Cuatro años de cárcel para la 'dama de los concursos' por estafar a Broseta con Martinsa

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a la abogada Antonia Magdaleno a cuatro años de cárcel por la comisión de un delito al haber ocultado ingresos millonarios obtenidos por los concursos de acreedores de Martinsa-Fadesa y Urazca a Broseta Abogados, el despacho para el que trabajaba. La sentencia obliga también a la letrada, y a su sociedad limitada como responsable subsidiaria, a abonar a Broseta 4,67 millones de euros más intereses. La resolución, adoptada por unanimidad por un tribunal presidido por María Begoña Solaz, que ha ejercido de ponente, se ha dado a conocer este jueves a las partes y es recurrible en casación al Tribunal Supremo. Los jueces no han atendido la petición de la acusación particular de Broseta, que pedía también una condena por apropiación indebida.

Antonia Magdaleno es una de las mayores especialistas en derecho concursal y por su manos han pasado algunas de las quiebras más importantes de España, como las del Grupo Marsans o Reyal Urbis. En abril de 2011 se independizó de Broseta y montó su propio bufete. Tres años antes, había sido designada administradora concursal de Martinsa-Fadesa, en julio de 2008, y como auxiliar de administración de la quiebra de Urazca, el 15 de mayo del mismo año.

Antonia Magdaleno recurrirá ante el Supremo en casación el fallo de la Audiencia Provincial. Tiene cinco días de plazo para hacerlo

Según considera probado el fallo, en el año 2009, dado su buen hacer profesional y la confianza que generaba en los socios fundadores, pasó a ostentar la condición de socia de Broseta, con una participación del 5% de la sociedad, al igual que Luis Trigo Sierra, quien fue socio director del despacho y participó en la negociación del concurso. Siempre según el relato del tribunal, al invocar Magdaleno motivos de conveniencia fiscal, el bufete le permitió que concurriera a dichos concursos a través de una sociedad creada al efecto por ella, la mercantil Antonia Magdaleno Carmona. Una vez obtenido su nombramiento y cobrado por ello los honorarios que le correspondían por el trabajo realizado en el concurso, en virtud de los acuerdos sociales, debía ingresar el importe íntegro del dinero cobrado en el despacho, para lo cual la acusada daba las órdenes oportunas al departamento de administración de la sociedad para que le facturaran a su sociedad el importe que a su vez ella había cobrado de las concursadas.

Este procedimiento, excepcional y consentido por el despacho, que se hacía cargo de los gastos, fue el que se siguió durante un determinado tiempo, hasta que la acusada, como socia del despacho y "valiéndose del prestigio que el mismo tenía", obtuvo su nombramiento en los concursos deMartinsa y Urazca. "Es a partir de estos nombramientos, y dado que se generaban unos pingües honorarios, cuando la acusada, que ya mostraba su discrepancia con la forma de convenir el variable de sus retribuciones, sin causa que lo justificara, comenzó a dar órdenes al despacho para que le facturaran unas cantidades inferiores a las que ella había percibido, ocultando por tanto el importe realmente cobrado de las mercantiles concursadas, incumpliendo así lo que establecían los estatutos sociales, en cuanto a la exclusividad de su prestación de servicios, y al sistema retributivo acordado", dice la sentencia de la Audiencia a la que ha accedido El Confidencial.

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"Los socios del despacho, basándose en la confianza que tenían en la actuación de la acusada como socia, daban por hecho, como había ocurrido hasta entonces, que los importes que había cobrado la acusada eran sustancialmente coincidentes con los que a su vez ella ordenaba que le fueran facturados a su sociedad. En ese estado de cosas, simulando que todo seguía como hasta entonces, Antonia [Magdaleno] procedió a indicar al despacho que le fueran facturadas a su mercantil Antonia Magdaleno Carmona SL cantidades que eran inferiores a las realmente cobradas por ella en los citados concursos, de manera que la acusada se apoderaba en su propio beneficio de la diferencia entre dichas cantidades, descubriéndose su ilícito proceder a raíz de la carta de cese que la acusada presentó a la sociedad con fecha 9-3-2011", continúa el tribunal.

En su relato, los jueces señalan que la abogada llegó a cobrar 7,8 millones de Martinsa, pero solamente entregó 3,3 millones a Broseta. En el caso de Urazca, la factura girada al bufete para el que trabajaba ascendió a 589.778 euros, aunque los honorarios reales fueron de 1,45 millones. La cantidad defraudada suma 4,67 millones de euros. Ni el despacho Broseta ni Antonia Magdaleno han querido comentar la sentencia, que ha conmocionado al mundillo judicial. El sector conocía la pugna judicial que mantenían ambos, pero nadie esperaba un fallo de estas características. Magdaleno tiene previsto recurrir la decisión, para lo que cuenta con un plazo de cinco días desde su notificación.