Última factura de Calatrava: 550.000 euros en honorarios y 13 millones en un solar

Ni siquiera los chatarreros y los ladronzuelos de metales lo tienen fácil. Pesan tanto y son tan grandes que difícilmente pueden ser motivo de hurto en una incursión nocturna con una furgoneta blanca y matrícula de dos letras. Un centenar de lamas de acero blanco de casi dos metros de alto por más de 20 de largo seguirán durmiendo el sueño de los justos en un solar invadido por la maleza al lado del Centro de Investigación Príncipe Felipe, a unos 500 metros del Oceanogràfic y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa). Llevan ahí desde 2011, cuando un conflicto entre la UTE contratista encargada de la construcción del edificio Ágora y la dirección técnica de la obra en manos de Santiago Calatrava bloqueó el remate del edificio. La razón: una desviación milimétrica de las piezas y el mecanismo que debían formar parte de la cubierta móvil y en aspas.

La Generalitat y el arquitecto han pactado modificar el proyecto original para poder dar por terminada la obra iniciada hace más de 10 años por encargo de Francisco Camps y cuyo coste final, incluyendo la urbanización del entorno, ha alcanzado los 90 millones de euros. Nada más acceder al Consell en 2015, Ximo Puig ordenó cerrar el edificio, afectado por filtraciones de agua y con algunos desperfectos. La concesionaria del Oceanogràfic, Avanqua, tenía el derecho de explotación, al que renunciará para que la Fundación La Caixa pueda instalar dentro el CaixaForum que la entidad que preside Isidre Fainé quiere instalar en Valencia.

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Para que esto ocurra, Calatrava, cansado de las críticas que recibe por los excesos económicos de sus iconos, ha renunciado a su proyecto original de cerrar el Ágora con las costosas lamas móviles. La sociedad pública Cacsa estimaba que ejecutarlo definitivamente suponía gastarse 20 millones de euros que no tiene. El acuerdo ha consistido en renunciar a las piezas de acero y optar por un remate más sencillo, en lo que será una actuación valorada en 4,6 millones de euros, según las cifras que ha ofrecido la Administración valenciana.

Por dirigir ese encargo final, el estudio suizo de Calatrava recibirá algo más de 550.000 euros en honorarios. Será probablemente su última factura, pues a día de hoy, la sociedad pública está al corriente en el pago de cantidades pendientes. Los honorarios están fijados en el contrato suscrito en septiembre de 2005 por el entonces director general de Cacsa, Jorge Vela, y el propio Calatrava. En el mismo se estipulaba que la sociedad suiza del arquitecto (Santiago Calatrava SA) percibiría el 7,5% del coste de la obra por la redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución, y otro 4,5% en concepto de dirección facultativa, unas cantidades que se actualizarían de forma automática si se producían modificaciones sobre el coste inicial. En total, según el contrato, tocará aplicar un 12% al importe de la actuación que ahora acometerá la UTE contratista, compuesta por Lubasa, Cyes y Rover Alcisa.

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En ese contrato (vea aquí el documento), tramitado por procedimiento negociado sin publicidad, se fijaba en 52,8 millones la inversión inicial en el Ágora. Sin embargo, esa cifra se disparó y, por tanto, también los honorarios de Calatrava. Según refleja la Sindicatura de Cuentas, los 4,9 millones que en principio iba a cobrar el estudio arquitectónico se elevaron finalmente hasta 9,2 millones. Ahora habrá que sumar la última certificación del remate del proyecto.

La renuncia a las piezas de acero no ha salido gratis. El propio tribunal de cuentas valenciano señala en su último informe sobre Cacsa que, como consecuencia de la decisión adoptada de no instalar las lamas y mecanismos de accionamiento que conforman la cubierta móvil prevista en el proyecto originario del Ágora, la sociedad tuvo que contabilizar a 31 de diciembre de 2015 un deterioro del valor contable de dichos elementos por un importe de 12.957.413 euros. Y ese dinero, al más puro estilo 'Blade Runner', se perderá como lágrimas en la lluvia.

El problema para la Generalitat es que hasta deshacerse del cadáver tiene un coste. Según algunas estimaciones elaboradas por el Gobierno valenciano, mover las piezas de acero para que alguna acería pueda reciclarlas implicaría gastarse unos dos millones de euros. Así que, de momento, seguirán aparcadas en el solar pegado a la parcela sobre la que se asienta el Centro de Investigación Príncipe Felipe, el mismo que en 2011 tuvo que despedir a gran parte de su plantilla de investigadores y renunciar a una parte importante de sus proyectos en biomedicina por falta de presupuesto. El lugar, eso sí, es ideal para todo aquel que quiera hacer una tesis sobre elefantes blancos.