedir el reconocimiento internacional". Justamente lo que hasta ahora habían hecho ANC y Òmnium.

El papel de 'guardianes' del 'procés' que se habían autoatribuido las entidades cívicas será traspasado, pues, al Consell, que preside el propio Puigdemont. ¿Por qué se han de someter las entidades cívicas a su estrategia? Porque "necesitamos vehicular la fuerza de la movilización de la sociedad en la fuerza de una acción política institucional leal. No se puede entender un proceso de independencia en el que el Gobierno que lo ha de liderar no mantenga una actitud partidaria de la confrontación".

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En su documento, el Consell explica que deberá activarse tras el 14-F "un plan para alcanzar las condiciones que permitan desplegar la Autoridad Institucional Republicana sobre el territorio", además de un proceso constituyente que culmine con la redacción de una Constitución, ratificada luego en referéndum. La Generalitat, por su parte, deberá mantener una actitud incluso "de confrontación con el Estado", de "no colaboración ante la represión del Estado y las iniciativas judiciales arbitrarias", desarrollar herramientas para avanzar hacia la República, romper "la dependencia de los poderes españoles que actúan a través de las compañías del Ibex 35" y desarrollar leyes que desborden las competencias del Estatuto.

La labor del Consell, por su parte, es "ser la Autoridad Nacional que se encargue de ejecutar y coordinar acciones que tengan como objetivo crear el clima propicio y la preparación de la próxima etapa de movilización política, social e institucional para hacer efectivo el mandato del referéndum del 1-O". Además, reseña el documento, ha de ser quien "proponga y lidere la estrategia y el mensaje político del independentismo, la coordinación de la defensa de los derechos del pueblo catalán y, especialmente, las acciones de denuncia internacional".

Así será la confrontación

En el capítulo de la confrontación, el Consell asegura que la "revuelta democrática para materializar la República Catalana" consistirá "en una sucesión y extensión de acciones institucionales, políticas y de los movimientos sociales que, en una gradación de estrategias encadenadas, ha de llevar al Estado a una situación de desbordamiento democrático". El punto álgido sería un pronunciamiento del Parlament que sería apoyado por las instituciones públicas y la sociedad civil movilizada. El objetivo es "disponer de los recursos materiales y organizativos suficientes como para aguantar una movilización sostenida, generalizada, desafiando al autoritarismo del Estado y protegiendo las instituciones, constituidas en instituciones provisionales de la República". En ese momento, "el Consell actúa como autoridad nacional, liderando el proceso de independencia y representando a nivel internacional los intereses de la República Catalana". En ese punto, el independentismo ha de haber cultivado apoyos internacionales y debe estar en condiciones de "controlar el relato".

Las líneas maestras de la confrontación serán tres: la movilización, preparación y coordinación permanente; la resistencia y desobediencia a las decisiones del Estado; y la no colaboración con el funcionamiento administrativo y económico, "para generarle un desgaste [a España], a la larga, inasumible". Y añade el documento que "en el momento del Desbordamiento Democrático (sic), será preciso garantizar una movilización sostenida en muchos puntos del país, que multiplique la experiencia del primer desbordamiento que representó el referéndum del 1 de octubre".

En el documento, se da cobertura a la táctica política de Puigdemont, explicando que ante la previsible represión del Estado "es necesaria una dirección política fuera del alcance de los abusos del Estado español, que cuente con legitimidad dentro del movimiento y, por tanto, sea capaz de liderar políticamente la movilización en el interior". O sea, "capaz de consensuar una autoridad con la legitimidad compartida por las diversas sensibilidades del movimiento". Aunque esa transversalidad sea muy minoritaria, al faltar colectivos tan importantes como ERC, CUP, PDeCAT o PNC, por poner algunos ejemplos.

El asalto a instituciones

Esta estrategia se complementa con el asalto a instituciones de todo tipo. Si el año pasado cayeron bajo el control del independentismo instituciones como la Cámara de Comercio de Barcelona o el rectorado de la Universidad de Barcelona, este mes se prepara el 'asalto' a la patronal Pimec, para cumplir el viejo sueño soberanista de controlar a uno de los agentes sociales y llevar la 'confrontación democrática' al terreno laboral y empresarial. El encargado se pilotar esa operación será el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Pere Barrios, que el 23 de febrero aspira a sustituir al veterano Josep González al frente de la segunda patronal catalana.

Su punto de mira está puesto también en conseguir ganar la presidencia del FC Barcelona, que serviría como altavoz a las reivindicaciones soberanistas. Curiosamente, en los comicios del Barça se presentan dos candidaturas proclives a los soberanistas: la encabezada por el expresidente Joan Laporta y la encabezada por Víctor Font, que ya viajó a Bruselas para recibir el visto bueno de Puigdemont, que, por si acaso, también recibió a Joan Laporta, el otro de los candidatos a liderar el club azulgrana.

Pero no pierden de vista las elecciones en cinco de los más potentes colegios profesionales en los próximos meses: se trata de los mediáticos colegios de Abogados, de Médicos, de Psicólogos, de Arquitectos, de Economistas y de Informática. Los colegios, como instituciones sectoriales, son herramientas extraordinariamente importantes para el independentismo, que promueve desposeerlas de la neutralidad exigible para llevarlas al fango de la lucha partidista.

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P. B. Unidad de Datos

Esta semana, el soberanismo consiguió otro hito: hacerse con la junta del Ateneu barcelonés, una de las entidades cívicas más prestigiosas de la capital catalana, que cuenta con la biblioteca civil privada más importante de Cataluña, con 250.000 documentos, 20 incunables, 50 títulos manuscritos y 3.000 libros antiguos. La única candidatura que se presentó a esas elecciones fue la encabezada por Isona Passola, que es también presidenta de la Academia de Cine Catalán y que es una activista independentista de primera línea (entre otras cosas, ha llegado a decir que "España representa la miseria moral, social, política y cultural").

Su principal producción, la película 'Pa negre', obtuvo 9 premios Goya en 2011. Costó casi 4 millones de euros, de los que 3 millones fueron aportados por las administraciones públicas; y de ellos, casi 2 millones de la Administración central. En ocasiones, Passola ha sido acusada de supremacismo, esencialmente cuando, en una ocasión, dijo que "hay una correspondencia entre lo que se vota y el nivel cultural de los votantes". Uno de sus documentales, 'L’endemà' ('Al día siguiente') narra que la relación de España con Cataluña es como la relación tóxica de un maltratador con su pareja.

Passola está flanqueada en el Ateneu por Genís Roca, el 'gurú' que Quim Torra puso al frente de un comité asesor de 400 expertos para 'repensar' la Cataluña del futuro. También forma parte de su junta, como secretario, Ricard Faura, alto cargo de la Generalitat e íntimo amigo del abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, y de Víctor Font, uno de los candidatos a presidir el Barça.