Investigan al director de Sepes por vender una parcela a una financiadora del PSPV

El Juzgado de Instrucción 1 de Elx (Elche) ha citado como investigados al actual director general de la empresa estatal Sepes, el socialista Alejandro Soler, y al director del Alto Comisionado para la Agenda 2030, Federico Buyolo, en el marco de una causa abierta por posibles delitos del malversación de caudales públicos y prevaricación tras una denuncia del Partido Popular. La instructora investiga el proceso de venta de un solar que era propiedad del Ayuntamiento de Elx cuando Soler era alcalde a la empresa Hospimar, una de las sociedades implicadas en la trama de financiación irregular de campañas locales del PSPV y el Bloc Nacionalista Valencià (socio de Compromís).

Según la querella, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el consistorio traspasó suelo propiedad del consistorio a la empresa municipal Pimesa para sortear los procedimientos administrativos y las obligaciones de tasación y concurrencia para enajenarlo en favor de Hospimar. El solar sirvió para la construcción de un hospital privado bajo la marca del grupo sanitario IMED. Se da la circunstancia de que Hospimar y el grupo de hospitales IMED estaba en los años en que se cerró la operación bajo la órbita de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Baldó, procesados también por la Audiencia Nacional por las operaciones millonarias de Bancaja en México, el llamado caso Grand Coral. Actualmente, no forman parte del consejo de administración y su participación es minoritaria, según fuentes cercanas a IMED.

La denuncia fue presentada el pasado 24 de septiembre por la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, actual número dos de la presidenta regional de los conversadores, Isabel Bonig. Según se narra, los querellados (Soler, Buyolo y otros cinco concejales socialistas) urdieron en 2008 una estrategia mediante la que, "en claro fraude de ley", consiguieron que se enajenase a un tercero, la mercantil Hospielche (filial de Hospimar), un bien de titularidad municipal sin que se aplicasen los controles administrativos impuestos por la legislación aplicable. "Si se hubiese vendido la parcela desde el ayuntamiento a un tercero, el Ayuntamiento de Elche debería haber seguido el correspondiente procedimiento administrativo conforme a la regulación aplicable, que habría exigido la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia que rigen en el ámbito administrativo. Además, dado que nos hallamos ante Patrimonio Público de Suelo, se debería haber cumplido con la legislación urbanística valenciana".

Hospimar 2000 es una de las empresas que aparece en la documentación interna de la agencia de publicidad y comunicación Crespo Gomar, que participó en campañas electorales del PSPV y el Bloc en 2007 y 2008. El nomrbre del grupo sanitario aparece vinculado al pago de facturas que presuntamente se correspondían con actos del que fue candidato socialista a la alcaldía de Benidorm, Agustín Navarro, según un informe policial que la UDEF remitió a un juzgado de Valencia tras una querella también del PP.

Este juzgado descartó abrir una causa general contra las dos formaciones por presunto delito electoral por considerar que o no existía o estaba prescrito, pero remitió la causa a varios juzgados por si se hubieran producido irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Magistrados de Benidorm, Gandia y Madrid abrieron diferentes causas, aunque la que salpicó a la exdirectora general de Consumo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Etelvina Andreu, por los contratos con Crespo Gomar fue archivada. Siguen abiertas la que afecta al que fue equipo de la exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y las de Gandia y Benidorm.